Reforma Educativa. Continúa la exclusión laboral para ingresar al magisterio (1/2)

Tras eliminarse la Ley del Servicio Profesional Docente, muchos maestros y aspirantes a ocupar una plaza docente tenían la expectativa de que se acabaría la evaluación estandarizada de ingreso al magisterio y la burda clasificación, derivada de la misma, que impedía a los llamados "no idóneos" obtener una plaza.

Sin embargo, el mecanismo de ingreso que intentó suplir a la reforma educativa aprobada en 2013, antes de la reciente aprobación de las leyes secundarias de la reforma incentivada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sigue clasificando a quienes aspiran a entrar en el magisterio y los mantiene en la incertidumbre de poder obtener o no una plaza, definitiva o temporal.

Una evaluación de 120 preguntas de opción múltiple −cuyas opciones de respuesta son sumamente confusas, con faltas de ortografía que hacen más difícil entenderlas y excesivamente larga (de hasta 6 horas de duración) − fue el mecanismo principal para clasificar a los aspirantes a ingresar al servicio docente en el concurso pasado.

Ahora incluso hubo más requisitos, los cuales aumentaron aún más la brecha entre las personas que tienen el privilegio de contar con más tiempo o pueden pagar a alguien que realice las labores domésticas u otras que les dificultan cumplirlos.

A saber: la aprobación del Curso Integral de Consolidación de las Habilidades Docentes; la entrega de un ensayo o planeación didáctica (que anteriormente se evaluaba al primer año de ingreso como parte de una “evaluación diagnóstica”); el promedio; la experiencia laboral; cursos y programas de movilidad académica; la institución de estudios (priorizando supuestamente aquellas especializadas en la formación docente -como exigieron los maestros, estudiantes y egresados de las escuelas normales-, por sobre el resto de las licenciaturas); y el dominio de una lengua distinta a la propia, un rasgo que anteriormente no se tomaba en cuenta.

Este fue un mecanismo de ingreso muy parecido al de la reforma anterior al asignar un número de prelación a los aspirantes a la docencia de acuerdo con sus resultados en el proceso de evaluación, dividiéndolos en los grupos A y B. A los docentes del grupo A les comunicaron que podían elegir una plaza antes que los del grupo B, quienes solo tienen la opción de aceptar un interinato o plaza temporal, si es que se las asignan, y en algunos estados directamente se les ha rechazado.

Maestros sin plaza y escuelas sin maestros

Supuestamente, todos los maestros que llevaron a cabo el proceso de evaluación para el ingreso al servicio docente serán candidatos a obtener una plaza, sin importar su clasificación en el grupo A o B; pero esto no es garantía, pues la Ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros es clara al decir que la asignación de plazas depende de las vacantes disponibles y de la disponibilidad presupuestal, de acuerdo con las condiciones de cada estado. Así, los docentes en el grupo B no tienen derecho a un trabajo estable, pero muchos del grupo A tampoco, ya que nada les asegura que se les asignará una plaza.

El hecho es que, a pesar de la falta de maestros que existe en muchas escuelas y que en las grandes ciudades los maestros trabajan con grupos excesivamente numerosos y hacinados, el presupuesto educativo no alcanza para satisfacer todas las necesidades materiales y de personal que hay en las escuelas, para garantizar el derecho a una educación de alto nivel académico a todos los estudiantes.

Maestros a quienes no les han otorgado plaza denuncian que hay muchas vacantes que no se están cubriendo y nadie los llama; ya ha habido protestas por la incertidumbre y el descontento que esto genera en estados como Jalisco, Sonora, Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, Guerrero; y en estos dos últimos estados, al menos, el gobierno reprimió con la policía a los manifestantes.

