Fallo envenenado. Coparticipación: cómo sigue la puja Larreta-Corte vs. Alberto-Cristina

Según la información que fuentes de ambos “bandos” proveen a los medios que les son afines, se puede anticipar que la pelea por los fondos millonarios que, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la semana pasada, el gobierno del Frente de Todos le debería devolver a la administración cambiemita de la Ciudad de Buenos Aires, no pinta con terminar pronto ni mucho menos de forma “pacífica”. Menos aún estando a las puertas del comienzo de un año que tendrá a las elecciones presidenciales como punto central de la agenda.

La novedad de este lunes es que el presidente Alberto Fernández finalmente anunció que depositará, en forma de bonos TX31, los fondos que reclama Horacio Rodríguez Larreta. Lo hizo por Twitter, al informar que instruyó a sus funcionarios a abrir una cuenta del Banco Nación para depositar esos papeles financieros a fin de no incumplir el fallo de la Corte. Se desconoce aún si el gobierno porteño aceptará esos bonos como forma de pago en lugar de dinero contante y sonante.

El “alimento” que le da la Corte a la grieta entre las coaliciones gobernantes motivó el inmediato alineamiento de diversos sectores, desde gobernadores hasta “intelectuales”, con cada uno de los bandos en disputa. Algo que, como ya se escribió en este sitio, no es otra cosa que “una fisura más” en el régimen capitalista argentino, “con partidos y poderes en crisis que vienen deslegitimados por distintos escándalos de corrupción y por mostrarse cada día más alejado de las necesidades de las mayorías trabajadoras y populares”.

Así lo denunciaba la legisladora del FIT, Alejandrina Barry, en la pasada sesión extraordinaria de la Legislatura porteña “Aquí estamos viviendo un nuevo capítulo de la disputa de los partidos tradicionales por la caja del Estado donde la población es rehén. Una disputa entre el gobierno nacional, de la Ciudad y gobernadores que se pelean por una caja que no viene a solucionar ninguno de los problemas de las mayorías populares”. Acá podés ver su intervención completa.

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Tira y afloje

La sentencia firmada la semana pasada por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ordena al gobierno nacional la entrega de un 2,95 % de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, en lugar del 2,3 % que se le da desde fines de 2020.

Vale recordar que en septiembre de ese año, en medio de la extorsión a mano armada de la Policía Bonaerense por “mejores ingresos”, Alberto Fernández decretó financiar el aporte de fondos extras a la provincia gobernada por Axel Kicillof con la reducción del dinero que se le giraba a CABA. Desde la presidencia de Mauricio Macri esos giros representaban un 3,5 % de los fondos coparticipables. El decreto de Fernández luego fue convalidado con la promulgación de la ley 27.606.

Obviamente hasta ahora la Casa Rosada no transfirió ni un peso de lo ordenado por la Corte, que se estima que son unos $ 180.000 millones más de los que ya percibe Horacio Rodríguez Larreta de coparticipación.

Hasta ahora lo que se sabe es que el Procurador del Tesoro de la Nación (jefe de los abogados del Estado) Carlos Zannini presentaría ante la Corte esta misma semana (antes del miércoles por los tiempos procesales) un recurso de “revocatoria in extremis”, es decir un pedido para que el máximo tribunal del país se desdiga de lo ya firmado. El argumento, ya expresado por infinidad de funcionarios nacionales y avalado por 14 gobernadores aliados de la Rosada, es que el fallo de los supremos es “incumpible, inédito y político”.

A su vez, las fuentes afirman que el Presidente llamará a sesiones extraordinarias del Congreso. Allí, además de tratar, entre otros proyectos, la “ley de moratoria previsional”, se presentaría uno para modificar el Presupuesto 2023 (votado recientemente) e incluso otro para crear nuevos impuestos con los que obtener los recursos para pagar lo que exige la Corte. Las voces más “institucionalistas” del oficialismo argumentan que lo que se quiere evitar es violar la Ley de Presupuesto, que prohíbe el uso de fondos con fines diferentes a los que ya fueron sansionados.

Dato aparte es el silencio sobre este asunto por parte de Sergio Massa, el ministro de Economía que debería encargarse de habilitar el dinero ordenado por la Corte. Más allá de sus cálculos políticos electorales, Massa se enfrenta a la incómoda situación de actuar en línea con su propio Gobierno a la vez de procurar “no hacer ruido” en su histórica relación con los sectores más conservadores, como lo son el Poder Judicial y los voceros mediáticos de la derecha.

