Antipiquetes. Contra el derecho a reclamar: Zabaleta ataca a organizaciones sociales y Larreta pide reprimir

Este lunes, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se tiró contra el derecho democrático a manifestarse de las miles de personas agrupadas en movimientos sociales, que vienen reclamando frente a su ministerio. Esto dio pie a lo que, luego, dijo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: que no permitirá un nuevo acampe en la avenida 9 de Julio y, para esto, le pidió al Gobierno nacional "un compromiso total".

El discurso de Zabaleta podría haber estado en boca de Patricia Bullrich o de Javier Milei. "Basta de apretar a los argentinos", se quejó ante el micrófono de Radio Mitre. Pero se trata de un funcionario del Frente de Todos. Responsable político de dar respuesta a lo que exigen estos miles de trabajadores desocupados, precarios e informales, que vienen afrontando los aumentos de precios y la crisis social, con planes de $16.500.

La respuesta fue rodear a los manifestantes con un fuerte operativo de la policía de la Ciudad, que los hostigó, intentando amedrentarlos. "¡Lo dije y lo vuelvo a repetir, cortando calles no los recibo!", se quejó Zabaleta.

Hoy, 17 millones de personas son pobres en la Argentina y ¡la mitad de los niños son pobres!, según relevó el INDEC. Estar ocupado no es garantía, ya que tres de cada diez trabajadores son pobres, informó el Observatorio de la UCA. La crisis social se fue profundizando mientras el Gobierno ajustaba para cerrar las negociaciones con el FMI. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, las prestaciones sociales cayeron casi un 10% en 2021 en relación al 2020 en términos reales.

Aún así, el ministro tira la pelota afuera. "Lo que pasó en la avenida 9 de Julio es de laburantes contra laburantes" -remató el funcionario- "Los argentinos que transitan por la 9 de Julio, taxistas, remiseros, los que van a bordo del Metrobús tienen derechos y los tenemos que garantizar”.

Es una vieja astucia de los poderosos, contraponer el legítimo derecho a la protesta social, al derecho a la libre circulación. En este caso, ¿cómo sería? ¿comer o transitar la 9 de Julio? Quizás aún más vieja es la maniobra de querer dividir y enfrentar a distintos sectores del pueblo trabajador. Pero la inflación, el ajuste y los ataques de grandes patronales sobre el trabajo, afecta a todos.

El Gobierno nacional se hace vocero del "orden" que piden las grandes patronales y que los grandes medios de comunicación amplifican a toda hora. Mientras, la derecha le toma el guante y le reclama "trabajar en conjunto", para retomar el control de la calle.

¿Qué consecuencias puede tener que el ministro de Desarrollo Social criminalice la protesta social? ¿Qué terreno está preparando el Gobierno?

Ya vimos el accionar represivo del gobierno del Frente de Todos, en plena cuarentena, ante al reclamo de las familias sin techo en el predio de Guernica, provincia de Buenos Aires. Durante meses, estas familias se organizaron para recuperar tierras para vivir, en un predio abandonado; mientras el ministro de Desarrollo de la provincia, Andrés Larroque intentaba disuadirlos. Finalmente, entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada, el gobierno de Axel Kicillof decidió que prevalezca el último, aunque ningún demandante demostró tener títulos de propiedad. La represión al mando de Sergio Berni fue brutal, prendieron fuego las casillas y les pasaron por arriba con topadoras, destruyendo lo poco que tenían las familias. No les tembló el pulso ni ante la presencia de niños y niñas.

En la actualidad, ¿qué respuesta podemos esperar del Gobierno, frente a la protesta social? ¿Atenderán el pedido de Larreta, para impedir nuevas manifestaciones?

Hasta ahora hemos vivido las consecuencias de una política económica pensada para negociar con el FMI. Ahora empezaremos a vivir las consecuencias del plan de ajuste y entrega ya pactado: que viene con más inflación, aumentos de tarifas, devaluación y exigencia de reformas estructurales, por parte del organismo. A la par, el Gobierno da vía libre a las grandes patronales que remarcan precios y precarizan aún más las condiciones de trabajo, mientras mantienen los salario por debajo de la inflación.

El Gobierno sabe que todos estos planes antipopulares, no se podrán llevar a fondo sin represión; así que prepara discursivamente el terreno, para responder como lo hizo en Guernica.

Esta política ya está encontrándose con la resistencia de sectores populares que no se quedan paralizados y salen a luchar en defensa de sus condiciones de vida y por trabajo genuino. El Frente de Izquierda Unidad, junto a cientos de organizaciones, viene siendo parte de enfrentar las políticas de ajuste, que se profundizarán con el "virreinato" del FMI.

El intento del Gobierno nacional, de amenazar la protesta social, apoyado por Juntos por el Cambio, no va a frenar el proceso de resistencia que distintos sectores vienen llevando adelante.

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