El gobernador Martín LLaryora lanzó una campaña de difamación contra las y los trabajadores de la salud, el sector más afectado por los cerca de 1200 despidos ordenados por el gobierno en toda la provincia.
Viernes 5 de enero de 2024 18:42
En un comunicado oficial, el gobierno de Córdoba busca responsabilizar a las y los trabajadores por ser supuestamente “ineficientes”, sosteniendo que el ausentismo en “algunos” hospitales públicos es del 60%. Asimismo, señala que mientras en el sector privado un médico atiende un promedio de 20 consultas diarias, en el sector público el promedio es de 8,3.
Junto a estas acusaciones, anunció que pondrá en marcha un nuevo esquema de control para reducir las ausencias en los centros de salud. Vamos por partes: En primer lugar, cabe aclarar que medir la funcionalidad del sistema por promedio de cantidad de pacientes atendidos es un parámetro peligroso, ya que más cantidad no necesariamente equivale a calidad en la atención, cuestión que requiere tiempo dedicado al paciente. Pero a Llaryora no le interesa discutir promedios para hacer más funcional el sistema. De conjunto, este no es más que un intento de poner a la población en contra de las y los trabajadores, haciéndolos responsables de los déficits en el sistema sanitario cuando el propio gobierno es responsable del desfinanciamiento de la salud. Como destaca un informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) los recursos destinados a salud en el Presupuesto 2023 de la provincia sufrieron un ajuste del 3,6 %, ya que no sólo perdieron participación en el global de los recursos del Presupuesto sino que cayeron en términos reales por la inflación. Ahora Llaryora busca profundizar el ajuste en la salud y la educación para destinar más recursos al pago de la deuda provincial, que con la devaluación del gobierno de Milei asciende a 1,8 billones de pesos. El desfinanciamiento en la salud se refleja en falta de insumos, del personal necesario, y en la permanencia de una estructura laboral hiper-precarizada con miles de trabajadoras y trabajadores bajo condición de monotributistas, contratados y distintos modos de fraude laboral alentados por el estado.
Los despidos que ahora ordena Llaryora profundizarán la falta de personal, lo que no solamente llevará a una sobrecarga laboral de las y los trabajadores sino que será sufrido también los pacientes, que en momentos de crisis y ajuste más necesitan recurrir a la salud pública. Según los registros del programa nacional SUMAR, entre el primer cuatrimestre del 2022 y el primer cuatrimestre de 2023, creció un 46% la cantidad de prestaciones médicas en centros de salud públicos de la provincia. Mientras en 2020 la cantidad de personas sin obra social (CPE) era de 1.392.314, en 2023 la cifra llegó a 1.811.776, lo que implica que casi medio millón de personas se quedaron sin seguro de salud en los últimos tres años, recurriendo a la salud pública. Mientras la población más necesita acceder a la salud pública, en lugar de destinar más recursos y personal, Llaryora la desfinancia y responsabiliza a las y los trabajadores. Pero el cinismo del gobernador está atravesando todos los límites posibles, ya que con el discurso de la “ineficiencia” de los trabajadores del sector público que le copió a Milei, no sólo busca aval social para ajustes sobrea la salud y la educación sino que busca legitimar el despido de trabajadoras que estaban cursando licencias por enfermedad o embarazo. Como el caso de Rina, enfermera licenciada especialista en epidemiología , despedida luego de cursar una licencia por cáncer el año pasado:
El mensaje para los que quedan es aleccionador: no se podrá faltar ni estando enfermo o embarazada, a riesgo de ser acusado de “ineficiente” y potencialmente despedido. Más “pituquito de recoleta” no se consigue. Lo señalaba claramente una trabajadora del Nuevo Hospital Río Cuarto en la asamblea realizada en el día de hoy: “nadie elige enfermarse, que se le muera un familiar, situaciones que implican dolor y tener que hacer un tratamiento. Y estamos viendo que el gobierno, al mejor estilo de cualquier empresa privada nos descarta cuando ya no servimos. Para este gobierno la salud es una mercancía más.” A tal punto es así que el gobierno históricamente busca ahorrar recursos extendiendo la precarización: Rina cuenta que de 44 enfermeros en la UTI del Hospital Misercordia sólo 7 están en planta permanente, una realidad común a los hospitales y centros de salud.
Llaryora busca montar una campaña para desprestigiar a quienes en la pandemia cumplieron un papel fundamental, estando en la primera línea del combate al virus y arriesgando sus vidas para salvar a la población. Como reflexionó una trabajadora despedida de UTI del Hospital Misericordia “En la pandemia fuimos útiles, esenciales como nos solían decir. Ahora nos dan vuelta la cara, violentan nuestros derechos, por eso les pedimos que nos acompañen a marchar este martes 9.”
Frente a los ataques del gobierno provincial, desde las bases en las asambleas de distintos hospitales se comenzó a discutir la necesidad de unificar acciones a nivel provincial.
En ese marco, ATE-Córdoba llamó a paro provincial de trabajadoras y trabajadores estatales, donde se espera que confluyan distintas áreas. Es necesario convertir al paro y movilización en una gran jornada contra la política de ajuste del gobierno provincial, hacia la preparación del paro activo del 24 de enero contra el ajuste del gobierno de Milei.
