Las escuelas normales, pero, sobre todo las normales rurales, representan una oportunidad excepcional de desarrollo académico, profesional y de vida para los jóvenes de las comunidades más empobrecidas del país, quienes a su vez serán los responsables de prepararse con ahínco para brindar en un futuro cercano educación a los niños y adolescentes de sus comunidades.
Maestra Teresa Aguilar Maestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Viernes 27 de septiembre de 2019
Las escuelas normales, pero, sobre todo las normales rurales, representan una oportunidad excepcional de desarrollo académico, profesional y de vida para los jóvenes de las comunidades más empobrecidas del país, quienes a su vez serán los responsables de prepararse con ahínco para brindar en un futuro cercano educación a los niños y adolescentes de sus comunidades.
¿“Prioridad” a los normalistas?
Los discursos maravillosos del gobierno contrastan una y otra vez con la realidad. Por ejemplo, la prioridad que AMLO prometió dar a la contratación de los egresados de las escuelas normales o de otras instituciones de formación docente, antes que a otros profesionistas, no soluciona la falta de plazas para unos y otros, mientras continúa en los hechos la política oficial para acabar con la tradición crítica y combativa del normalismo.
Recordemos que en agosto pasado fue cerrada la Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” en Chiapas. Por su parte, las estudiantes egresadas de la normal de Saucillo, Chihuahua, fueron reprimidas con la fuerza pública el pasado 7 de septiembre, mientras realizaban una protesta en las oficinas de servicios educativos del estado por no haber recibido una plaza todavía.
Este 26 de septiembre se cumplen 5 años de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa. A pesar de las promesas del gobierno, este crimen de estado sigue impune, sin que se sepa nada sobre el paradero de nuestros compañeros. La mayoría de los detenidos, sicarios y policías municipales, señalados como autores materiales del crimen, ya fueron liberados.
La mayoría fueron torturados por los policías a cargo de la investigación, para que declararán de acuerdo con la “verdad histórica” que inventaron la PGR y el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el fin de darle carpetazo al caso y asegurarse de que siga impune, como hasta ahora.
¿Reprimirlos es la “prioridad” que le dan los gobiernos federal y estatales a los futuros maestros que defienden sus escuelas, su derecho al trabajo y la educación pública? ¿Mantener la impunidad de los crímenes de estado en su contra y seguir cerrando sus escuelas?
El presidente nos dice que debemos tener paciencia mientras mejora el país, pero destina mayor presupuesto a la Guardia Nacional, integrada principalmente por soldados, como los que fueron cómplices en la desaparición de los 43, o los que antes llevaron a cabo la “guerra sucia”, la matanza del 68 y el “halconazo”.
Hoy los fines de esta nueva fuerza son cumplir con el mandato del gobierno estadounidense de impedir el paso de migrantes a Estados Unidos; así como reprimir protestas públicas (como ya lo ha demostrado).
El gobierno continúa pagando la usurera deuda pública, interna y externa, legada por los corruptos gobiernos anteriores y asigna un magro presupuesto para la educación, lo que impide contar con todas las plazas docentes necesarias, construir nuevas escuelas y mejorar sustancialmente las existentes.
Lo mismo ocurre con el sistema de salud y otros servicios públicos, a los que el gobierno les está recortando el presupuesto a la par que despide masivamente a muchos de sus trabajadores, mientras los altos funcionarios mantienen sus abultados sueldos. Por lo visto, contrario a lo que prometió, el gobierno de AMLO comenzó “barriendo la escalera” desde abajo, dejando intacta a la casta política que ocupa los peldaños superiores en las instituciones del Estado.
No podemos permitir que nuestros hijos y alumnos continúen padeciendo las consecuencias de una educación al servicio de los intereses empresariales, cada vez más degradada. Que sus padres como trabajadores de diferentes sectores y nosotros como trabajadores de la educación sigamos perdiendo nuestros derechos laborales y sociales. Necesitamos unirnos y organizarnos desde abajo.
Generar en nuestras escuelas y centros de trabajo espacios democráticos de discusión y toma de decisiones, que nos permitan recuperar nuestro sindicato como herramienta de lucha; vincularnos con los compañeros de otras escuelas; con las madres y padres de familia; con los estudiantes, egresados normalistas y todos los aspirantes a docentes, así como con otros sectores de trabajadores, para defender nuestros derechos y conquistar realmente una mejor educación para la niñez y la juventud mexicana.
