La precarización se da en los dos extremos de los asalariados: por un lado, los que están en negro que no saben cuánto tiempo van a trabajar ni dónde, y en la otra punta trabajadores en blanco que con cada nuevo contrato y convenio firmado ven precarizarse exponencialmente sus puestos de trabajo.
Sábado 1ro de junio de 2019 21:50
Argentina posee una de las peores tasas de mortalidad laboral, en el orden del 8,4% cada 100 mil trabajadores. En concreto significan 760 muertes al año y más de 600 mil trabajadores que se enferman o accidentan. Comparativamente, las peores tasas de Europa las tienen Rumania con 7 y Lituania con 6.
En los 90, como culminación de las leyes de flexibilización laboral, se terminaron de modificar gran parte de los convenios colectivos de trabajo, terminado así con una de las grandes conquistas logradas con los convenios por rama de los años 70. Allí la precarización de la tercerización no existía, a pesar de que crecía la burocracia sindical y avanzaba en la división de los trabajadores. Antes si por ejemplo trabajabas en una metalúrgica, sin importar cual fuese tu tarea, pertenecías al gremio metalúrgico. Los sucesivos gobiernos avanzarían en completar lo que los gobiernos militares habían empezado, pugnado por terminar con la organización de los trabajadores y sus logros. En el nuevo paradigma del neoliberalismo de los 90 se profundizó la precarización mediante la tercerización, bajo el lema de “bajar los costos laborales”. Así comenzaron a surgir varios gremios con distintos convenios en un mismo lugar de trabajo, lo que llevó a que en los hechos existan trabajadores de primera y de segunda, los contratos sean más precarios y los trabajadores empiecen a ser descartables.
En esa década se avanzó sobre todas estas conquistas bajo el discurso de ser más flexibles para ser más competitivos. La flexibilidad se transformó en el común denominador de los trabajos a producción, ya no por un sueldo básico o especialización sino por la producción que el patrón quiera lograr; ser tercerizado y con suerte no monotributista, se convirtió en algo cada vez más común.
Ninguno de los gobiernos, sean de Cambiemos o peronistas, en todas sus variantes, tuvo intención alguna de acabar con la famosa ley Banelco, que abrió la puerta a la precarización, la extensión de los períodos de prueba, los convenios por empresa. Y mucho menos cualquier reforma que impida los despidos o contratos basura. Un ejemplo de estos acuerdos por empresa se vio con frecuencia a finales del gobierno de Cristina Fernández, donde el propio Ministerio de Trabajo dijo que tenía orden de dejar pasar los despidos porque era un acuerdo con los empresarios.
La nueva precarización
En el gobierno de los CEO nuevamente avanzaron sobre las conquistas que quedaban, con ayuda de los socios de las centrales sindicales, que hoy en día están más cerca de ser parte de la gerencia que de los trabajadores. Volvieron al discurso de los costos, de la necesidad de ser más flexibles y demás. Se vanagloriaron del convenio de Vaca Muerta, donde no solo flexibilizaron y redujeron puestos de trabajo, sino que avanzaron violentamente sobre la seguridad de los trabajadores cambiando las condiciones conforme las necesidades de las empresas. Mágicamente lo que antes era peligroso, como trabajar con cargas en altura con vientos fuertes, dejó de serlo y quedaba sujeto a lo que diga el company man, el supervisor de la empresa. Los trabajos nocturnos que antes no se realizaban por las condiciones climáticas o por la geografía del desolado terreno, también quedaron sujetos a la misma lógica. Las jornadas de 12 horas se naturalizaron, como si estar dos o tres semanas en el campo, lejos de las familias, no fuera ya tensión suficiente.
Hoy queda más claro el porqué de las denuncias que venimos realizando sobre este tema. Hay ocho muertos y decenas de heridos a un año nada más de la implementación del nuevo convenio.
Las dos últimas muertes ocurrieron cuando Cristian se cayó en un tanque, sin medidas de prevención y sin los elementos de seguridad suficientes, y su compañero Maximiliano desesperado se tiró para intentar salvarlo. Dos nuevas muertes, no por la solidaridad que tenemos los trabajadores, sino por la negligencia permanente de las empresas que llevan los ritmos al extremo y ahorran en los elementos de seguridad. Se trata de trabajadores a los que les dicen bien pagos, sin considerar todas estas situaciones que hoy son literalmente de vida o muerte.
