Hoy continúa en el Tercer Juzgado Garantía de Santiago la audiencia de formalización del alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), acusado por fiscalía de fraude al fisco, cohecho, administración desleal, estafa y un delito concursal, una burda operación política que busca perseguir y proscribir candidaturas mediante operaciones judiciales.
Viernes 31 de mayo
Este viernes continúa en el Tercer Juzgado Garantía de Santiago la tercera jornada de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), a quien fiscalía esta acusando de los delitos de fraude al fisco, cohecho, administración desleal, estafa y un delito concursal, por ilícitos que se habrían cometido en las negociaciones realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares con la empresa Best Quality SPA. Una evidente maniobra política de fiscalía y el Poder Judicial para atacar candidaturas en un año de elecciones, un ejemplo de manual de lo que se conoce como lawfare.
Una operación tan burda, como burdos sus personajes, la formalización de hecho nace luego de la autodenuncia de Cesar Ramírez, ejecutivo de la empresa Best Quality, un reconocido estafador chileno internacional, que se hizo conocido por intentar vender frambuesas chinas a Canadá, haciéndolas pasar por productos orgánicos cultivados en Chile, y que fue condenado por estafa, quien acusa a Jadue de haberle solicitado "bonos" en insumos para que la empresa de la que era ejecutivo se adjudicara ser el principal proveedor de las Farmacias Populares.
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Pero si ya era vergonzoso que toda la acusación de la fiscalía se sostuviese sobre las declaraciones de Cesar Ramírez, luego de la exposición de la fiscal Giovanna Herrera, llegó el turno de los otros querellantes contra Jadue, en donde se encontraba increíblemente el discípulo de Luis Hermosilla, Mario Vargas, en representación de la empresa Best Quality, el mismo abogado que interpuso el recurso de protección para que la fiscalía no entregue los chats de Hermosilla al Consejo de Defensa del Estado, lo que la Corte de Apelaciones acogió, y que incluso llevo a que el mismo Vargas apostara a más y solicitara la destrucción de todos mensajes.
Y si no bastase con un solo discípulo de Hermosilla, había otro más entre los querellantes contra Jadue, o mejor dicho otra, la abogada Ximena Riesco, ex jefa de División Jurídica del Ministerio del Interior en Piñera II, y una abogada senior del estudio jurídico de Luis Hermosilla, que el mismo puso en el gobierno de Piñera.
Best Quality Spa por su parte, que acusa haber sido defraudada por Jadue, es una empresa también famosa, y que la misma fiscalía reconoce, por haber elevado x10 el precio de sus insumos médicos durante la pandemia, mientras más la población era azotada por el virus del COVID, de hecho su representante legal y dueño, Álvaro Castro, también esta siendo formalizado por el delito de cohecho en el marco de este caso.
Una maniobra persecutoria evidente
Desde La Izquierda Diario son conocidas nuestras polémicas con el Partido Comunista, a quienes emplazamos continuamente en nuestra redacción (ver las ultimas acáy acá) por ubicarse como pata izquierda de un regimen político que no tiene nada que ofrecer a las grandes mayorías, y donde se han ubicado junto con el gobierno de Gabriel Boric y el resto de partidos del oficialismo, como garantes de la estabilidad neoliberal post estallido, llegando al nivel de tomar incluso la agenda económica y securitaria de la derecha, tal cual se jactaba ayer mismo la otra militante del PC, la ministra Camila Vallejo en el programa Mesa Central sobre todas las leyes securitarias aprobadas por su gobierno y el fortalecimiento del aparato represivo del Estado.
Sin embargo, en esta operación política que es evidente, denunciamos y rechazamos estas maniobras que intentan perseguir y proscribir candidaturas que han sido apoyadas por sectores de trabajadores y el pueblo, ataques desde un regimen político, que incluye a los mismos medios de comunicación hegemónicos, que hacen su parte en el caso, donde buscan atacar a los dirigentes de izquierda, en ataques que de no ser detenidos, denunciados, o develados como lo que son ante la población luego serán redoblados contra las luchas de las y los trabajadores y los sectores populares.