Educación superior. Continúa el conflicto en la Escuela Nacional de Antropología e Historia

El duro ataque a la ENAH que inició en enero con el anuncio de su director Diego Prieto de suspender la contratación de 350 profesores eventuales (de asignatura), así como servicios para los de nuevo ingreso, los de posgrado, la postulación a becas, la aprobación de proyectos y el trabajo de 16 laboratorios, va encaminado a debilitar al máximo a dicha escuela, y si bien el INAH ha recibido un aumento de presupuesto, quedó claro que se otorgó en función de los megaproyectos de la 4T, como el Tren Maya, que pasan por zonas arqueológicas.

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Para enfrentar esta situación, se constituyó una Asamblea de estudiantes, profesores y administrativos dispuestxs a enfrentar el ataque a la universidad, advirtiéndole al gobierno que, en defensa de la ENAH, "escalará el tono de las protestas en los siguientes días", producto de que las autoridades han hecho oídos sordos.

Pero también expresaron que “Pasaremos de los mítines y festivales a las marchas y plantones, tomaremos edificios, museos, monumentos y zonas arqueológicas de interés nacional, organizaremos paros escalonados de 24, 48, 72 horas y, como última vía, estallaremos la huelga de ser necesario", agregando que “No cesaremos hasta que haya mejores condiciones para trabajar y para estudiar, si no pueden resolver, entonces que renuncien, no pediremos permiso para conseguir lo que es justo”.

La Asamblea de la ENAH no exige más que lo elemental para poder realizar sus actividades dignamente. Sus demandas son: mejores condiciones laborales, mayor presupuesto para la escuela y atención a la infraestructura de las instalaciones, mientras que la 4T se niega sistemáticamente a escucharles.

Una política intencionada

No podremos entender lo que pasa en la ENAH sin comprender el contexto general de la situación universitaria, ya que desde finales de 2019 e inicios de 2020, la 4T viene llevando adelante un ataque generalizado contra las instituciones de educación superior y la investigación, en donde destacan varias cuestiones, como el hecho de que en 2020 la SEP se negó a rescatar a las once universidades en quiebra. Y si bien, hacia diciembre del 2020 se aprobó una partida presupuestaria para pagar salarios de 50 mil trabajadores, no se resolvió la situación estructural de la crisis de esas 11 escuelas por lo que hoy continúan los adeudos de prestaciones y salarios.

Por otro lado, podemos encontrar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que está buscando revisar y validar el ataque contra los derechos laborales de los investigadores de tiempo completo al pasarlos del apartado A al B del artículo 123 constitucional para convertirlos en trabajadores de confianza.

También la aprobación de la Ley General de Educación Superior (LGES) que se disfraza de progresista, pero agudiza la problemática de la precarización laboral entre los docentes universitarios, reafirma el poder de las castas doradas universitarias y somete el derecho a la educación superior a la premisa de “siempre y cuando haya presupuesto”.

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Por su parte, en momentos recientes se observa el recorte de estímulos iniciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), contra investigadores de posdoctorado, quienes no tienen plaza y dependen de los recursos brindados por Conacyt para realizar su trabajo y así sobrevivir.

Con todo esto, no se puede ignorar que existe una política intencionada de recortes y ataques a derechos humanos y laborales, para golpear al sector académico y científico, profundizando el ataque iniciado en gobiernos anteriores para degradar la educación superior pública y convertirla en una mercancía, avanzando con posibles planes privatizadores como ya vimos en otros sectores.

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Contra los recortes disfrazados de austeridad

El gobierno federal enarbola un discurso de austeridad republicana que ha profundizado el recorte de insumos, prestaciones y despidos en el sector universitario y en el sector público en general, mientras que los altos funcionarios de la 4T ganan sueldos que están entre los 70 y los 100 mil pesos, y los trabajadores reciben sueldos magros de 6 u 8 mil pesos.

Por eso, creemos que sería un gran paso si la Asamblea de la ENAH buscase la unidad con movimientos similares al suyo a la par de llamar a los sindicatos que se reclaman democráticos y las grandes federaciones de sindicatos universitarios y de investigación como la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU), la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUECIC), a romper la tregua con el gobierno y ponerse a la cabeza de la defensa de la educación pública y de los derechos de los trabajadores tanto sindicalizados como precarizados.