La política por otros medios

Que el fallo de la Corte es “político” no es ningún hallazgo del Frente de Todos. Gran parte de los fallos del máximo tribunal lo son, sobre todo en un régimen político-institucional donde los cargos y la estructura del Poder Judicial se constituyen a partir de todo tipo de negociados y prebendas. Hoy la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner incorpora a su discurso la acusación de que ya no hay un Poder Judicial sino un “Partido Judicial”, como si durante sus gobiernos y el de su esposo la cosa hubiera sido diferente. Lo que cambia es la orientación política (circunstancial) de los jueces y fiscales, no el carácter político de sus sentencias.

El Gobierno apuesta a postergar al máximo el momento de pagarle en efectivo a la Ciudad los fondos extras de coparticipación. Para eso, además del recurso de “revocatoria in extremis” ante la Corte, le tiraría la pelota al Congreso para que decida si vota nuevos impuestos (por ejemplo, al juego o a las transacciones financieras) y/o modifica el Presupuesto 2023.

En ambos casos, debería contar para ello con los votos de diputados y senadores de todas las provincias. Sin embargo, de cara a un año en el que la obtención de fondos es “vital” para la campaña electoral, no es seguro que proyectos de ese tipo puedan prosperar. Los gobernadores buscarán retener cada centavo de sus arcas como si fueran gotas de agua en un desierto.

Respecto al recurso de “revocatoria in extremis” que Zannini viene redactando desde el fin de semana navideño, la idea oficial es que al presentarlo se estaría desactivando el “incumplimiento” del fallo de la Corte. Según el propio Horacio Rodríguez Larreta dijo en conferencia de prensa al finalizar la semana pasada, los abogados del gobierno porteño están prestos para denunciar una “mora” que habría comenzado el mismo miércoles en el que se conoció la sentencia.

Técnicamente, el giro de fondos por Coparticipación tiene un método establecido. Primero la AFIP envía al Banco Nación el dinero que recauda y corresponde a ese ítem. La entidad que conduce Silvina Batakis recibe esos fondos y, previa aplicación del coeficiente estipulado por ley, los distribuye a cada provincia y a la CABA. La Corte debe notificar su fallo al Banco Nación y éste hacer el débito correspondiente.

Las “fuentes” del lado del gobierno porteño insisten en que Larreta se presentará ante la Corte para solicitar “que se cumpla el fallo”. Pero como dentro de una semana comienza la feria judicial, Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti tendrán que resolver si finalmente abren la feria o patean todo para febrero.

Este martes, en Avellaneda, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a hablar en público ante la militancia de su espacio. Lo hará junto al intendente y exministro Jorge Ferraresi. Se especula que uno de los puntos de su discurso será, precisamente, el fallo de la Corte sobre la Coparticipación, que usará como un “ejemplo” más de la avanzada judicial contra el “gobierno nacional y popular”.

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Más allá de las retóricas kirchneristas, cada vez menos convincentes para millones de laburantes, la nueva “acordada” de los supremos no hace más que alimentar una disputa interburguesa en la que la Corte Suprema se posiciona como “árbitro” en la situación política, definiendo a favor o en contra de las distintas fracciones del régimen capitalista. Así lo denunció la legisladora del FIT, Alejandrina Barry, en la pasada sesión extraordinaria de la Legislatura porteña “Aquí estamos viviendo un nuevo capítulo de la disputa de los partidos tradicionales por la caja del Estado donde la población es rehén. Una disputa entre el gobierno nacional, de la Ciudad y gobernadores que se pelean por una caja que no viene a solucionar ninguno de los problemas de las mayorías populares”.

Como viene insistiendo La Izquierda Diario, la grieta del bicoalicionismo gobernante sigue abriendo nuevos capítulos que profundizan la crisis del propio régimen. Pero ello no va en detrimento de ciertos acuerdos en los que no hay ni disputas ni fisuras. Por ejemplo, cuando se trata de descargar la crisis económica sobre las espaldas del pueblo trabajador, aprobando leyes de ajuste al servicio del Fondo Monetario Internacional como se vio con los recortes votados en el Presupuesto 2023.