Ciencia Y Técnica. Conicet: las bases de una creciente precariedad

Esta semana, el directorio de Conicet se apresta a aprobar un nuevo ajuste en los ingresos a la carrera de investigador científico. Desde el eterno ninguneo a los becarios hasta institutos que no pueden pagar la boleta de luz, el gradualismo ajustador de los funcionarios del gobierno se traduce en la mezcla de cambios y continuidades en la estructura del sistema científico, acompañado de matices New Age para justificar el emprendedorismo individualista.

Los números de los ingresos anuales de 2016 y 2017 y el anuncio de los planes para 2018 perfilan la disminución del “costo laboral” a través de una creciente precarización. O mejor dicho, a través del abuso y la profundización de la precarización ya existente. Por otra parte, el crecimiento de los ingresos a través de temas “estratégicos”, señala la continuidad de los lineamientos presentes en el plan Argentina Innovadora 2020, vigente desde el año 2011. Al fin de cuentas, como reconoce el propio secretario de articulación científico-tecnológica, “el crecimiento de la cantidad de investigadores no es central del plan”.

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El salario de los trabajadores científicos es negociado junto a la paritaria de todo el sector estatal. El acuerdo de 2017 que firmó la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) contenía un aumento salarial del 20 % que se abonó en tres tramos. Considerando la inflación del año pasado, que el propio gobierno estima en 24,8 %, este acuerdo significó un verdadero recorte salarial para todos los trabajadores estatales. La cláusula gatillo incluida en la negociación, que según Andrés Rodríguez (titular de UPCN) “se activa automáticamente”, tampoco representa un incremento significativo.

Más allá del magro incremento salarial, el acuerdo contenía también la percepción de un “premio estímulo a la asistencia”. Este “plus” salarial sólo consideraba como licencias justificadas las vacaciones anuales y la asistencia a exámenes, por lo que dejaba sin percibir este "beneficio" a quienes, por ejemplo, tomaran licencia por maternidad, enfermedad o se ausentaran del lugar de trabajo por motivos propios de la tarea de investigación, como viajes de campo o asistencia a congresos.

El presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse nunca habría sospechado las consecuencias que tendría la Ley 20464, dictada por él “en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina”. Pero, aunque suene increíble, esta ley fue utilizada por el gobierno macrista, 45 años después, para un objetivo tan trivial como negar este plus salarial a casi 15000 trabajadores del sector científico.

En diciembre pasado, una comisión con representantes de los ministerios de Modernización, de Hacienda y de la Jefatura de Gabinete decidió que los miembros de las carreras de investigador científico y de personal de apoyo, no podía resultar beneficiario de este “premio” en atención a “la modalidad de su prestación y la especificidad de sus objetivos”, es decir a lo establecido por el estatuto de Lanusse.

Si la discusión por un beneficio salarial (que es en realidad una medida antiobrera, y representa un incremento “en negro”) parece mezquina, es porque realmente es mezquina. El 50 % de los trabajadores de Conicet, becarios doctorales y posdoctorales, ni siquiera estaban contemplados en el convenio. Bajo la óptica de los sucesivos gobiernos, no corresponde otorgarles derechos laborales mínimos, como aportes patronales para una jubilación digna.

La falsa dicotomía de si un becario de Conicet es un trabajador o un estudiante tiene una solución simple: son ambas cosas, como también lo es un investigador. Pero es en ambos roles en los cuales los becarios sufren la consecuencia de su precarización. Como estudiantes de posgrados que, a pesar de estar alojados en universidades públicas, son generalmente pagos y no poseen órganos de cogobierno. Como trabajadores de dedicación exclusiva (sólo pueden dedicar unas pocas horas semanales extra a la docencia), sometidos muchas veces a condiciones abusivas, bajo la excusa de una supuesta meritocracia que permitiría escalar en el sistema.

Las luchas de 2016 y 2017 han dejado alguna enseñanza para este colectivo en particular: la meritocracia muestra sus patas cortas cuando a un becario se le niega la continuidad laboral a pesar de haber sido calificado en forma positiva desde el punto de vista académico. O cuando esta continuidad queda supeditada a las siempre cambiantes condiciones que se imponen para el ingreso. Si el trabajo científico es muchas veces solitario, la lucha colectiva indica un camino para superar esta soledad.

