El Tribunal Constitucional suspende cautelarmente la reforma del reglamento del Parlament aprobada para la salida adelante de las leyes de desconexión.
Pere Ametller @pereametller
Martes 1ro de agosto de 2017 05:10
Foto: EFE
Tras una breve reunión los miembros del Tribunal Constitucional admitieron ayer lunes a tramite por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Rajoy contra la reforma del reglamento del Parlament. Esta admisión confirma su suspensión cautelar de la reforma que permitiría aprobar por la vía rápida la convocatoria del referéndum y las leyes de desconexión del Estado en el caso que el "sí" ganara en el referéndum.
El recurso del Gobierno calificaba la reforma del reglamento como "groseramente inconstitucional" y la relaciona con una "deriva antidemocràtica". Tal como pedía el Gobierno, el Tribunal Constitucional advertirá a los miembros de la mesa del Parlament, al secretario general de la cámara y al letrado mayor de la prohibición de tramitar una proposición de ley por dicho procedimiento de lectura única y de las responsabilidades penales en las que incurrirán si lo hacen.
En la dirección contraria a esta actuación del Gobierno central y TC, Junts pel Sí y la CUP registraron por la mañana la ley con la que se pretende convocar el referéndum del próximo 1 de octubre. La ley de transitoriedad jurídica, que regularía el día después a la votación, se presentara a finales de agosto. En las próximas semanas la mesa del Parlament deberá decidir si la admite a trámite o no, y en caso afirmativo volveremos a ver un capítulo más de recurso y sentencia del TC al gusto del gobierno central para tratar de revocar tal decisión.
El Estado Español está dejando claro que que no va a permitir ni el más mínimo desvío de la legalidad constitucional. Cualquier paso que de el Govern de Puigdemont hacía la autodeterminación será reprimida legal, económica y hasta polcialmente. Prueba de ello son los interrogatorios sin demanda judicial que la Guardia Civil viene realizando a diversos funcionarios de la Generalitat y cargos públicos en los últimos días.
Contra estas actuaciones se realizó ayer mismo una concentración convocada por la CUP delante del cuartel de la Guardia Civil donde se han producido los interrogatorios. Una convocatoria que tuvo su réplica españolista justo en frente, donde se congregaron defensores del isntituto armado y las actuaciones realizadas.
La estrategia del Govern es únicamente la de dotarse de algunas herramientas legales, como esta reforma del reglamento del Parlament, para poder aprobar de manera "exprés" las leyes que servirán para ejercer la autodeterminación. Una estrategia de más que dudosa eficacia, como demuestra que la propia reforma ha sido suspendía cautelarmente de manera fulminante. El presidente del TC no ha dudado en interrumpir las vacaciones de los magistrados para aceptar el recurso.
La vía legalista, incluso aunque se asumiera la desobediencia institucional, lleva a un callejón sin salida el ejercicio del derecho de autodeterminación. La intención del Govern es aprobar las leyes clave en septiembre para provocar el choque a pocas semanas del día clave del referéndum. Uno puede dudar si en realidad están ganando tiempo para tratar de evitar el choque. Pero lo que no cabe duda es que las maniobras para “dejar sin tiempo de reacción” al Estado central no tienen mucho sentido, el TC está demostrando que cuando quiere se reune, decide y dicta por la vía rápida.
Por que en todo caso lo esencial es que piensan hacer para garantizar el ejercicio de la autodetermnaición cuando el Gobierno, a través del TC, inhabilite a los miembros del Govern, les imponga multas estratosféricas por malversación de fondos públicos e incluso suspenda total o parcialmente la autonomía de la Generalitat.
Ante la posibilidad que el Govern se escude en la represión del Estado central para no llevar adelante el referéndum y acabe convocando una elecciones autonómicas, la izquierda tiene el deber de imponer la realización del referéndum mediante una movilización que vaya más allá de las masivas convocatorias del 11 de septiembre. La movilización debe romper con el marco imperante y no ser un simple acompañante acrítico de las actuaciones del Govern. Esta es una responsabilidad tanto de la CUP -que debería romper con su política de seguidismo a la hoja de ruta de Puigdemont- de Podem y los “comuns” -que deberían romper con su defensa de la vía constitucional para poder votar- y del conjunto de las organizaciones sindicales, sociales y de la izquierda extraparlamentaria que defienden el derecho de autodeterminación.
Solo así se puede conquistar un referéndum, y solo con un referéndum impuesto dese la movilización en las calles, los centros de trabajo y de estudio, se podrá imponer también un proceso constituyente verdaderamente libre y soberano desde abajo. Un proceso constituyente en el que se pueda discutir sobre todo y aplicar las medidas necesarias para resolver todas las demandas democráticas y también las sociales, como acabar con el paro, la pobreza o la precariedad laboral.