Los convenios que quedan
La mayoría de los convenios colectivos de trabajo están vencidos, hace años que deberían haberse actualizado. En vez de eso, en los últimos años se han ido modificando levemente, siempre en detrimento de los trabajadores. Los más afortunados han conseguido algún dinero por el stand-by de la negociación de convenio, y en las peores situaciones, con suerte tiene convenio. Una de las cláusulas fuertes que tienen dichos acuerdos es que todo está sujeto a un artículo que deja prácticamente sin efecto todo el convenio, priorizando los acuerdos individuales por empresas. Esto aumentó la fragmentación de las ramas, de los sueldos, de las condiciones de trabajo. Y es la punta de lanza de la reforma laboral que no pudieron implantar. Quieren lograr que cada empresa fije sus pautas de trabajo y condiciones, no solo por fuera de las condiciones mínimas de seguridad, sino con las condiciones que la empresa quiera imponer. Un ejemplo de esto es el reciente caso de Electrolux, donde la empresa exigía procesar penalmente a los trabajadores que reclamaban por sus puestos de trabajo, mientras negociaba abiertamente con la fiscal cómo reprimirlos. A todo esto, se trataba de un reclamo que la propia justicia ordenó que se resuelva por la vía laboral.
Los no reconocidos: tercerizados y 5 millones de trabajadores en negro
Las empresas de servicios han llevado la situación al extremo, sin siquiera reconocer a los trabajadores como parte de su propia planta; están en negro o son monotributistas. Más allá del fraude laboral que todos vemos menos la justicia, aquí la vida de los trabajadores no vale nada. Lo vimos con laburantes de Rappi muertos en el cumplimiento del deber, como soldados del capital cayendo sin sentido. Sin ningún contrato, sin ninguna cobertura médica y cobrando a producción, corriendo por un peso y arriesgando la vida en cada esquina. He visto cómo los trabajadores tercerizados de Telefónica y Telecom, los contratas, se morían por no tener las herramientas o condiciones de trabajo garantizadas. Eso pasó con Javier, un compañero que se cayó de un tinglado por terminar el trabajo más rápido de noche, muriendo en brazos de su hermano que trabajaba con él. Y con Sergio, un pibe que iba ser papá, calcinado en la refinería de Shell en el Docke. Son ellos, los contratas, que los empresarios quieren que no tengan nombres, buscando acallar con dinero a las familias dolidas para que no denuncien la barbarie de las empresas y los gremios. Estos casos van en aumento, porque es el tipo de trabajo que quieren naturalizar.
La precarización se da en los dos extremos de los asalariados: por un lado, los que están en negro que no saben cuánto tiempo van a trabajar ni dónde, y en la otra punta trabajadores en blanco, existe un grupo que no saben si vuelven del trabajo en una caja o con el telegrama de despido.
Mientras esto pasa, el gobierno avanza en leyes y regulaciones para asegurar las ganancias de las empresas y despegarlas de la gente que rompe o mata, modificando las reglamentaciones de las ART para que puedan desligarse de las lesiones que el mismo trabajo genera, mezclándolas con enfermedades preexistentes. A mediados del 2018 se registraban más de 300 mil juicios abiertos por accidentes laborales. En estos días algunos grandes medios que son aliados del gobierno sacan notas elogiosas sobre la disminución de lo que desde el mismo gobierno llamaron la “industria del juicio laboral”, que en los hechos significa que muchos casos que debieran llegar a juicio son rebotados por la justicia puesta al servicio de las patronales, y las vidas de obreras y obreros quedan truncadas sin un mínimo resarcimiento ni reconocimiento para paliar la situación.
El FMI en la vida cotidiana
Todo esto no es un hecho aislado; desde lo público a lo privado, en el marco de un ajuste generalizado, todos los trabajadores pagaremos en dinero y con nuestros cuerpos estas medidas que irán en incremento. Este nuevo endeudamiento de la Argentina significa embargar nuestras vidas para pagar una deuda ilegal, mientras las ganacias siguen fugándose de a millones. Cuando decimos que no hay que pagar la deuda al FMI, no implica solo dejar de embargar las “joyas de la abuela” e hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos, si no que en lo cotidiano trabajamos por un plato de comida rogando no morir en el intento. No queremos ser la Grecia de América Latina, con una economía devastada.
Mientras las empresas cierran y se acumulan los preventivos de crisis (la mayoría de ellos fraudulentos) las fábricas bajo control obrero no solo podrían mantener los puestos de trabajo e incluso pueden crear puestos nuevos, y pueden abastecer al Estado con mejor calidad y precio. Así como los trabajadores de Madygraf propusieron producir manuales y cuadernos para las escuelas y entidades públicas con mejor calidad y menor precio, los pequeños productores pueden vender directo al Estado, garantizado precio y calidad. Pero hoy estas cooperativas ven severamente amenazada su supervivencia. Los funcionarios continúan beneficiando a empresarios que venden su producción a valores mucho más caros, como parte de las negociaciones habituales en el terreno de las licitaciones y compras directas por parte del Estado. Esto sería posible si existieran licitaciones transparentes y un programa para ayudar a las empresas recuperadas. Pero al contrario, siguen favoreciendo a multinacionales y especuladores
