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Red Internacional
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CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. Convención Constitucional: Discusión de normativas para inhabilitar por conflictos de interés

Esta semana, la pauta de la Convención fue la discusión por el reglamento. En los próximos días se incluirá la existencia de criterios de inhabilidades por conflictos de interés. Cuestión controversial, puesto que una de las demandas más sentidas es la recuperación del agua en manos de privados, sin embargo, dicha inhabilidad (aunque necesaria) no implica necesariamente un triunfo en materia democrática.

Sábado 24 de julio de 2021

La discusión actual con respecto a criterios de inhabilidad por conflictos de interés, puede dejar sin voto a convencionales en materias claves. Estas serán revisadas tanto en la posesión de derechos de aprovechamiento de recursos naturales o el recibir aportes de campañas por parte de mineras, centros educativos, inmobiliarias, etc.

Constituyentes como Luis Mayol (RN), ligado a derechos de agua que utiliza para regar sus negocios agrícolas no está dispuesto a renunciar a su voto y, de manera absurda, señaló que la legislación no puede ser muy estricta porque puede inhibir a muchas personas en la participación:

“Cuando tratemos el tema de las pensiones, yo creo que casi todos tienen fondo de pensiones. O sea, habría un interés ahí también. Cuando tratemos el tema del derecho de propiedad, casi todos los chilenos somos propietarios de bienes raíces. Entonces, tiene que haber límites muy estrictos y muy claros para poder darle curso fluido al proceso constituyente”

Comentario con el que busca comparar la pertenencia a determinada AFP (que es obligatoria de tener y que la mayoría quiere su fin) con la posesión de negocios económicos. Según un reportaje de Ciper Chile (ver acá), hay al menos 12 convencionales que tienen concesiones o derechos de agua asociados a su nombre, familiares o sociedades en las que están relacionados

En otro artículo de Ciper Chile, Claudio Fuentes, cientista político e investigador, señaló que la Convención se regirá por Ley de Probidad, “que obliga a declarar patrimonio y conflictos de interés y por la Ley de Lobby que establece el registro de audiencias concedidas, regalos y viajes” [1]

Actualmente, existen inhabilidades de autoridades como ministros, subsecretarios e intendencia, lo que no se ha traducido en prácticas exentas de conflictos de interés, y en general vemos que en el parlamento se han aprobado innumerables leyes que benefician al empresariado. Vemos que así, la independencia con respecto a los negocios debe ser vista desde otra arista, desde los conflictos de clase, de ahí la vigencia de esta formulación, puesto que es la única que pone las necesidades del pueblo trabajador por delante.