Córdoba / Docentes. Córdoba: Los docentes del Lamarca defienden la educación y el trabajo

Hoy a partir de las ocho de la mañana los docentes del Colegio Lamarca se dieron cita en la escuela. Al llegar comprobaron que habían cambiado la cerradura. Los docentes habían realizado retención de servicios los días previos en reclamo del pago de las deudas salariales y hoy fueron para tomar los exámenes. Estuvieron acompañados por la comunidad educativa y acercaron su solidaridad los delegados de la Agrupación Docente D-Base Lista Fucsia.

La política del Estado

Todo el tiempo que estuvieron los docentes en la vereda de la escuela, en frente, en un auto, estuvo una persona de la confianza del representante legal y supuesto propietario, Carlos Forno. Fueron dirigentes de UEPC y dos inspectores de la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza (DIPE). El gran acuerdo de origen entre estos actores es la defensa de la educación como un negocio.

Como señaló la docente Nilda Mediavilla a Canal 12, "si esta escuela funcionó fue por haber contado con la autorización estatal, que estuvo durante seis años aún cuando no se cumplimentaron requisitos elementales como que la entidad propietaria fuera solvente y tuviera bienes a su nombre". "November Group SRL es propietaria de esta escuela y de la Julieta Delfino de Villa Carlos Paz, escuela que tiene aportes estatales. Al día de hoy los docentes no conocen ninguna resolución de la DIPE en relación a la escuela Julieta Delfino, mientras que la DIPE permite que se cierre la escuela Emilio Lamarca".

La solución que le ofrece la DIPE es la ubicación de los chicos, pero no dice nada de recuperar el dinero de los padres que han sido estafados ni de velar por los puestos de trabajo de los docentes que a lo largo de estos años han sostenido el proyecto pedagógico. Hay padres que pagaron el año por adelantado y además las matrículas, en una escuela cuya cuota es de unos 6500 pesos, mientras que el último sueldo que cobraron los docentes fue octubre.

Para que funcione una escuela como negocio, el mismo Ministerio de Educación relativizó la importancia de la ley. Cuando los docentes, preocupados por su trabajo y por la educación de sus alumnos le pidieron al ministro Grahovac una reunión mediante una nota, ni siquiera les respondió. Dicen que al día de hoy esperan esa respuesta. Está muy claro a quiénes responde el ministro Grahovac.

Dos perspectivas: con el estafador o con los trabajadores

La coincidencia de la política del ministerio y el sindicato tiene como denominador común que en ambos casos es la política del peronismo. Veamos qué sostiene esa política.

Desde la conducción de UEPC se viene intentando orientar los reclamos hacia el cobro de la deuda salarial. Como la entidad propietaria ha mostrado no tener la voluntad de pagar -y no tendría nada a su nombre- sólo queda recurrir a la justicia. Los docentes dicen que van a intentar la vía judicial para cobrar pero están casi convencidos que no tiene ningún propósito.

El argumento más brutal lo esgrime la conducción cuando le dice a los docentes que el Estado no se puede hacer cargo que cierre una escuela privada porque es como si cerrara una fábrica. Se parecen en que ambos son negocios. No se parecen en que la escuela brinda educación, un derecho básico universalmente reconocido como tal. La conducción del sindicato no reconoce la educación como derecho, sino el negocio.

Aun en el caso de que fabricasen cerámicos, habría una salida para que los trabajadores no se quedasen en la calle: las empresas recuperadas como Zanón, Brukman, el Bauen, Madygraf o en esta provincia la Clínica Junín o el diario Comercio y Justicia constituyen ejemplos de luchas que no partieron de respetar el derecho del dueño sino de cuidar la fuente de trabajo y brindar un bien o servicio útil a la sociedad. Que el sindicato tenga como bandera la defensa de la propiedad por sobre la defensa del derecho a cuidar la fuente de trabajo es muy fuerte. Máxime cuando, como lo reconoció una mamá de la escuela a este diario, la escuela salió adelante por el trabajo de los docentes para construir y sostener un proyecto pedagógico, no por el dueño.

A veces el fundamento de los argumentos de la conducción encuentra su anclaje en la legalidad. Esa misma legalidad que el dueño consiguió burlar durante años, hoy es una vaca sagrada a la que sería posible sacrificar incluso el ser único sostén de familia y quedar en la calle sin empleo en pleno enero. Qué puede significar que el Estado no tiene una relación contractual con los docentes de las escuelas privadas, sino el sacarle la responsabilidad al ministro de resolver la situación desesperante en que se encuentran los docentes...por una decisión política que fue de responsabilidad exclusiva del ministro Grahovac, quien es la máxima autoridad educativa de la provincia hace más de seis años. Otras veces el fundamento de sus argumentos es simplemente una ideología neoliberal, como la que dice que no se puede estatizar una escuela ubicada en un barrio de clase media alta. O sea, lo primero es garantizar el negocio. El Estado sólo se ocupa de los nichos no rentables...una de las ideas más neoliberales.

Como expresó el docente Fabrizio Li Gambi en un video grabado en la puerta de la escuela: "Exigimos al ministro Grahovac que dé una respuesta a los docentes y a la comunidad educativa. Alguna respuesta tiene que haber y tiene que venir de quien permitió políticamente que esto funcione por seis años. Hace seis años que los docentes brindan un servicio público, esto no es un kiosco, queremos luchar por más educación y por más trabajo y más en este fin de año y en este año que ha sido tan duro para todos nosotros".