Fue convocada por el colectivo Jóvenes por Nuestros Derechos y organizaciones en contra del Código, aprobado en diciembre de 2015 y que ayer entró en vigencia.
Sábado 2 de abril de 2016
En un comunicado emitido llamando a la concentración y radio abierta, a las 16 horas en la plaza del Fundador expresaron en relación al nuevo Código de Convivencia Ciudadana: “Entra en vigencia un nuevo intento del Gobierno Provincial de lavarle la cara a su política represiva de Seguridad y particularmente a las prácticas ilegales de su Policía. Tanto el Código de Faltas como el Código de Convivencia que se comienza a implementar, presentan numerosas figuras inconstitucionales, que tienen por objeto seguir legitimando las prácticas policiales y la connivencia entre esta institución y los poderes legislativo y judicial”.
Durante la radio abierta, las distintas voces coincidieron en señalar que el nuevo código sigue siendo ambiguo, con figuras vagas que habilitan la arbitrariedad policial y están dirigidas a criminalizar la pobreza y la protesta social. Entre ellas la cuestionada figura del “merodeo” del anterior Código de Faltas, que en el actual es reemplazado por el de “conducta sospechosa” término “amplio y vago que sigue dando lugar al exceso y abuso de poder en manos del poder de policía”.
“El límite impuesto por la ley no llega a ser un límite real que proteja los derechos básicos de los ciudadanos, convirtiéndose en una ley de manifiesta inconstitucionalidad. Sigue siendo la Policía de Córdoba la que tiene la ilegítima facultad según puras subjetividades y prejuicios, de decidir cuándo una persona está infringiendo la ley”, destacaron.
Asimismo señalaron herramientas presentes en el nuevo código que se pueden ver como un avance, el cual remarcaron es producto de las luchas llevadas adelante y no por el interés de los gobiernos en garantizar los derechos de los ciudadanos, entre ellas están que un ayudante de fiscal debe garantizar que el procedimiento se realice de acuerdo a la ley y por cualquier acusación de contravención tenemos el derecho de solicitar un abogado, sin embargo la capacidad de juzgamiento se concede al Ministerio Público Fiscal y no a un juez, no se establecen topes para las sanciones de trabajo voluntario, multa, arresto y varias de las figuras se superponen con sanciones del Código Penal.
Lorena Barraza, hermana de Ezequiel asesinado por la policía, denunció “ahora más que nunca tenemos que estar todas las organizaciones unidas, porque el aparato represivo tiene cada día más garantizada la impunidad. Este nuevo código nos falta el respeto, nos está criminalizando más, está condenando a la sociedad más pobre, nos está encerrando y excluyendo, nuestros pibes no pueden salir a la calle, por ejemplo mis hijos fueron detenidos en ciudad universitaria, un lugar donde no debería estar la policía provincial. Dijeron que iba a haber pobreza cero, la va a haber pero matándonos, encerrándonos en la cárcel, excluyéndonos de un sistema de salud que está cada vez más privatizado. Debemos unirnos y organizarnos para decir ¡Basta!”
El actual Código de Convivencia Ciudadana (CCC) de la Provincia de Córdoba (Ley 10326) fue aprobado por mayoría en la Legislatura Unicameral en diciembre de 2015, postergado su tratamiento en múltiples oportunidades, coincidió con el juicio a un excomisario condenado por el abuso sistemático de la utilización del Código de Faltas con el fin de engrosar estadísticas que mostraran el “buen trabajo” que realizaba en materia de prevención del delito.
La iniciativa contó con el respaldo de la mayoría del arco político de la Unicameral: Unión por Córdoba, Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Encuentro Vecinal Córdoba, Consenso Córdoba y el Frente para la Victoria. La excepción fue el Frente de Izquierda que votó en contra.
