Antidemocracia. Consulta de revocación de mandato: mientras más limitada, mejor para el INE

Luego de que la Secretaría de Hacienda le negó recursos adicionales al Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar la consulta de revocación de mandato, de que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara la no ejecución de resoluciones sobre alguna responsabilidad penal o administrativa contra consejeros electorales, y de que el mismo ministro resolviera que el INE lleve a cabo la consulta de la manera más eficiente posible de acuerdo a su presupuesto, finalmente el instituto electoral aprobó la convocatoria el 4 de febrero, misma que publicó en el Diario Oficial de la Federación el lunes 7.

En dicha convocatoria, el INE plantea la instalación de 57,677 casillas, es decir, poco más de un tercio de las 161,640 contempladas originalmente, para la consulta a realizarse el 10 de abril.

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En respuesta, Morena impugnó esa determinación del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En rueda de prensa el 8 de agosto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como el diputado Mario Llergo, representante del partido ante el INE, expusieron que el Instituto cuenta con recursos para la instalación de alrededor de 84,000 casillas.

Lo anterior se desprende de una diferencia de 524 millones de pesos entre los 2091 millones que el Consejo General del INE, en su sesión del 12 de enero, dijo haber alcanzado en cuanto a suficiencia presupuestaria y por eliminación de costos, y los 1567 millones que anunció para la consulta revocatoria en su sesión del 4 de febrero.

Así, mientras Mario Llergo argumenta que la cifra proporcionada por el INE a la Sala Superior del TEPJF y a la SCJN es la de 2091 millones por concepto de disposición presupuestal, y que por lo tanto no se sabe dónde están los 524 millones faltantes, el consejero electoral Ciro Murayama plantea que esos 524 millones no corresponden al presupuesto para la consulta, sino que es la cantidad que el Instituto logró reducir del presupuesto proyectado originalmente, de 3,830 millones, para quedar en 3,306 millones.

De cualquier forma, mientras que no queda claro lo referente a esos 524 millones, lo cierto es que el Consejo General del INE, aunque no logró posponer la consulta como se lo proponía originalmente la mayoría de sus integrantes, al ir hacia un ejercicio revocatorio bastante acotado logra cierto desquite luego del recorte al presupuesto para este año solicitado por el Instituto, que es de donde comenzó a agarrarse para ponerle todas las trabas posibles a la revocación de mandato, respaldado en todo momento por la oposición de derecha (PRI-PAN-PRD).

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Durante el seguimiento de este conflicto entre el INE y la 4T hemos señalado los límites, en varios sentidos, de la consulta de revocación de mandato promovida por AMLO, que lejos de apuntar hacia una participación determinante de las masas trabajadoras en la toma de decisiones cruciales para el país, lo que busca es el fortalecimiento del gobierno frente a la oposición y del Morena hacia los procesos electorales venideros.

Pero lo que destacamos en esta ocasión es la actitud antidemocrática del Consejo General del INE que, en representación de la oposición de derecha y mostrándose dispuesto a defender sus propios privilegios, lo que ataca es un ejercicio de “democracia participativa”, sin importarle los derechos ciudadanos que queden pisoteados, más allá de los límites de la consulta a los que nos referíamos más arriba.