La empresa elegida en la licitación de este sistema había sido multada con más de $164 millones por el Registro Civil el año pasado. Mientras, en la aplicación de este cuestionado control preventivo heredado de dictadura, un carabinero asesina a tiros a un joven en Panguipulli.
Sábado 6 de febrero de 2021
Durante la tarde de ayer, en Panguipulli, el sargento segundo de Carabineros, Juan González Iturra asesinó a tiros a Francisco Martínez, joven malabarista de 25 años que vivía en la calle y que era conocido y muy querido por los habitantes de la ciudad, según sus mismas declaraciones. Francisco era tío de Antony Araya, el joven que fue tirado al Río Mapocho por otro carabinero hace un par de meses. La policía frecuentemente lo hostigaba, ya que participaba de actividades y manifestaciones a favor del pueblo Mapuche y participaba activamente de la Asamblea Territorial Plurinacional de la ciudad.
El carabinero que lo mató está ahora detenido y hoy pasaría a control de detención. Francisco es otra víctima más de una institución criminal llamada Carabineros de Chile, respaldada y financiada por el Estado. Es necesario recordar que el control preventivo de identidad fue aprobado a finales del 2019 como parte de la agenda represiva del gobierno de Piñera, con Chadwick como Ministro del Interior, y ha sido utilizado como herramienta represiva por la policía.
La cuestionada licitación de Carabineros en el control preventivo
En diciembre del año pasado, la empresa Idemia Identity & Security Chile, se adjudicó un negocio que consiste en el arriendo de 4.000 sistemas móviles de consulta, equipos necesarios para realizar los habituales controles de identidad a la ciudadanía, para esto, el Estado desembolsó $24.393.781.440. Cifra que indigna, ya que el presupuesto para la policía sobrepasa inmensamente, por ejemplo, al de la salud, indispensable en contexto de pandemia mundial.
Idemia Identity & Security Chile, fue multada con más de $164 millones por el Registro Civil en septiembre del año pasado, ya que “se negó a dar el acceso a información que era fundamental para una investigación que realizaba la entidad pública respecto de la falsificación de cédulas y pasaportes de parte de funcionarios”, según informa el medio Interferencia. En el concurso público de la actual licitación del Registro Civil “para el nuevo sistema de identificación, documentos de identidad y viaje (US$480 millones)”, hay quienes denuncian que se omitió información durante el concurso público para beneficiar a la empresa y que ésta obtuviera la licitación, Idemia no habría contado con ciertos requerimientos que se exigían. En 2017, el Banco Mundial suspendió por dos años y medio a la compañía por actos de corrupción. En 2019, la empresa tuvo problemas legales con el gobierno de Ecuador, fue declarada como “adjudicatario fallido” por este en un caso similar con el del Registro Civil.
El control preventivo de identidad es utilizado como una herramienta represiva hacia la juventud y el pueblo más pobre, rescatada por el gobierno de Piñera del período de la dictadura militar y que entrega mayores atribuciones a carabineros. Hoy por hoy el control preventivo está nuevamente en tela de juicio por el asesinato de Francisco en Panguipulli, así como también por los dudosos procedimientos internos de la institución que adjudicaron a una cuestionada empresa el arriendo de equipos, dentro de una nutrida historia de manejo fraudulento de dineros públicos por parte de Carabineros. Y no sólo es el control preventivo el que está en tela de juicio, si no la validez de la institución completa.
