Se cumplieron ya más de 10 días desde que el Instituto Tecnológico de Torreón paró su labores contra las condiciones de precariedad, la mala administración y la imposición de la dirección sindical.
Jesús Pegueros Estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM | @DemoPegueros
Martes 12 de septiembre de 2017
Desde el 1 de septiembre, académicos y trabajadores del Instituto Tecnológico de Torreón (ITT) llevan a cabo un paro de labores contra distintas irregularidades, tanto económicas como administrativas, señalando como responsable a la administración. Denuncian al director, Lic. José Luis Zapata Dávila y demandan su destitución por corrupto.
Los huelguistas denuncian la existencia de un “foco de infección” en un basurero improvisado de material de laboratorio de química, y que la falta de prevención y acondicionamiento para tales productos pone en riesgo la salud de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Se añade la exigencia al actual comité sindical para que se renueve, ya que este proceso se ha retrasado por varios meses.
Los trabajadores afirman también que las instalaciones se encuentran deterioradas, sin que la dirección haya realizado ningún trabajo de mantenimiento en los últimos años. Consideran que el dinero destinado a ello se está desviando. Por lo cual señalaron que continuarán el paro hasta el cumplimiento de sus demandas.
Afuera de las instalaciones, un grupo de profesores opositores al paro manifestó que no está de acuerdo con las medidas tomadas por sus compañeros. Este sector -que no dijo nada respecto a la situación de la institución- amenazó con la intervención de la Procuraduría General de la República para resolver el conflicto.
En Coahuila -como en otros estados del país- cada día se muestra el carácter represivo y el nivel de colusión de las instituciones, incluidas la marina y el ejército, con el narco, y el encubrimiento de asesinos y traficantes. De las mismas no se puede esperar ninguna “justicia” a favor de los trabajadores. En el trasfondo de este conflicto están las consecuencias de la reforma educativa, que propicia la precarización laboral y el abandono de la infraestructura.
La comunidad de dicha institución tiene que decidir democráticamente, en espacios amplios, los requerimientos que el Instituto necesita para poder funcionar. Nuevamente se muestra que dicha misión no es la preocupación de la dirección, que permite y perpetua el saqueo al presupuesto. Los trabajadores, junto con estudiantes y académicos, debe contraponer sus intereses a los de la dirección. Y debe denunciarse y enfrentarse cualquier injerencia y represión por parte de la PGR, que una vez más mostró su carácter ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Para avanzar en conquistar las demandas de esta lucha, es fundamental avanzar en la unidad de los trabajadores, para lograr el mejoramiento de la comunidad universitaria, el aumento salarial y la democracia sindical, así como la solidaridad activa del conjunto de las organizaciones obreras y populares del estado.
Jesús Pegueros
Estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM
