CÓRDOBA. Córdoba: la Legislatura puso en debate el aborto no punible

En la Legislatura cordobesa, y por el término de dos horas, se dio ayer un importante debate sobre la aplicación del aborto no punible en la Provincia. Es la primera vez que se discute el tema en el recinto legislativo.

Por iniciativa de la legisladora Laura Vilches del PTS-FIT, se instaló la discusión y desde el oficialismo de Unión por Córdoba, en la voz de Daniel Passerini tuvieron que responder.

Como ya se informó desde La Izquierda Diario, la legisladora Laura Vilches presentó un pedido de citación al Ministro de Salud ante la falta de aplicación de la “Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles” (Res. Ministerio de Salud nº 093/12), que fue insuficientemente contestada en la Comisión de Salud a la que asistió el propio ministro Fortuna, junto a parte de su equipo técnico.

Tras un nuevo pedido de respuesta por escrito y habiendo obtenido por toda réplica de los representantes de la Comisión de Salud el fallo de la Cámara Tercera en lo Civil y Comercial de la provincia, Vilches señaló que ese fallo “fue justamente lo que dio origen al pedido de Informe y citación al Ministro de Salud. Parece una tomada de pelo del oficialismo, por eso definimos llevarlo a debate”.

Los argumentos del oficialismo ante este requerimiento sobre por qué no se aplicaba el Protocolo, fueron formales y se limitaron a responder que sobre la situación del estado del fallo, será la Procuraduría de la Provincia quien responda”. Así lo afirmó el legislador Passerini. Luego de eso, decidieron, utilizando la mayoría automática que poseen, archivar el asunto hasta nuevo aviso.

La historia

En 2012, la Corte Suprema de Justicia a través del fallo conocido como "F. A. L. s/ medida autosatisfactiva" sienta jurisprudencia para la interpretación del , artículo 86, incisos 1 y 2 del Código Penal e indica que es innecesaria la autorización judicial para el acceso a la práctica de aborto no punible, a la vez que se exhorta a cada provincia y sus ministerios a elaborar “protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual”.

Tras este fallo, la provincia de Córdoba elaboró por resolución Ministerial la Guía de Procedimientos para la atención de abortos no punibles, con restricciones mayores a las dispuestas por el Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, que tuvo apenas 10 días de vigencia, porque una agrupación católica presentó un recurso de amparo y medida cautelar para anular la aplicación del Protocolo.

Tras un derrotero judicial que incluye fallos de primera y segunda instancia a favor del bloqueo del protocolo, apelaciones y Amicus Curiae de organizaciones defensoras de los derechos de humanos y de las mujeres, con un recurso de casación interpuesto que tiene carácter suspensivo sobre los fallos a favor del Portal de Belén, es el Tribunal Superior de Justicia quien debe expedirse sobre el fondo del asunto.

Vilches sostuvo, junto al CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) que, desde que el fallo de la cámara se encuentra en casación, la provincia no tendría ningún obstáculo legal para negar la aplicación de la Guía de procedimientos para abortos no punible en los hospitales públicos.

Agregó que “se le otorga a la resolución recurrida ante el TSJ más efectos de los que tiene y, por lo tanto, se niega su aplicación en los hospitales provinciales, mientras cientos de mujeres siguen muriendo por las consecuencias de abortos clandestinos o debiendo asumir un embarazo no deseado. Unión por Córdoba sostiene lo contrario pero hasta ahora no han podido mostrar una sola resolución judicial que avale lo que dicen”.

El debate

Ante la exigencia de Vilches de que tenía que aplicarse el Protocolo no Punible, el legislador de Encuentro Vecinal Aurelio García Elorrio -quien fuera presidente de Portal de Belén-, ensayó una justificación diciendo que “según la guía del Ministerio de Salud y el fallo de la Corte, las mujeres, con una simple declaración jurada podían decir que las violaron para poder hacerse un aborto”.

Esas declaraciones motivaron la intervención de Liliana Montero del Frente para la Victoria, afirmando que no se podían permitir “semejantes barbaridades” y que quienes pensaban de esa manera no tenían idea de las secuelas físicas y psicológicas que producían una violación y un aborto. “Las mujeres no están encantadas haciéndose abortos y diciendo que las violaron”, sentenció.

Laura Vilches también salió al cruce de Elorrio, afirmando que “lo del legislador de Encuentro Vecinal es de un cinismo gigante, porque ahora alega que es una cuestión de declaraciones juradas, pero es él mismo y los abogados del Portal de Belén, quien en las apelaciones y presentaciones que engrosan los 7 cuerpos del expediente judicial, no contento con bloquear el Protocolo de aborto no Punible, pide la nulidad y la inconstitucionalidad de los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal".

Vilches agregó que Elorrio "quiere que las mujeres violadas sean doblemente violentadas, obligándolas a sostener ese embarazo durante nueve meses”.

Finalmente señaló que "fue muy importante que hoy hayamos podido instalar este tema que afecta a las mujeres, sobretodo trabajadoras y de los sectores populares en la unicameral. Además, hemos presentado el proyecto 18499 en el que se insta a los legisladores nacionales por Córdoba a que debatan el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito en el Congreso Nacional".

La actuación de la Justicia

En el marco de estos debates generados en la Legislatura provincial y tras cumplirse 4 años de la suspensión de la guía, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba emitió un comunicado que puede leerse en la página oficial. Allí se indica que dispuso un plazo de quince días hábiles para que personas o instituciones que cuenten con reconocida experiencia en la materia expresen sus opiniones fundadas sobre la “Guía de Procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”, en el carácter de “Amigos del Tribunal” (Amicus Curiae).

Según la publicación, la decisión del TSJ busca “garantizar el equilibrio entre la participación ciudadana como Amigos del Tribunal y el debido proceso judicial”, en una materia “tan delicada y trascendente”.

En la misma fuente se indica que se establece el plazo de quince (15) días hábiles para la presentación de los “Amicus”, rigiendo dicho plazo a partir de la publicación del decreto del TSJ en el Boletín Oficial y en tres diarios provinciales. Esto último estará “a cargo de la asociación civil Portal de Belén, la institución que planteó la inconstitucionalidad del protocolo elaborado por el Ministerio del Salud de la Provincia”.