Sociedad. Córdoba: un decreto para Monsanto

El gobierno nacional anunció a través del ministro de agricultura, ganadería y pesca, Carlos Casamiquela, y del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que emitirá un decreto de necesidad y urgencia para regular el cobro de regalías por el uso de semillas genéticamente modificadas. Este repentino acto de improvisación ocurre en el marco de una escalada entre Monsanto y productores agropecuarios por el cobro de estos derechos, y teniendo en cuenta que la controvertida ley de semillas no ha sido aún aprobada por el Congreso Nacional.

Según denuncia un comunicado, conjunto de las principales entidades de productores agropecuarios, Monsanto habría solicitado a exportadores e industrializadores de soja que incorporaran en sus contratos de compra una cláusula para obligar a los vendedores a una retención compulsiva en caso que se detectara la presencia de tecnologías patentadas. Este esquema de "retenciones privadas" aseguraría a Monsanto que todo producto que hiciera uso de su tecnología fuera fiscalizado y pagara compulsivamente por el uso de la biotecnología, en un esquema análogo al aplicado en EE.UU donde la comercialización de semillas se rige por la ley de patentes.

La solución de compromiso propuesta en el decreto (que aún no ha sido publicado en el boletín oficial) consiste en que el cobro de derechos por el uso de la biotecnología sea abonado por el productor exclusivamente en el momento de comprar las semillas. Promete además acabar con el comercio de "bolsa blanca", es decir la semilla comerciada de un productor a otro, y crear un registro de "uso propio" que determinará qué porción de la semilla es conservada por el productor para la próxima siembra. Los pequeños productores serán eximidos del pago de derechos, fomentando su inclusión en el agronegocio. Finalmente, establece un fideicomiso para el fomento de la biotecnología a través del cobro de un canon tecnológico, promoviendo la transferencia de conocimiento a corporaciones trasnacionales.

Este compromiso adoptado por el Estado entre los intereses de Monsanto y los de instituciones como la Sociedad Rural Argentina, solamente sirve para reafirmar uno de los núcleos del negocio que acapara dos tercios de la superficie cultivada del país: el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual sobre la biotecnología, es decir, la trasferencia de un bien social como los recursos genéticos a monopolios que proveen no sólo de semillas genéticamente modificadas, sino de todo el paquete tecnológico incluyendo insumos como el glifosato.