El discurso de los medios de comunicación fortalece la política securitaria de Schiaretti. Control civil e impunidad para las fuerzas represivas van de la mano.
Guillermo Torrent Asesor legislativo FIT - Córdoba @Guillotadas
Javier Musso Dirigente del PTS Córdoba
Jueves 21 de julio de 2016
En las últimas semanas, los medios de la “Corpo” cordobesa (La Voz y Canal 12) arremetieron con una campaña conjunta sobre el crecimiento de la inseguridad en las principales ciudades de la provincia. Aparecían, incluso, vecinos agradeciendo a la policía y exigiendo a los legisladores que hagan algo “porque la policía no tenía herramientas y no podía detener a los sospechosos por culpa de la Marcha de la Gorra” y otras delicadezas por el estilo.
Días después, el gobierno anunció que se haría la mayor inversión en seguridad “en la historia de la Provincia”.
Nos encontramos claramente frente a un montaje: los medios azuzan problemas de inseguridad y el gobierno da una respuesta contundente e inmediata. Pero lo cierto es que este plan fue anunciado hace más de un mes por el ministro Massei en una comisión de la Legislatura.
Los medios cumplieron el rol de preparar el terreno para que socialmente sea aceptado el aumento del presupuesto en seguridad en detrimento de la salud y la educación.
El control civil esconde un pacto de impunidad
La cuestión policial ha sido un problema estratégico en las distintas administraciones provinciales, tanto del radicalismo como de los gobiernos de Unión por Córdoba.
Ambas gestiones se cargaron al hombro la aplicación de “códigos contravencionales” y el incremento de la cantidad de efectivos policiales para un mayor control social. Han sido ambas gestiones de Unión por Córdoba las que incrementaron en mayor proporción la fuerza represiva. Solamente el propio Schiaretti incorporó en su anterior gestión y lo que va de ésta más de 10 mil policías. Como afirmó la legisladora Laura Vilches, del PTS-FIT, “la provincia tendrá más policías que maestras de primaria”.
De la mano de este fortalecimiento del aparato represivo, las detenciones ilegales, asesinatos por “gatillo fácil" y torturas en comisarías estuvieron a la orden del día, así como los sucesivos escándalos por los “negocios” de las fuerzas de seguridad con el delito organizado: narcotráfico, desarmaderos y redes de trata.
Montar una fuerza que adquirió poder propio no fue gratuito y en reiteradas oportunidades se les “fue de las manos”, desatando hace apenas tres años una de las más “espectaculares” muestras de ese poder: el acuartelamiento policial a fines del 2013.
A partir de entonces, la impunidad de la fuerza para autogobernarse y actuar sobre la población, tuvo serios límites: como respuesta al narcoescándalo, De la Sota creó la Fuerza Policial Antinarcotráfico bajo la órbita del Poder Judicial y con la asunción de Schiaretti a fines del año pasado, continuaría el maquillaje.
La nueva gestión busca mostrar un “control civil” por parte del Ministerio de Gobierno a cargo de Massei, frente a una fuerza que venía siendo manejada por Julio Suárez, un jefe de policía que avalaba cada uno de los abusos y escándalos que tuvo la policía de Córdoba en los últimos tiempos.
A esto se suma la modificación del repudiado Código de Faltas que antes de cerrar su mandato, De la Sota ofrendó a Schiaretti, para quitarle del medio la espinosa cuestión de los brutales operativos policiales contra la juventud pobre y trabajadora que imponía “corralitos”, retenes y policías en cada esquina de la ciudad. Cabe recordar que para esta lavada de cara que ahora lleva el nombre de “Código de convivencia”, Unión por Córdoba contó con el inestimable apoyo de toda la centroizquierda provincial.
Todos estos gestos y el operativo publicitario montado “por arriba” son la pantalla detrás del cual se gesta un pacto de impunidad entre el gobierno, la Justicia y las fuerzas de seguridad.
Desde este ángulo se explica la absolución de los policías de drogas peligrosas involucrados en el narcoescándalo de 2013, y que hayan quedado en condiciones de “ser reincorporados” los responsables del robo de más de 80 pistolas 9 mm del depósito en la propia Jefatura de Policía.
A la par, fueron absueltos algunos de los policías responsables de los casos de gatillo fácil que hicieron surgir a la “Coordinadora de Madres de la Gorra” en 2014. Los asesinos de Exequiel Barraza y Cristian Guevara consiguieron la impunidad, mientras que el resto de las causas están cajoneadas en la Justicia.
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