La precarización laboral también afecta al magisterio

Bajo el falso discurso de reconocer el "mérito" y promover que frente a grupo solo estén los “mejores”, las autoridades aprovechan para despojarnos de nuestros derechos elementales como trabajadores, incluyendo el derecho al trabajo. Pues, de acuerdo con nuestros resultados en la evaluación de ingreso y el sistema para la carrera de las y los maestros, nos hacen creer que no todos merecemos un trabajo estable, con plaza de base, un sueldo digno y prestaciones laborales. De este modo, se seguirán utilizando las evaluaciones docentes, supuestamente “objetivas”, con un fin punitivo y para justificar la precarización laboral del magisterio.

Estas son parte de una política para mantenernos callados y obedientes a los mandatos de las autoridades educativas, aún antes de ingresar al servicio docente. Quienes ya estamos frente a grupo y nos inconformamos con la realidad de nuestras escuelas, somos ignorados o sufrimos constante hostigamiento de los directivos, que nos castigan con notas malas, exhortos, extrañamientos, asignándonos un pésimo horario o negándonos la posibilidad de cubrir más horas disponibles en nuestros planteles cuando lo solicitamos, entre otras represalias.
Se habla de la revalorización del magisterio, pero no puede haber tal si nos mantienen divididos entre trabajadores de 1ª, 2ª o 3ª categoría.

Ningún trabajador merece que le nieguen derechos básicos, como el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, pero la precarización laboral sigue avanzando con el gobierno de la 4T, tanto en el magisterio como en otros sectores de trabajadores.

A través de los sistemas de subcontratación laboral y otras formas de contratación precarias, cada vez más trabajadores somos tratados como desechables. No podemos generar antigüedad y nos quitaron el derecho a jubilarnos, derecho que todos deberíamos tener después de haber trabajado la mayor parte de nuestra vida, desde las trabajadoras del hogar, los docentes y hasta el último de los obreros.

Nos merecemos algo mucho mejor que la política asistencialista para los adultos mayores del gobierno de la 4T, que otorga “pensiones” que no les alcanzan y las presenta como si fueran un “apoyo”, cuando en realidad son un mero paliativo ante el derecho que se les niega a contar con una pensión suficiente y digna.

Ante la incertidumbre laboral de los aspirantes a la docencia con la restringida e incierta asignación de plazas, las y los maestros que desean ingresar al servicio docente han acudido a diversas instancias para pedir que se les tome en cuenta y en todas les han dicho que esperen. Como si nuestra necesidad de trabajo para sustentarnos y apoyar económicamente a nuestras familias pudiera esperar indefinidamente.

Mientras esperamos, a quienes participaron en el concurso de ingreso el año pasado y aún no habían sido llamados a ocupar una plaza, se les comunicó que ya no tendrían derecho a ella aquellos a los que no les fue asignada antes del 15 de mayo, debido al cambio de administración, tirando por la borda todo el esfuerzo realizado por quienes quieren ser docentes en servicio. La vigencia de los resultados de la evaluación de ingreso de este año termina el 31 de mayo de 2020.

Todo esto demuestra que el concurso de ingreso no es más que un “filtro” (cuya vigencia tiene fecha de caducidad) que poco o nada tiene que ver con nuestras verdaderas habilidades docentes, para justificar que no se generen y asignen suficientes plazas, con plenos derechos laborales. Esto exigiría un mayor gasto público en educación y el gobierno por lo visto, como los anteriores, tiene otras prioridades.

No podemos permitir que nuestros hijos y alumnos continúen padeciendo las consecuencias de una educación al servicio de los intereses empresariales, cada vez más degradada. Que sus padres como trabajadores de diferentes sectores y nosotros como trabajadores de la educación sigamos perdiendo nuestros derechos laborales y sociales.

Necesitamos unirnos y organizarnos desde abajo. Generar en nuestras escuelas y centros de trabajo espacios democráticos de discusión y toma de decisiones, que nos permitan recuperar nuestro sindicato como herramienta de lucha; vincularnos con los compañeros de otras escuelas; con las madres y padres de familia; con los estudiantes, egresados normalistas y todos los aspirantes a docentes, así como con otros sectores de trabajadores, para defender nuestros derechos y conquistar realmente una mejor educación para la niñez y la juventud mexicana.