Los pobladores del bosque de Xochicuautla, Estado de México, se mantienen en lucha frente a los intentos del gobierno federal por despojarlos de su territorio a fin de abrir paso al proyecto etnocida y ecocida que supone la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan.
Jueves 23 de julio de 2015
El pasado 9 de junio se firmó la entrega de casi 38 hectáreas del territorio de uso común del bosque de Xochicuautla –declarado área natural protegida en enero de 1980– al proyecto de construcción de la carretera Toluca-Naucalpan. Asimismo, se están planeando otros proyectos para la misma zona, como la construcción de un campo de golf, de un complejo de vivienda residencial y hasta la construcción de una universidad.
La lucha, que lleva más de siete años, se ha visto llena de ataques y de prácticas anticonstitucionales por parte del gobierno que envía las fuerzas armadas locales y federales a reprimir, es decir, que se están asociados los gobiernos del perredista Miguel Ángel Mancera, por parte del D.F., y el del priísta Enrique Peña Nieto a nivel federal.
Octavio Rosas Landa, consejero representante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, menciona que aún es posible abolir el decreto por el cual se entregan casi 40 hectáreas de territorio mexica-otomí a la empresa Autovan, del Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa.
La participación del gobierno en la destrucción del bosque mexica-otomí
No podemos dejar de lado la hipocresía con la que el gobierno federal actúa frente a la necesidad del cuidado medioambiental, pues el pasado 10 de julio, Peña Nieto participó en la campaña nacional de reforestación que se celebra cada año.
Hay que tomar en cuenta que plantar árboles no resuelve el problema de la deforestación, pues los árboles recién plantados necesitan un debido cuidado para lograr su sano crecimiento; así como también se debe asegurar que no se talen más árboles de los necesarios para mantener el equilibrio ecológico, ya que los árboles tardan en crecer y conformar el hábitat propicio para la vida.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con Jesús Murillo Karam a la cabeza –quien también estaba encargado del caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa–emitió una “opinión favorable” en septiembre de 2014 para la expropiación de las tierras comunales de San Francisco Xochicuautla. Gracias a la misma, el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), organismo público descentralizado, solicitó la expropiación de las tierras al presidente Enrique Peña Nieto.
El bosque de Xochicuautla es fuente de vida y sustento, no sólo de las personas y de las especies que viven en él, sino que por largo tiempo ha abastecido de agua al sistema Cutzamala que alimenta al D.F. y al Estado de México.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) ha declarado más ecocidios a través de la construcción del acueducto Tecolutla-Necaxa que, a falta fuentes de irrigación para el D.F. y Estado de México, pretende reconducir agua del río Tecolutla en Veracruz y de la Sierra Norte de Puebla hacia la zona metropolitana.
El proceso seguido por el gobierno para la venta del bosque ha significado la destrucción de cultivos de los pobladores de Xochicuautla, no ha incluido la consulta previa e informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aun cuando el gobierno afirma que sí; además de que sólo beneficiará a ciertos sectores de la población.
La autopista de cobro será costeada por la empresa privada Autovan, filial del Grupo Higa, mismo que estuvo involucrado en varios escándalos, como la construcción del tren México-Querétaro, la mansión del secretario de hacienda, Luis Videgaray, y la construcción de la “casa blanca” de la primera dama, Angélica Rivera.
Éste es uno de los tantos acontecimientos ligados al ofrecimiento del país a las empresas trasnacionales que se enriquecen a costa de la mano de obra barata y de los recursos de países más pobres. Es el caso del reciente ataque en Ostula, Michoacán; del fracking militarizado en Veracruz, del aeropuerto en Atenco, del gasoducto en Morelos, de las mineras en Oaxaca y de otros tantos sitios donde el gobierno opera la misma dinámica de saqueo, destrucción, amedrentamiento, encarcelamiento y hasta asesinato de los habitantes de las regiones donde se pretende imponer la instalación de megaproyectos.
Lo mismo pasa con el saqueo del petróleo, el gas y el resto de hidrocarburos que el gobierno mexicano regatea a las grandes empresas trasnacionales por medio de la reforma energética.
Ante la lucha que mantienen los pobladores de Xochicuautla en el Estado de México es necesario que se extienda la solidaridad con esta resistencia ante la ofensiva saqueadora del gobierno y las empresas.
Así como lo hicieron los padres de Ayotzinapa, sería muy importante que los maestros que luchan contra la reforma educativa repudien la represión y la destrucción de la fueron víctimas los pobladores de Xochicuautla, y apoyen activamente su lucha.
Éste es el camino para tejer una fuerte unidad en contra de las reformas estructurales, los megaproyectos, el saqueo y la expoliación que pretenden imponer las trasnacionales, el imperialismo y el gobierno servil de Peña Nieto junto con los gobiernos estatales.
Con información de El País, El Universal y El Popular.
