Mientras el país está en emergencia sanitaria, el panorama para los asalariados es cada vez más incierto y alarmante.
Sofia D’Alesio Desde Italia
Martes 10 de marzo de 2020 13:04
Foto Carlos Brigo | Télam
La situación empezó como una broma, como algo lejano. Los italianos, con su humor que los caracteriza, creyeron que el coronavirus era un “problema de asiáticos”, una simple gripe que acá no iba a llegar. Sin embargo, fue cuestión de tiempo hasta que el virus golpeó a Italia, un país con un nivel de turismo altísimo, en el que un gran flujo de personas entra y sale de las fronteras y que en las semanas críticas decidió no tomar medidas preventivas.
Actualmente, la cifra de gente contagiada alrededor del país es de 7.985 y la de muertos se encuentra arriba de los 460, según datos oficiales de la Protección Civil Italiana. Debido a las cifras alarmantes, el primer ministro Giuseppe Conte decidió declarar todo el territorio de Italia en “zona roja”, restringir accesos y empezar a tomar acción a nivel general para lograr controlar la propagación del virus.
Pero, quien tuvo la suerte de no contraer el virus, está sufriendo otras consecuencias. Los trabajadores en relación de dependencia estamos absorbiendo los problemas económicos de nuestros empleadores: reducción salarial sin previo aviso, trabajar las mismas horas sin medidas de prevención y la presión de generar dinero a toda costa.
En Sorrento, una ciudad turística del sur de Italia en la provincia de Nápoles, punto de partida para visitar la famosa Costa Amalfitana, vivimos pura y exclusivamente del turismo de marzo a noviembre. Los trabajadores tienen contratos estacionales de no más de ocho meses y todo siempre depende de la cantidad de personas que deciden venir a visitar la zona. Los sueldos son bajos en proporción a los costos de vida y no se respetan normativas: las jornadas suelen ser de más de diez horas de trabajo, sin pago de horas extras, las cuales uno tiene que aceptar si realmente quiere percibir un sueldo que permita comer y pagar las cuentas.
Entre cancelaciones de vuelos, gente que decidió cambiar el destino de sus vacaciones y las medidas del gobierno italiano para evitar que el virus se siga esparciendo, como cerrar las ruinas de Pompeya o el acceso a la isla de Capri, hoy hace que estas ciudades turísticas se encuentren casi desiertas.
Así es como los empleadores decidieron, arbitrariamente, bajar sueldos, incumplir y rescindir contratos o, como en mi caso, obligarme a tomarme diez días de vacaciones que luego serán descontados de mis días de reposo. Es decir, trabajaré doce días de corrido sin francos semanales.
Al mismo tiempo, soy testigo de otros escenarios igual de injustos. Uno es el caso de mi hermana y mi novio, quienes trabajan en una chocolatería y en los últimos días recibieron la noticia de que deberían cumplir la misma cantidad de horas semanales, pero que sus sueldos correspondientes a los meses de febrero y marzo serán disminuidos, sin posibilidad de recibir la parte faltante en los próximos meses. “Necesitamos de su ayuda para enfrentar esta crisis”, fue el mensaje. Pero a los empleados, ¿quién los está ayudando?
Por el momento, no se crearon amparos a nivel económico para los trabajadores asalariados. A pesar de la emergencia sanitaria, muchos negocios deciden mantener sus puertas abiertas para poder atender a los pocos turistas que todavía quedan y exponer a sus empleados. Si bien se crearon decretos que obligan a cumplir con normas como el uso de guantes y barbijos, limpieza constante y distancia de un metro entre las personas, no se cumplen en todos los casos.
No son los propietarios quienes están asumiendo costos de vida y económicos, sino sus dependientes quienes realmente están en la primera línea, trabajando más por menos y con el Coronavirus latente por las calles.
