Así lo afirmaron los concejales del PTS-FITU ya que se debate un proyecto del oficialismo radical para establecer un amplio régimen de contratación “pública-privada”, que buscaría inversiones privadas para suplir la falta de recursos estatales, a cambio de numerosos beneficios para privados. Abre la puerta a que privados se hagan cargo de obras y servicios públicos tomados por la municipalidad hasta el momento.
Martes 13 de agosto de 2024 17:58
Durante esta mañana tuvo lugar una comisión en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, donde participaron el Secretario municipal de Obras Públicas, el de Planeamiento Urbano, y posteriormente representantes de la Cámara de Empresarios de la Construcción.
Se trata de un proyecto presentado por el bloque oficialista radical, en el cual se busca llevar adelante un régimen de contrataciones “pública-privada”, que abra el ámbito del estado municipal tanto en obras, como servicios a empresas privadas para que usufructúen los mismos.
Por el momento se trataría de avanzar en obras que tienen que ver con espacios en el Mercado Central de la calle Balcarce, el Edificio Municipal Central de la avenida Éxodo y otros más.
El objetivo del proyecto pretende “atraer” la inversión privada de empresas para “salvar” la baja en financiamiento estatal en la obra pública, producto de las políticas del gobierno nacional de Javier Milei y que a partir de esa inversión haya generación de puestos de trabajo y un “derrame” sobre la sociedad jujeña. El mismo cuento neoliberal de hace décadas, donde nunca hubo generación de puestos de trabajo, ni derrame.
Los concejales de la bancada del PTS-Frente de Izquierda cuestionaron varios puntos del citado proyecto. A continuación vamos a analizar los principales.
El Artículo 3° es uno de los más preocupantes, ya que plantean muy ampliamente que cualquier servicio u obra pública que tome el municipio pueda ser sujeto a ser tercerizado en manos privados. De esta manera se podría avanzar progresivamente en la privatización de áreas del municipio hacia el futuro, pesé a que desde el oficialismo plantean que no es su intención e insisten que los proyectos primero deberían pasar por el concejo y ser controlados por el mismo.
Sin embargo el caso del transporte urbano, la recolección en manos de LIMSA (cuya licitación nunca cerraron), el estacionamiento tarifado o el GIRSU, el oficialismo no ejerce ningún control sobre los privados, excede los tiempos de exigencia de estudios de costos que ellos mismos establecen, no responde los pedidos de informe con respecto a VIA PARKING, entre otros, no son los mejores antecedentes acerca de este punto. Además de garantizar negocios para aliados políticos o incluso familiares de altos funcionarios, como el caso de Terramaq S.R.L, cuya gerente es esposa del gobernador Sadir, que firmó hace poco un convenio ventajoso con GIRSU S.E.
En este sentido el control de estas contrataciones (Art. 33° y 35°) estaría por entero en manos del Departamento Ejecutivo y en una comisión de Seguimiento integrada por cuatro concejales. Sin embargo en este sentido, los concejales de la izquierda resaltaron que los contratos estarían completamente por fuera de un control y llegada directa de vecinos y trabajadores. Hace años que viene siendo la política del municipio eliminar instancias de audiencias públicas y procesos de participación ciudadana, tal como los llamaban ellos.
Por último en el Art. 8° se pagaría a los privados con pagos directos del municipio, beneficios tributarios, otorgamiento de derechos sobre determinados bienes del dominio público, e incluso otorgamiento de derechos, incluidos el de propiedad sobre bienes de dominio privado del Municipio. Nuevamente la receta neoliberal: dar todo tipo de ventajas, derechos y propiedades estatales para garantizar “inversiones” privadas, pero estos terminan poniendo por delante sus ganancias por sobre los servicios o contrapartes que deberían prestar a la comunidad, sin garantizar una creación cualitativa de puestos de trabajo, ni mucho menos la ya tan gastada frase de “derrame” para los sectores populares.
El proyecto de articulación entre público y privado, es un capítulo más donde se profundiza la lógica privatista de la era menemista y que actualmente busca revisitar el gobierno de Javier Milei. Pese a un discurso crítico de parte del oficialismo radical capitalino con el gobierno “libertario”, es clara la sintonía con el gobierno nacional a la hora de aplicar fuertes tarifazos contra el pueblo trabajador y avanzar sobre mayor privatización de servicios y obras públicas.
Es necesario una alternativa, donde las grandes necesidades de empleo, servicios y obras que tiene el pueblo trabajador, sean llevadas adelantes por un gran plan de obras públicas, controlados por trabajadores y vecinos, basada en el cobro progresivo a la grandes fortunas nacionales y extranjeras y el no pago de la deuda externa.
Década tras década los gobiernos peronistas, radicales y ahora libertarios han gobernado para dar lugar a grandes negocios para privados prometiendo a las mayorías populares, empleo y derrame que jamás sucede. Solo los trabajadores organizándose por abajo son capaces de hacer frente a estos planes y plantear una alternativa propia. Esa es la perspectiva por la que se juega el PTS en el Frente de Izquierda Unidad.
