La Izquierda Diario entrevistó a Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y militante del Partido de Trabajadores Socialistas. Sucederá a Néstor Pitrola (PO-FIT) como diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires. Fue una de las redactoras del proyecto presentado por Nicolás del Caño (PTS-FIT), que propone derogar los decretos secretos de la dictadura de Onganía que instituyeron y reglamentaron el espionaje de la Policía Federal. Hay 1000 agentes que realizan cotidianamente tareas de espionaje, que están entre nosotros, y no sabemos quién son.
Martes 7 de octubre de 2014
El proyecto surge tras un escándalo de espionaje ocurrido hace pocos meses
Sí, este proyecto de ley recoge la denuncia que venimos haciendo distintos organismos de derechos humanos, acompañando a la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh, a partir del descubrimiento de que uno de sus integrantes, que estaba en la agencia desde hace una década, era un policía infiltrado por la Policía Federal.
A partir de esto empezamos a investigar qué era ese Cuerpo de Informaciones. Este proyecto viene a recoger entonces lo que está plasmado ya en una causa judicial, que avanza a pasos muy lentos, pero avanza. Allí el propio Balbuena se presentó con abogado defensor, reconociendo que se tiene que defender, y la propia Policía lo pasó a disponibilidad hasta que se investigue. Esto también habla de una cobertura e impunidad que le está dando la Policía, y por supuesto el Ministerio de Seguridad de Berni del cual depende la fuerza. Las pruebas de que Balbuena depende de la Policía Federal, que es un civil reclutado para hacer tareas de inteligencia, que no pertenece al cuerpo de inteligencia criminal que tiene la Federal para causas judiciales, todos estos datos conjugados muestran que es un agente civil que está metido ahí adentro para formar parte de un cuerpo de espionaje político. En su propio legajo lo poco que la Federal informa demuestra que él se ofrece, a partir de determinados conocimientos y lugares que conoce, para infiltrarse y recabar información. A pesar de todos estos datos, el ministro de Seguridad ha optado por justificarse cada vez que se le ha preguntado al respecto, diciendo que están viendo si hay incompatibilidades entre la función de periodistas y la de policía. Una verdadera burla. Entonces este proyecto viene a tomar esta investigación judicial, y plasmarla en algo que es fundamental, que estamos planteando con Nicolás del Caño en el Congreso Nacional, que es la derogación de estos decretos en el cual se basa este cuerpo de la Federal, y la disolución inmediata de ese cuerpo.
El decreto que viene de la época de Onganía, pero ¿no estaba derogado?
Supuestamente fueron derogados por la Ley de Inteligencia, que dice que no puede haber reglamentaciones que contradigan esta Ley, que explícitamente prohíbe el espionaje por motivos sociales, políticos o religiosos (Art 4). Incluso hay una decreto de Néstor Kirchner de 2003, que dice “entiéndase derogados el Decreto Ley N° 9021/63 y el Decreto N° 2322/67…”, pero el organismo claramente sigue funcionando. Y es un organismo que se ha conocido en la historia, a partir de casos puntuales pero muy contundentes. Un caso que recorrió los medios, y que Marcelo Saín lo relató en una causa, es el caso de una secretaria que le pusieron a Gustavo Béliz cuando era Ministro. O el caso reciente de Ciro James, que siendo parte de este Cuerpo se fue a hacer espionaje para Macri, espiando a miembros de la comunidad judía y al gremio docente. Casos que han salido a la luz, pero dentro de un marco de encubrimiento general, donde hay 1000 agentes que realizan cotidianamente tareas de espionaje, que están entre nosotros, pero no sabemos quién son.
El propio Saín explicó cómo una de las cualidades que hace diferente y tan peligroso este cuerpo es que quienes allí se desempeñan están autorizados a tener otros empleos, algo que ni a la SIE se le permitiría.
O sea que en esta década se ha mantenido el espionaje político
Se han mantenido los organismos de espionaje, y se han fortalecido otros como la actual SI (Secretaría de Inteligencia, ex Side). Desde la dictadura, pasando por los gobiernos constitucionales, estos han tenido una continuidad casi total. No se han tocado, no se han tocado los archivos, no se ha puesto la lupa sobre quienes las integran, a quienes infiltran. Todos los gobiernos posteriores han convalidado el funcionamiento de estos organismos. Como dice el CELS en una causa sobre el espionaje de la Armada descubierto hace pocos años: solo se hace inteligencia para los mandos superiores.
Y además, muchos lo conocen, esto tiene relación con el Proyecto X, en el que denunciamos la infiltración de organizaciones obreras y políticas en la Zona Norte del Gran Buenos Aires y otros puntos. Son distintas piezas de un rompecabezas, pero lo que tienen en común es que continúa habiendo espionaje político en la Argentina. Ha habido en los gobiernos constitucionales posteriores, pero bajo el kirchnerismo siguen funcionando estos organismos de Inteligencia, a manos de la Policía, de la Gendarmería, de la Armada. Vemos como hay una continuidad y un amparo estatal muy grande, todos siguen aprovechando de los servicios de inteligencia. Porque no puede ser que haya tantos organismos y agentes espiándonos, y nadie sepa que existen o que nadie consuma esa información.
Esta presentación no es más que otro capítulo de nuestra pelea permanente por el desmantelamiento de todos los aparatos de inteligencia, que están orientados a la persecución de los movimientos populares y de las organizaciones políticas y gremiales. Como ya lo es de la comisión interna de Kraft, Pepsico y otros sectores combativos de los trabajadores, esta lucha debe ser bandera de todo el movimiento obrero, popular y estudiantil que lucha o va a luchar por sus derechos.
¿Van a impulsar el proyecto y la denuncia junto a otros diputados y organismos de DDHH?
Nicolás Del Caño ya ha recogido firmas entre diputados nacionales. Y, lo más importante, venimos impulsando esta denuncia con otros organismos de derechos humanos, como la Asociación de Ex Detenidos, la Correpi, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Liberpueblo.
Además de la derogación de los decretos y la disolución del organismo de Inteligencia, pedimos la apertura de los archivos que este cuerpo de informaciones ha recogido en todos estos años, desde su formación, en la década del 60. Estamos pidiendo es la reapertura de los mismos, que se remitan a la Cámara de Diputados, que se permita el acceso irrestricto a los organismos de DDHH, y a los afectados se les permita los materiales donde se vean mencionados. Es una oportunidad para realizar otras denuncias sobre violaciones a los DDHH. Esta apertura es una bandera histórica de los organismos de derechos humanos, que siempre han pedido la apertura de los archivos de la represión. Imagínense que este cuerpo actuó durante toda la dictadura, así que es importante conocer la información nueva, pero es importante saber qué cumulo de información recabaron en la dictadura, que podría permitir conocer, por ejemplo, el destino de desaparecidos; o llegar a jóvenes que fueron apropiados.
