Hoy se cumple un año de la gran tormenta que azotó a las Sierras Chicas y provocó la destrucción total o parcial de cientos de viviendas y más de 10 muertos. Los vecinos afectados por aquel verdadero crimen social se manifestarán hoy a las 18 hs. frente a la Casa de Gobierno, reclamando que todavía no han recuperado lo que perdieron.
Lunes 15 de febrero de 2016 09:00
El actual gobierno provincial, fiel al lema delasotista del “tsunami que cayó del cielo”, elude responsabilidades y hasta el día de hoy continua proyectando obras y elaborando planes de contingencia que ya deberían estar resueltos y puestos en práctica para hacer frente a las lluvias de este verano.
Las causas que provocaron las inundaciones en la zona son harto conocidas y desde La Izquierda Diario hemos entrevistado a profesionales de la UNC que dan cuenta del importante desmonte y crecimiento urbano, la presión inmobiliaria y sus consecuencias, y las crecidas previas que avisan de estas situaciones de riesgo. Es por esto, que desde un principio la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Río Ceballos exigió la declaración de emergencia ambiental para frenar las actividades de desmontes y emprendimientos inmobiliarios.
A pesar de esto, los vecinos denuncian que en el transcurso del año continuaron las actividades de desmonte como en el Terrón de Mendiolaza, y la habilitación de emprendimientos inmobiliarios en zonas de máxima protección de bosques nativos. Este fue el caso del mayor country de la Sierras Chicas “La Deseada” con la habilitación de la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de La Calera. La irregularidades en la habilitación de este tipo de emprendimientos y de actividades de desmonte, es una política sistemática del gobierno de la provincia y fue fuertemente denunciado por la legisladora Laura Vilches del PTS en el Frente de Izquierda.
La falta de soluciones genera una situación de incertidumbre ante cada tormenta.
El 5 de enero de este año se produjo una crecida en varias localidades de las Sierras Chicas y falleció un joven en Unquillo; la respuesta del gobernador Schiaretti fue que “hubo medio siglo de improvisación (...) 50 años de falta de planificación no los vamos a solucionar milagrosamente”.
Un mes después, nuevas precipitaciones provocaron anegamientos, cortes de rutas, puentes y vados en diversos puntos de la provincia, además de daños materiales y evacuados en la ciudad de Córdoba y en algunas localidades del interior. Se demostró así que los trabajos de reparación y reconstrucción de la infraestructura urbana resultan totalmente insuficientes.
Los vecinos continúan denunciando problemas con puentes y vados, ya que ninguno está igual o en mejores condiciones que antes de la tormenta de febrero de 2015. En algunos casos observan graves fisuras como en el puente Juan B. Justo de Río Ceballos lo que motivó su clausura. Por otro lado, el vado de las Mercedes del barrio Los Cigarrales se deteriora más cada vez que hay una crecida, ya que funciona como dique de contención.
Además, reclaman que de las 30 lagunas de retardo proyectadas que permitirían amortiguar los efectos de las crecidas, hasta la fecha no se ha construido ninguna. Al mismo tiempo, la limpieza y profundización de los cauces con retroexcavadoras permite contener los ríos, pero aumenta mucho su velocidad y pone en riesgo los precarios cruces que el gobierno puso en pie temporalmente (aunque parecen ser soluciones permanentes).
A esto se suma que existe un conflicto entre las Municipalidades de Unquillo, Río Ceballos, Mendiolaza, Villa Allende y el gobierno provincial, ya que los primeros no disponen los loteos necesarios para construir las viviendas. En total se entregaron unas 17 viviendas, mientras el plan contemplaba la construcción de unas 157 casas para los damnificados. Los vecinos que volvieron a sus hogares denuncian que los fondos del gobierno para las reparaciones son totalmente insuficientes, y a quienes decidieron no firmar el acuerdo con la provincia les retiraron el alquiler temporal para su familia.
Por otro lado, no se ha puesto en funcionamiento ningún plan de contingencia coordinado con defensa civil. Sólo hay instalado, según los vecinos, una alerta que indica el nivel actual del río que funciona sólo en Villa Allende, pero no se estableció un plan de evacuación. Esa alerta no es parte de un plan en base a un mapa de riesgos en función de la lluvia y las crecidas que permita definir acciones y niveles de evacuación para defensa civil. Tampoco se pusieron estaciones meteorológicas en las cuencas altas.
El miedo que hoy tienen los vecinos es totalmente comprensible. La falta de soluciones de infraestructura y el hecho de haber perdido todo lo construido en una vida, lleva a muchos vecinos a una situación de total incertidumbre y miedo ante cada nueva tormenta. El gobierno no cumple con el más mínimo principio elemental de preservar la vida de los vecinos de Sierras Chicas, lo que se podría resolver incorporando un sistema de monitoreo de lluvias en las cuencas y los niveles de los ríos conectado a una alerta temprana de crecidas como parte de un plan de acción y evacuación. Inversión básica y totalmente realizable mediante convenios con instituciones como el Laboratorio de Hidráulica (LH), y el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la UNC, o el Centro de la Región Semiárida (CIRSA).
Ante esta situación, paradójicamente desde el gobierno provincial continúa con las promesas pero poco es lo que hace. Mediante el Consejo de Planificación del Área Metropolitana (COPLAME), prometen articular políticas de seguridad, transporte y ambiente. El consejo es integrado por jefes municipales, la Universidad Nacional, representantes de los Ministerios de Gobierno y Seguridad y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y del Instituto de Planificación del Área Metropolitana (IPLAM). Los mismos damnificados no tienen ni voz ni voto en las decisiones que les atañen directamente.
Emergencia Ambiental en Sierras Chicas
Las políticas que promete articular el gobierno no incorporan las demandas básicas de los vecinos de Sierras Chicas: la declaración de Emergencia Ambiental para evitar que continúen desmontando y construyendo barrios privados para ricos en la zona, y la implementación de un sistema de alertas tempranas y planes de contingencia para preservar la vida.
La reconstrucción y reparación de viviendas y obras de infraestructura necesarias no pueden salir de créditos o préstamos que signifiquen un mayor endeudamiento para los damnificados. Además, los fondos para hacer frente a esta crisis no pueden salir de nuevos impuestos a los mismos trabajadores y pobladores de las zonas afectadas; como planteó la legisladora Laura Vilches del PTS-FIT en la Unicameral: hay que establecer una serie de impuestos progresivos a los grandes empresarios inmobiliarios y a los terratenientes y pooles de siembra, que son los responsables del fuerte cambio en el uso del suelo y quienes más ganancias acumularon en los últimos años.
A un año de las inundaciones que provocaron muerte y miles de evacuados, los vecinos de sierras Chicas llaman a concentrar hoy a las 18hs frente a la casa de gobierno para continuar con su lucha.
