Panorama político. Conmemoración del 18-O: En medio de crisis política, el gobierno polariza y culpa a la oposición ¿Qué expresa el temor de Piñera a “la calle”?

Este martes el gobierno subió el tono contra las masivas movilizaciones que se dieron a 2 años del inicio de la rebelión popular. Fue el Subsecretario del Interior Juan Francisco Galli quién responsabilizó a los presidenciables de la centroizquierda Yasna Provoste (DC) y Gabriel Boric (FA-PC) de la “violencia”. Los medios de comunicación tradicionales han realizado un enorme despliegue para mostrar los saqueos y ligarlos a las movilizaciones, sin embargo un video circuló este martes para denunciar el saludo entre la policía y un grupo de saqueadores.

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La operación política del gobierno tiene un doble objetivo. Por un lado busca levantar y posicionar a sus candidatos, en particular Sebastián Sichel, el delfín de Piñera que viene alicaído en las encuestas (pasó del segundo al cuarto puesto) y también a JA Kast, el candidato de extrema derecha. Por otra parte, busca desviar el foco de la discusión política de la acusación constitucional que enfrenta Piñera luego que saltara el escándalo de la compraventa de minera Dominga por los Pandora Papers. De hecho este martes se dió a conocer un nuevo caso similar que involucra a Piñera por la venta de la minera Imán.

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Reviviendo el 15N: El temor del régimen al protagonismo de las calles

Pero, más allá de los intentos de Piñera que buscan intereses propios en un momento de extrema debilidad, fue también la oposición la que se sumó a la “condena de la violencia” y la reivindicación del proceso (desvío) constituyente de la CC. Se trata de un objetivo compartido y que refleja los alcances de largo plazo del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que terminó en la instalación de la Convención Constitucional. Buscan que no sean las movilizaciones las que entren en la situación política. Por eso el centro es la “violencia” y no las masivas movilizaciones que reflejan que las demandas que movilizaron la rebelión no han sido resueltas.

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No es casualidad, pese a que el contenido mayoritario de las movilización estaba centrado en la conmemoración de la rebelión, es un antecedente peligroso para el régimen que vuelvan movilizaciones de varias decenas de miles a las calles. Sobre todo luego de las primeras movilizaciones importantes de sectores de la clase trabajadora como en el paro de las y los profesores contra el veto de Piñera a la titularidad docente.

O los procesos de organización y lucha como en el Hospital Sótero del Río, contra los despidos en salud donde el gobierno planea desvincular a miles de trabajadores contratados en la pandemia. En la salud también han ocurrido huelgas triunfantes como en la contratista Siglo XXI concesionaria del Hospital Regional de Antofagasta, donde las trabajadoras del aseo le arrancaron una serie de demandas a la empresa multinacional española Sacyr que es controladora de Siglo XXI.

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La pasividad de las direcciones sindicales le da un respiro a Piñera: A unir las demandas

Dentro de este marco de crisis política, la pasividad permanente de las direcciones sindicales de las grandes organizaciones de la clase trabajadora solo le entregan respiros a Piñera. Ya sea con Bárbara Figueroa del PC o ahora con Silvia Silva del PS, la actitud de la CUT ha sido la del silencio y no llamar a unificar demandas o preparar acciones contundentes contra los ataques del gobierno a la clase trabajadora.

Desde el inicio de la pandemia cuando le dejaron pasar la mal llamada Ley de protección al empleo que le entregó más facultades a los empresarios para facilitar los despidos o suspensiones, pasando por el miserable IFE de 65 mil pesos, las direcciones sindicales han brillado por su ausencia. Ahora dejan pasar los despidos en salud o el veto a la ley de titularidad docente. Y para la única “acción” que realizaron durante la pandemia, la llamada “Huelga Sanitario” del 30 de abril, ni siquiera realizaron una marcha.

Al contrario de lo que hacen las direcciones actuales del movimiento obrero, hay que unir las demandas desde la base con asambleas comunes y discusión de un pliego unificado de demandas para unir las peleas dispersas que hay en curso para enfrentar los ataques del gobierno de Piñera y por todas nuestras demandas: no a los despidos en salud, por un salario y pensión mínima de 600 mil pesos acorde a la canasta básica familiar, por el fin del trabajo precario, por la reducción de la jornada laboral sin rebaja de sueldo y repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, por el fin a la militarización del Wallmapu y la devolución de las tierras al pueblo mapuche, por el derecho a la auto-determinación de los pueblos originarios, por salud, educación y vivienda, sin más subsidio a los empresarios privados que se hacen ricos a costa del presupuesto público, por las demandas de las mujeres como el derecho al aborto legal, libre seguro y gratuito y de la comunidad LGBTIQ+, y para terminar con el saqueo de los grandes recursos en manos de transnacionales.