Desde la Izquierda Diario reproducimos la carta que dirigieron estudiantes de la carrera de Sociología, Ciencias Políticas y Desarrollo Regional a Belén, la joven tucumana condenada injustamente, sin pruebas, bajo la acusación de homicidio.
Lunes 8 de agosto de 2016 14:53
Desde la Comisión de Género de la Universidad Nacional de Villa María de la sede Córdoba, impulsada por Pan y Rosas e independientes, nos hacemos eco de la Campaña Nacional de libertad para Belén, la joven tucumana de 27 años que fue condenada injustamente a 8 años de prisión por “haberse realizado un aborto”, en un principio, y posteriormente por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”. Todo ello sin pruebas.
Belén fue injustamente apresada, sin una constatación de los hechos por los cuales se la acusaba en la madrugada del 21 de marzo de 2014, cuando se encontraba en el Hospital de Clínicas Avellaneda en San Miguel de Tucumán. Hoy lleva veintinueve meses en prisión.
Consideramos que la condena a Belén es injusta, porque sus derechos como mujer fueron desde un principio violados: el acoso sufrido por parte del personal médico, que cuestionaron sus palabras y la acusaron de haberse realizado un aborto, cuando lo que necesitaba era atención médica. Luego la dudosa denuncia de parte de la jefa de parteras -quien, supuestamente, encontró el feto- sin tener pruebas de ello y sin haber realizado ningún análisis de ADN para constatarlo, y las torturas psicológicas a las que fue sometida, como despertarse en una de las salas del hospital y ser revisada por varios policías sin su consentimiento. Todo esto conforma una situación de violencia y de maltrato, el personal médico, policías y funcionarios judiciales actuaron fuera de la ley.
Decimos que hubo tortura en la forma que se trató a Belén porque según el Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez de la Comisión contra la Tortura de la ONU: “hay tortura cuando se trata de maltratos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva, que pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales, provocados por motivos de género. Ejemplos de esas violaciones son el maltrato y la humillación en entornos institucionales (…) las infracciones del secreto médico y de la confidencialidad en entornos de atención de la salud, como las denuncias de mujeres presentadas por personal médico cuando hay pruebas de la realización de abortos ilegales…” (APA Agencia de Prensa Alternativa, 2016). Esto demuestra que la acción del personal médico, de romper la confidencialidad de la relación médico-paciente que impedía a todo el equipo denunciarla, violó el derecho que la asistía.
La abogada Soledad Deza, quien defiende a Belén después de conocer la condena, anunció que apelará a la justicia para pedir la nulidad del fallo y sus palabras son claras cuando dice “es un caso lamentable porque tiene a una mujer presa desde hace 25 meses con una sentencia que no está firme. Estos casos tienen un costado social que muestran cómo la Justicia a veces se ensaña con los sectores populares y temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres” (La Gaceta, 2016).
Decimos que el gobierno nacional, el gobierno tucumano y las instituciones del Estado son responsables. La casta judicial tucumana, que tiene en su haber fallos polémicos -como los que se dieron a conocer en la investigación por la desaparición de Marita Verón- respondió todos estos años a una clara política contra las mujeres que nos organizamos para exigir “aborto legal, seguro y gratuito”. Esta es una deuda que nos dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se pronunció siempre a favor del derecho “a la vida” y dejó que el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto perdiera estado parlamentario en el Congreso; y por otro lado, se alinea al gobierno de Cambiemos, ya que Mauricio Macri declaró que no va a legalizar el aborto, mientras el gobernador Juan Manzur, ex Ministro de Salud de la Nación bajo la gestion kirchnerista, llama a ser respetuosas de la decisión de la justicia.
El caso de Belén es un duro golpe a las mujeres que elegimos el camino de la organización para conquistar nuestros derechos, pero lejos de desmoralizarnos, nos anima a ir por más porque sabemos que los derechos no se mendigan, se conquistan.
Por estas razones, nos unimos a la consigna de la Campaña Nacional de Libertad para Belén. Creemos necesario que se respeten los derechos de la mujer en su totalidad, su derecho a la confidencialidad en la relación médico-paciente, su derecho a no sufrir ningún tipo de tortura psicológica y/o física por maltratos, humillaciones o violaciones, y sobre todo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito al que toda mujer debería poder acceder desde la salud pública. Esto sería una gran ayuda a que no sucedan estos casos, que son derivados del temor, el desconocimiento y la presión que sufren las mujeres que se encuentran en situaciones de precariedad para interrumpir un embarazo, ya que por ser delito terminan sometiéndose a prácticas riesgosas, como la realización de abortos clandestinos, o el ocultamiento del embarazo y la falta de un seguimiento médico. Además, consideramos que esto debe ser complementado con políticas públicas enfocadas en la educación sexual científica, laica y sin injerencia de la iglesia y su moral, y a la distribución de métodos anticonceptivos en todas las salas y centros de salud.
Estas son las consignas por las que nos movilizamos el 12 de agosto en todas las plazas del país, y por las que nos vamos a movilizar cientos de miles este octubre en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario.
La situación que tuvo que vivir Belén es injusta y repleta de ilegalidades. Por eso, decimos ¡Libertad a Belén! ¡Aborto legal, seguro y gratuito ya! #NiUnaMenos por abortos clandestinos ¡Ni una presa más por abortar!
