Esta semana, en todo el país, el Colegio de Profesores A.G. llevó a cabo una consulta a los docentes respecto de la Ley de Nueva Educación Pública (desmunicipalización) propuesta por la presidenta Bachelet. El proceso llevado a cabo por el Magisterio tenía como propósito conocer el nivel de aprobación o rechazo que tiene el mencionado proyecto de ley, así como también, en caso de rechazo, la percepción de las bases con respecto a qué tipo de lucha dar como gremio: dar la pelea por el retiro de la ley o luchar por las indicaciones a la misma ley que impulsa el gobierno de la Nueva Mayoría.
Patricia Romo Profesora del Liceo Domingo Herrera B-13. Integrante de la Agrupación Nuestra Clase Antofagasta.
Lunes 19 de junio de 2017
Hace ya varias décadas que los profesores de la educación pública demandan desmunicipalización: que todos las escuelas vuelvan al estado, que el estado sea el garante de la educación de nuestros niños y niñas. Esto, a la luz de los hechos: cada municipio en Chile ha fracasado horrorosamente en administrar la educación pública y cada uno de ellos arrastra “hoyos” financieros de miles de millones de pesos. No sólo adeudan groseros montos a empresas o servicios externos, sino también con deudas salariales hacia sus funcionarios, docentes, malversación de fondos y una mala utilización de la subvención escolar y SEP. La educación municipalizada fue uno de los pilares de la dictadura de Augusto Pinochet. Fue en este proceso de “traspaso” desde el estado a los municipios el año 1981 que se generó la conocida “deuda histórica” para miles de profesores.
Tras años de lucha, los docentes siguen esperando que la educación pública retorne verdaderamente al estado. Sin embargo, los resultados de la consulta nacional del pasado miércoles 14 de junio –en la que participaron profesores colegiados y no colegiados- son categóricos: el último resultado parcial del magisterio (con el 53% de los votos escrutados) arrojaba que el 77% de los profesores consultados rechaza el actual proyecto de ley del gobierno. Esto tiene que ver con las debilidades estructurales que se expresan en que no hay un verdadero “retorno” al estado como viene demandando el gremio en las últimas décadas. De hecho, lo que la ley crea es un nuevo organismo que ejercerá como “sostenedor” - los llamados “servicios locales”- que agruparán en promedio 4 comunas, dentro de los cuales siguen teniendo fuerte injerencia los alcaldes de las comunas. Estos “servicios locales” tendrán en sus manos las cargas horarias y la estabilidad laboral de los funcionarios. Esto, sumado a temas de financiamiento, curriculum escolar y garantías poco claras del traspaso laboral, generan fuertes cuestionamientos entre los docentes.
Nos encontramos en un contexto de grandes deudas salariales a los docentes por parte de las municipalidades. Son decenas las comunas en las que los profesores siguen ganando demandas judiciales por adeudamiento de “Bono SAE” o “Bono Proporcional”; sin embargo, los municipios siguen apelando y declaran no poder pagar estas deudas a pesar de tener fallos en su contra. Todo esto, en complicidad con el gobierno, que pone a disposición de los municipios sus abogados del Consejo de Defensa del Estado para seguir evitando el pago a los profesores. Casos más crudos como el de los profesores de San Fernando reflejan la cara más sucia de esto: municipios que arrastran de años salarios impagos y deudas previsionales. ¿Quién garantizará que todas estas deudas no se conviertan en una nueva “deuda histórica”?
A pesar de que la tendencia expresa una buena participación en general de los docentes en esta consulta, es un sentir generalizado en los profesores del país que la consulta llega tarde: el proyecto de ley ya se encuentra en su segundo trámite legislativo. Una ley de esta envergadura, que representa profundos cambios en el sistema educacional, y siendo una demanda tan sentido en nuestro gremio debió ser discutida de manera previa a la consulta. Lamentablemente el directorio nacional del Colegio de Profesores no convoca a asamblea nacional desde enero, la primera y última asamblea realizada bajo la conducción de Aguilar, donde los dirigentes expresamos un claro primer rechazo a este proyecto de ley.
Se plantea además, una consulta a los docentes del país sin previa reflexión, ya que el directorio nacional tomó por acuerdo no solicitar más jornadas de reflexión al gobierno, con el equivocado objetivo de que “los profesores deben aprender a dar de su tiempo”. En un gremio con altos índices de agobio laboral, y donde la composición es mayormente femenina –quienes cargan además con la “triple jornada laboral” por los quehaceres domésticos y maternales – es un sinrazón imponerle a los docentes una reflexión por cuenta propia, fuera de su horario de trabajo. Nuestros dirigentes nacionales cuentan con todas las facilidades para participar de la política docente a tiempo completo, pero no quieren que las bases tengamos un solo día para reflexionar. A pesar de esto, hubo regiones y comunas en las que sí se gestionaron jornadas de reflexión previas al día de la consulta, como en Antofagasta, Calama, María Elena, Viña del Mar, Valparaíso.
A la luz de los resultados, los profesores de todo Chile ahora legítimamente se preguntan ¿y ahora qué sigue? Se hace urgente convocar a asamblea nacional para articular un plan de lucha para dar cumplimiento al mandato de las bases expresado a en este consulta. Esta asamblea nacional debe convocarse con una clara tabla de lo que se va a discutir y con una jornada de reflexión nacional previa en los comunales, para que se puedan realizar asambleas locales con deliberaciones del sentir docente y de lo que vienen expresando las bases. Si no es así: ¿Cómo los dirigentes decidiremos en la asamblea nacional? ¿Dónde se expresan las bases? ¿O las voz de las bases quedará sólo reducida a la consulta del 14 de junio? Esperar más tiempo sólo nos resta terreno, y le concede más posibilidades al gobierno para nuevamente pasar por encima de lo que demandan los profesores.
