REPRESIÓN. ¿Contra sí mismo?: el Estado pide ser querellante en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel

La secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó una presentación ante la justicia federal de Bariloche para ser querellante en el proceso judicial que busca determinar las responsabilidades por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido en noviembre de 2017, se informó en un comunicado.

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El asesinato de este joven a manos de las fuerzas represivas ocurrió el mismo año que la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, a manos de la Gerndarmería. El crimen de Nahuel es subproducto de la criminalización a los mapuches que llevaba años pero en ese período fue in crescendo.

A través de esta solicitud, la secretaría a cargo de Horacio Pietragalla Corti busca "impulsar la investigación por la muerte del joven mapuche, que según las pericias que constan en el expediente, fue asesinado por una bala de un miembro del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, durante un operativo por un conflicto territorial", indicaron en el texto.

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El operativo que se desplegó el 25 de noviembre de 2017 estuvo a cargo de la unidad Albatros en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, cuando integrantes de la comunidad reclamaban por tierras en la zona. En el marco de una protesta de similares características la Gendarmería reprimió salvajemente a la comunidad mapuche, en la jornada del 1° de agosto, día que desapareció Maldonado.

"Fueron seis los agentes que llevaron adelante la persecución en el predio que terminó en el asesinato", de Nahuel recuerda el texto.

De esta forma, con la solicitud de ser querellante, el Estado "busca dar una señal de repudio a los hechos de violencia institucional, contribuir a la búsqueda de Verdad y Justicia como paso fundamental para la no repetición de estos casos", puntualizaron las autoridades. Del mismo modo, se pretende "evitar que el Estado argentino sea condenado internacionalmente por violaciones a los derechos humanos".

Las señales del Estado sin embargo, no son más que eso, señales. No solo siguen impunes los responsables materiales y políticos de Nahuel y Maldonado, sino que durante la pandemia se recrudecieron los hechos de violencia institucional, policial y por parte del conjunto del aparato represivo. La desaparición y posterior hallazgo sin vida del joven Facundo Castro, después de haber sido detenido por la Policía Bonaerense, es un claro ejemplo. También lo demuestran otros casos como el de Luis Espinoza en Tucumán.

Hoy el Estado, a través del Ministerio de Seguridad, debería dar a publicidad todos los archivos que tiene sobre el caso de Rafael Nahuel, instruídos por la gestión anterior, para que la familia cuente con toda la información. No debería existir ningún secreto respecto de lo que fue el caso. Toda la información tiene que estar aportada al expediente judicial pero también debe tomar estado público. Por ahora esto no lo hizo ni el Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Derechos Humanos ni el Ministerio de Seguridad.

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