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Un documento interno, que contiene los resultados de la reunión mantenida por Alejandro Ceccatto, director de Conicet, y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, informa sobre la nueva propuesta para la convocatoria 2018 al ingreso a la carrera de investigador científico. Se realizarían dos convocatorias separadas: en una de ellas se cubrirían 300 vacantes, 150 de ellas en temas abiertos y 150 destinadas a temas estratégicos. En la segunda convocatoria, se asignarían otras 150 vacantes a aquellas universidades y organismos que “requieran apoyo para fortalecer su estructura CyT”. Se elimina además el cupo asignado a áreas geográficas prioritarias.

Dos aspectos merecen destacarse de esta nueva modalidad. En primer lugar, Clarín podrá volver a titular “El Conicet decidió darles prioridad a los investigadores ’más útiles’ para el país”. Es decir, el redireccionamiento del trabajo de investigadores y becarios hacia temas prioritarios. Considerando solamente los ingresos de investigadores, este incremento no sólo es porcentual sino numérico: si en 2015 los 85 ingresos por temas estratégicos representaban poco más del 10 % del total, los 300 ingresos de 2017 representan el 50 %, de la misma forma que los 150 ingresos previstos en la convocatoria “normal” de 2018.

El ministro Lino Barañao afirmaba a poco de asumir en 2008 frente al estadounidense Thomas Shannon, (subecretario de estado de EE.UU. para el Hemisferio Occidental) que esperaba “alentar el emprendedorismo ... atraer más inversiones de las compañías multinacionales, específicamente de los campos de la investigación biomédica, biotecnología y nanotecnología”. El núcleo duro del Plan Argentina Innovadora 2020, orientar la producción científica pública a las necesidades económicas empresariales del sector privado, permanece.

Si la caracterización del número y orientación de los ingresantes a la carrera de investigador es el primer punto, el segundo son los cambios en las condiciones laborales. Convertirse en docentes universitarios precarizados fue el destino de quienes en 2016 vieron negado su acceso a la carrera de investigador a pesar de haber sido evaluados positivamente. Muchos de ellos aún no han cobrado por sus actividades, según denuncia la Red Federal de Afectados. Por eso, las condiciones de la segunda convocatoria de 2018, destinada a las universidades, tiene más aspecto de amenaza que de oportunidad.

La evolución de las becas doctorales es otro motivo para pensar. Si en 2015 se otorgaron 1977 becas doctorales y 1187 posdoctorales, los números son sólo ligeramente menores en 2017: 1820 y 1130, respectivamente. Es decir, de no mediar un cambio drástico en la política de otorgamiento de becas de Conicet, se mantendrá aproximadamente el mismo número de egresos de doctores y de culminación de posdoctorados que en años anteriores. Pero las posibilidades de acceder a la estabilidad laboral de la carrera de investigador son cada vez menores. El agujero del embudo es cada vez más chico.

No hay que ser especialista en relaciones laborales para entender las consecuencias. Ante la posibilidad de quedarse sin trabajo, cualquier trabajador del sistema científico que no pueda o desee emigrar deberá aceptar las nuevas reglas de juego de la precariedad laboral. Es una apuesta del gobierno el que dócilmente acepte el deterioro creciente de su salario y la reducción de los subsidios a la investigación. Aceptará, incluso, reorientar sus investigaciones en beneficio del mercado, si eso facilita la supervivencia de su grupo de trabajo o si eso hace más fácil su ingreso. La “becarización” de la fuerza de trabajo científica, significa para el estado una excelente ocasión de reducir sus costos mediante el trabajo en negro, como siempre lo ha sido.

No es entonces la destrucción completa de la ciencia nacional el horizonte, sino la profundización de una matriz mercantilista y de la precarización laboral. Como afirmó Barañao “existe una continuidad entre las políticas del gobierno anterior y el actual: este gobierno ha mantenido los lineamientos centrales”.

Ante planes que mercantilizan la ciencia, ante el anuncio de un futuro plan Argentina Innovadora 2030, se impone discutir la democratización radical del régimen de gobierno de los organismos de ciencia y técnica. Los trabajadores del sistema científico tenemos la capacidad de redirigir nuestros esfuerzos hacia los intereses de la sociedad, y de plantear una política científica alternativa al modelo actual.

Para conquistar los derechos laborales largamente negados a gran parte de los trabajadores de Conicet debemos comprender que la lucha contra el ajuste en ciencia y tecnología está inexorablemente unida a la coordinación de las luchas contra los despidos y la precarización laboral, que nos une con los trabajadores de otros organismos de ciencia y técnica, de la educación y la salud.

Este puede ser el camino para discutir la orientación del sistema científico desde una perspectiva anticapitalista, donde tengan lugar trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, comunidades afectadas por la megaminería, el extractivismo y los agrotóxicos, las y los disidentes sexuales y todos los invisibilizados por el discurso dominante.