CRISIS SOCIAL. Contra la inflación: control de precios y escala móvil de salarios y pensiones

Según la cifra adelantada el lunes pasado por el INE la inflación volvió a subir en el mes de mayo, hasta alcanzar el 8,7% en tasa interanual. Hay que retrotraerse más de 30 años, a mediados de la década de 1980, para alcanzar cifras similares. Después de un ligero descenso durante el mes de abril, en mayo se vuelve a producir un repunte de 0,4 puntos. Llevamos ya un trimestre en el que la inflación no ha bajado del 8%, un auténtico récord, mientras que cerró en 2021 en el 6,5%. Y la curva anual que dibujan los precios es claramente una línea ascendente. Las estimaciones de los expertos se han agravado, indicando que se esperan unas tasas medias anuales del IPC para 2022 en el entorno del 7,5% (Banco de España)

Incluso la inflación subyacente, que avanza más lentamente por no tener en cuenta los precios de los productos energéticos y los alimentos frescos que son más volátiles, anda dislocada en parámetros desconocidos desde 1995, alcanzando ya el 4,9%. Esto nos indica que no se trata de un fenómeno temporal y de corto alcance. De hecho, ya hay expertos que empiezan a indicar que la subida de los precios va a durar como mínimo durante todo el año 2022 y que va a lastrar el crecimiento económico previsto, ralentizándolo, en el mejor de los casos, o llevando a una recesión económica. Incluso algunos vaticinas que se puede abrir un período de estanflación similar al de la década de 1970, cuando la economía sufrió un fuerte varapalo por la confluencia de elevados precios con la caída de la actividad económica.

La inflación se relaciona de forma directa con los bloqueos en las cadenas de suministros tras el parón por la covid-19, el elevado precio de las tarifas eléctricas y los carburantes -acentuado por la guerra de Ucrania, pero que ya venía en ascenso. Tendencia que se agravó producto de la guerra de Ucrania y las medidas de sanciones económicas a Rusia.

La consecuencia directa es la caída constante de los salarios en relación al crecimiento de los precios. El año pasado el incremento salarial no pasó del 1,5% y en lo que va de año está en el 2,3%, con lo cual han quedado muy por detrás de la inflación.

Esto se suma a una caída de los salarios de larga data en el Estado español que ya viene produciéndose desde la crisis financiera de 2008 que se saldó con una devaluación salarial muy fuerte -con caídas de más del 20% para los salarios más golpeados. Esto junto a la precarización del mercado laboral facilitada por la reforma laboral de Rajoy, que ampliaba y profundizaba las líneas maestras de aquella de Zapatero. Las que ahora han quedado vigentes en muchos de sus más regresivos y lesivos de los derechos de las y los trabajadores con la reforma de Yolanda Díaz.

Es decir, que mientras los precios de los productos de primera necesidad están aumentando, los salarios han caído por varios flancos. Pero la burocracia sindical mira para otro lado y continúa en su línea de firmar nuevos retrocesos salariales y sociales en los convenios colectivos y acuerdos marcos con la patronal y el Gobierno.
Para los empresarios, todo redunda en mayores beneficios. En este sentido, la brecha con la eurozona es todo un síntoma. A finales de 2020, el salario por trabajador en el Estado español era un 22% inferior al conjunto de los países del euro. Mientras los beneficios empresariales, sobre todo de las grandes empresas, continúan creciendo y obtienen ganancias récord en 2021, los salarios se ven cada día más atacados. Las 35 mayores empresas cotizadas del IBEX 35 incrementaron sus beneficios nada menos que un 83,5% respecto de los obtenidos en 2019. Situándose en 57.797 millones de euros, la cifra más alta de su historia. Recuperando de este modo y con creces los niveles previos a la pandemia, al superar en un 33,4% los obtenidos en 2008.Todo ello, según datos del Servicio de Estudios de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

El escudo social del Gobierno era de papel

La inflación de los precios de los alimentos y la energía viene golpeando duramente el nivel de vida de las clases más humildes. Estos ocupan un gran porcentaje de los gastos totales entre los trabajadores más precarios. Alimentos y energía ocupan hasta un 35% del conjunto de sus gastos, mientras que para los ricos este consumo apenas pesa un 15% o menos.

