Sindicatos universitarios. Continúa la huelga en el Colegio de Posgraduados

Desde el 18 de marzo del presente año, los trabajadores del Colegio de Posgraduados estallaron una huelga, a causa de que exigen un aumento salarial de 7.6% y para rechazar violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). El estallamiento se dio en el contexto de la profundización de la crisis capitalista, agudizada por la pandemia que ha afectado a la economía a nivel internacional, en el que también han existido ataques contra la educación pública y continuidad de políticas de gobiernos anteriores, donde también se han presentado procesos de lucha de sectores universitarios para defender sus derechos laborales.

Otros elementos que forman parte de ese contexto es la quiebra de 11 universidades que hasta el día de hoy no se ha resuelto de fondo, pues, aunque en ciertas oportunidades se libera cierta cantidad de recursos para pagarle el salario a los trabajadores, lo cierto es que los daños producidos por los desfalcos no se han subsanado. Y es que la educación no parece ser una prioridad real para este gobierno, a pesar de ser una de sus banderas, al igual que la lucha contra la corrupción, pues los bienes de los corruptos no han sido incautados para reparar ese daño, como es el caso de Rosario Robles, artífice de la Estafa maestra y responsable de que cuatro de las 11 universidades estén en quiebra, ya que el hecho de que se encuentre en prisión no termina de remediar lo ocurrido y hasta ahora sus bienes permanecen intactos.

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No es una situación nueva

Esta situación no es nueva, ya que en realidad es el reinicio de una lucha que se había presentado desde febrero de 2020, donde los trabajadores denunciaron la cerrazón de las autoridades y una violación sistemática de la bilateralidad de la contratación, en los ascensos y algunas plazas. Razón por la que el Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Postgraduados (Sintcop) estalló la huelga en aquel periodo.

Sin embargo, la huelga tuvo que ser suspendida, ya que al mes siguiente la Covid-19 produjo que se declarara el semáforo rojo, lo que dejó en pausa no sólo esta lucha, sino muchas otras, tanto en el sector educativo como en el de la cultura, mientras que la ofensiva del gobierno contra los derechos laborales no se detuvo.

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La postura de las autoridades

Frente a la actual huelga, la autoridad universitaria a cargo de Verónica Lango Reynoso, directora del Colegio, argumenta que se afectan las instalaciones y a los estudiantes, que el incremento salarial no se puede otorgar porque el Colegio depende del financiamiento que le da el Gobierno Federal de manera anual. Ofreciendo un raquítico 3.5 %, que según ella es lo viable alegando repetidamente que no son una institución autónoma y que necesitan que los trabajadores sepan que ellos como autoridades son servidores públicos.

Sin embargo, Lango Reynoso no cuestiona en ningún momento la difícil situación de los trabajadores, tampoco toma en cuenta que su administración ha sido señalada por violar el CCT en repetidas ocasiones, ni parece tomar en cuenta que ella como cara pública de la institución tendría que exigir más presupuesto. Lo cual permitiría ofrecer mejores condiciones tanto para los trabajadores como para los estudiantes, en realidad alegar que no hay presupuesto no es más que reflejo de la falta de voluntad política para buscarlo, prefiriendo descargar la crisis sobre los trabajadores, ya que, si la educación y el trabajo digno son derechos humanos, la falta de presupuesto no tendría que ser una razón para no hacerlos valer, la autoridad tiene la obligación de buscar recursos para que los derechos puedan ejercerse. Seria interesante poner acá cuanto salario percibe ella como autoridad para develar que son los trabajadores los únicos afectados por la austeridad.

Pero como sabemos la educación no parece ser una prioridad ni para el Morena, ni para el resto de los partidos (PRI, PAN, PRD, etc.), pues todos tuvieron acuerdo en general en aprobar la Ley General de Educación Superior (LGES), que entre otras cosas dice que “Se establece la gratuidad de la educación del nivel universitario (de manera gradual y siempre y cuando haya presupuesto)”. Argumento tramposo que busca limitar el aumento de recursos para el sector educativo, también tienen consenso en la militarización del país, pues ninguno parece tener problemas con que el presupuesto para la Guardia Nacional (GN) sea hoy de 62.8 mil millones de pesos (mmdp), habiendo tenido un incremento de 70% (26 mmdp) frente a lo aprobado para 2021.

Más presupuesto para la educación pública

Es indispensable que el Sintcop haga un llamado de unidad tanto a trabajadores sindicalizados como no sindicalizados, así como con los sindicatos que se reclamen democráticos y de organizaciones sociales. Se necesita la movilización en todo el país de los grandes sindicatos, federaciones y centrales que se reclaman democráticas, como la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Nueva Central de Trabajadores (NCT) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), para reclamar más presupuesto para la educación pública en general. Pues no se puede permitir que se restrinja el acceso a derechos poniendo de pretexto la falta de presupuesto y menos cuando éste se otorga a la militarización, hay que exigir la desaparición de la GN y la reducción drástica de recursos a las fuerzas armadas, para invertirlo en verdadero bienestar para la clase trabajadora.