Trabajadores agremiados en SEP, UEPC, Federación de Municipales, Suoem, Luz y Fuerza Regional y Judiciales y partidos de izquierda confluyeron a las 11 en Colón y General Paz y marcharon juntos hacia el Panal. La sede de gobierno se encontraba fuertemente vallada y custodiada. Hubo agresiones a periodistas.
Miércoles 30 de diciembre de 2015
Tal como habían anunciado, los gremios estatales salieron ayer a las calles a exigir la derogación de la ley 10.333, aprobada en la última sesión de la Unicameral y que bajo la máscara de poner fin a la ley de diferimiento de pago escondía la modificación en el cálculo de los haberes de los trabajadores pasivos de la Provincia, reduciéndolo en aproximadamente un 10%.
“Se deroga un ajuste y se aplica otro peor, porque el anterior difería seis meses el 82% móvil y esta nueva modificación recorta definitivamente los salarios”, afirmó Juan Monserrat del gremio de los docentes, quien anticipó “masivas presentaciones judiciales” y sostuvo que “si el Gobierno provincial no da marcha atrás con la reforma jubilatoria, peligra el inicio del ciclo lectivo 2016”.
Los dirigentes gremiales apostaban a una movilización testimonial más que proponer una lucha seria, por lo cual sólo habían convocado a los “cuerpos orgánicos”. Sin embargo, la marcha tuvo mayor concurrencia de la esperada y se manifestaron más de 3 mil personas. El descontento de los trabajadores pesa sobre las distintas conducciones, vinculadas de una u otra forma al gobierno provincial y con casos como los de José Pihen, que debe hacer equilibrio entre su banca en la legislatura por el partido oficialista (Unión por Córdoba) y su rol sindical como secretario del gremio de los empleados público (SEP) y de la CGT Regional Córdoba.
De hecho, Pihen no marchó y fue directamente al Panal para hacer el discurso de cierre, fuertemente protegido. Tras una alocución de dos minutos, donde lo más fuerte que expresó fue que “la CGT Córdoba se declara en estado de alerta y apoyará las luchas de cada sector”, se retiró del mismo modo. Una propuesta tibia ante el ataque a los pasivos que se llevará adelante a partir de la implementación de la nueva ley.
Al respecto, Laura Vilches, legisladora del PTS en el Frente de Izquierda expresó que “es evidente que hay descontento entre los trabajadores activos y jubilados con una ley votada en sesión express y que acá la principal responsabilidad, no sólo es del gobierno provincial que en su acuerdo con Macri ataca a los trabajadores, sino también de las conducciones sindicales que ahora montan un show de combatividad frente a las cámaras pero no están preparando seriamente al conjunto de los trabajadores para tirar abajo la ley. Esto es así porque tienen un acuerdo, más allá de los discursos incendiarios, con el delasotismo y con Schiaretti”.
Desde el ejecutivo provincial, la justificación presentada ante los reclamos es la necesidad de asegurar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones. Condición que se lograría mediante un ajuste al bolsillo de los “privilegiados” jubilados, a entender de Schiaretti, mientras se mantienen dos puntos claves de la flexibilización noventista como son el empleo en negro y la reducción de los aportes patronales.
Agresión a periodistas
Como se informó previamente en este medio, en el momento en que las columnas llegaban a la Casa de gobierno, la periodista de Canal 12, Karina Vallori, fue agredida por un grupo de asistentes a la marcha quienes le arrojaron botellas de agua, al tiempo que le gritaban “Andate, sos de Clarín” mientras intentaban cortar la transmisión del móvil.