Y mientras los alquileres siguen subiendo como un cohete, las hipotecas van a dispararse al compás de las subidas de los tipos de interés. Los costes energéticos siguen sin estar controlados y los efectos de la ayuda del Gobierno de los 20 céntimos ya han sido absorbidos por nuevas subidas en más de la mitad de su valor. El tope al precio del gas sigue sin aplicarse y ya se dice que del 30% de rebaja que se prometió, se quedará en tan solo el 15% o menos, por las compensaciones que habrá que pagar a las eléctricas. Otro auténtico engaño que vuelve a demostrar que este Gobierno social liberal del PSOE y Unidas Podemos es incapaz de atacar realmente los beneficios de las grandes empresas del IBEX 35.

De este modo, la subida del salario mínimo de 2022 del 3,6% (35 euros) ha quedado reducida a monedas si tenemos en cuenta el alza de los precios. En este contexto, el “escudo social” del Gobierno se deshace como papel en el agua.

Esta situación ya le está pasando factura electoralmente al gobierno, con pésimas estimaciones de voto en Andalucía, una autonomía que solía ser un granero de votos para el PSOE. Por eso, no dejan de hacer autobombo y desde el Ministerio de Economía aseguran que las medidas de respuesta al impacto de la guerra “claramente están limitando el alza de los precios”. Algo que nadie se creer. Más aun porque la situación geopolítica se puede complicar mucho en los próximos meses. La UE ha anunciado un bloqueo al petróleo ruso y Rusia sigue cerrando el grifo del gas, lo que puede disparar los precios y generar problemas de abastecimiento para el próximo invierno.

Ante esta grave situación, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Podemos, encabezado por Ione Belarra, proponen prorrogar las medidas del escudo social, falta un mes para que se extingan. Además de implantar un abono mensual de 10 euros en el transporte público y ampliar el bono social para que llegue a dos millones de familias. Algo totalmente insuficiente ante la crisis actual, y que muestra la total impotencia de Podemos.

Las únicas medidas realistas para afrontar la crisis social y económica en el Estado español tras la pandemia y acentuada por la guerra de Ucrania pasan por atacar los beneficios de las grandes fortunas y las empresas del IBEX35. Algo que el Gobierno de coalición no está dispuesto a implementar, mientras destina cada vez más fondos millonarios al envío de armas a Ucrania y para el rearme imperialista.

Desde la CRT defendemos un programa para que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores y el pueblo. Comenzando por implementar impuestos progresivos a las empresas del IBEX 35 y las grandes fortunas, prohibiendo los despidos y ERTEs y atacando el desempleo mediante el reparto de las horas de trabajo sin disminución salarial. Frente a la inflación, hace falta de forma urgente establecer subidas salariales que recuperen el poder adquisitivo perdido, con cláusulas gatillo para que estos suban de acuerdo con la subida de los precios. Pero más de conjunto, hay que impedir la especulación de los grandes supermercados y empresas alimenticias con los productos básicos: control de precios bajo supervisión de comisiones de trabajadores y vecinos. Frente al desenfreno de los precios de la energía, la expropiación de las eléctricas ya no puede postergarse, bajo control de trabajadores y usuarios. Después de años de haber obtenido super ganancias a costa del pueblo, la estatización sin indemnización de las energéticas es algo vital para la subsistencia de gran parte de la población.

A esto hay que sumarle el aumento de los presupuestos del sector público, que posibilite una sanidad, educación y servicios sociales potentes y de calidad, y derogar todos los ataques sufridos por las pensiones asegurando su capacidad adquisitiva según el IPC, entre otras medidas.