Las últimas semanas, varios conflictos se han despertado en dependencias estatales frente a los recortes aplicados con la austeridad republicana.
Martes 9 de julio de 2019
A la primera oleada de despidos y reducción presupuestaria en enero, se sumó un nuevo ataque. Un memorándum desde presidencia firmado por AMLO anunciaba un nuevo recorte a aplicar sobre el primero, reduciendo aún más los presupuestos aprobados para 2019, que ataca directamente a todo trabajador no basificado.
Este recorte elimina al llamado personal "de confianza" en las alcaldías y dependencias, impone un 30 % de recorte a materiales, viáticos y estudios e investigación (incluyendo la investigación médica, como el cáncer cervicouterino) y un 50 % de recorte a exposiciones y subcontratación de servicios con terceros, es decir, de los de contratación de simulación que mediante honorarios o prestación de servicios profesionales buscan negar la relación laboral de los trabajadores.
Este recorte fue acompañado por una campaña mediática contra los aviadores que buscaba construir un clima hostil que posibilitara el aislamiento de los y las despedidas, desprestigiándoles y confundiéndoles con los verdaderos aviadores, que no sufren la precarización laboral, perciben altos sueldos y están directamente relacionados con la patronal, actuando como orejas o correas de transmisión de sus políticas.
Denunciamos que la austeridad republicana viene barriendo con los de abajo, con trabajadores que de por sí laboramos en condiciones de inestabilidad e incertidumbre, con contratos simulados, sin prestaciones ni derecho a vacaciones, antigüedad o seguridad social.
Lejos de ser aviadores, los despedidos no desempeñaban tareas de dirección y tampoco percibían salarios exorbitantes, como es el caso de Alejandra Sepúlveda, despedida del DIF tras impulsar la organización de sus compañeros de trabajo contra la precarización, en un sistema DIF cuya directora percibe un salario que súpera los 100mil pesos mensuales y 50 mil pesos en prestasiones, ganando más que el presidente.
La reducción de más de 20 mil plazas desde enero ha dejado a miles de familias sin sustento, en plena incertidumbre, sin más opción que la organización y la lucha contra los despidos injustificados. Es el caso de despedidos en el Instituto Mora, en el DIF, en múltiples alcaldías, en Canal 11, en el IMER y otros centros públicos.
Hoy el gobierno enfrenta millares de demandas por despido injustificado de decenas de miles de trabajadores a quien en los hechos obligó a renunciar, no renovó contratos o destituyó de sus funciones en el sector público.
Por eso desde la Agrupación #QueremosTrabajoDigno llamamos a organizarnos y enfrentar como uno solo este ataque, para exigir reconocimiento de la relación laboral y basificación, el cese de los despidos y la reinstalación de los cesados. Contra los recortes, exigimos que sean los empresarios los que asuman los costos de la austeridad, cobrando impuestos a sus grandes fortunas que son generadas con nuestro trabajo. Y a los altos funcionarios les exigimos que cobren como cualquier trabajador calificado o como una maestra, para así garantizar salarios que cubran la canasta básica y aumenten según la inflación.
Te invitamos a la siguiente asamblea de trabajadores estatales este sábado 20 de julio en el local del Sindicato Mexicano de Electricistas en Insurgentes a las 16hrs.
