Era trabajadora del Senado y falleció la semana pasada, pero los resultados del test de Covid-19 llegaron días después. Sus dos hijos también están contagiados. Los vecinos preocupados por la posibilidad de que haya más contagios en el barrio, reclamaron por medidas urgentes ya que ni la línea 107 los atiende. La situación se agrava en los barrios carenciados mientras se refuerza la presencia de las fuerzas policiales rodeando el barrio
Lunes 13 de abril de 2020 18:30
Una trabajadora de limpieza del Senado de la Nación, Andrea Gómez, falleció el martes 7 de marzo en el Sanatorio Santa Isabel de Flores por neumonía, Posteriormente a su muerte el análisis corroboró que estaba contagiada por el virus del Covid-19. A raíz de esto se internó a sus dos hijos en el Hospital de Clínicas ya que también tienen coronavirus.
Andrea de 49 años vivía con sus hijos en el Barrio Ricciardelli, más conocido como villa 1-11-14, y ninguno viajó al exterior, por lo que se intuye que es un contagio comunitario. Lo que causó mucha preocupación en el barrio, ya que es la villa más poblada de la Ciudad de Buenos Aires, con al menos 40.059 personas en sus 31 manzanas según censo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (aunque extraoficialmente se estima mucha más gente).
Familiares de Andrea denunciaron que aun frente al fallecimiento todavía están esperando que se les aplique el protocolo preventivo y los análisis que se deben hacer con los que tuvieron contacto con alguien contagiado del Covid 19. Cuando llaman a la línea 107 solo le dicen que los protocolos se activan cuando hay síntomas.
Cuando se conoció esta noticia varios vecinos reclamaron por medidas sanitarias denunciando la atención que brinda la línea 107 habitualmente para el barrio y sobre todo en este momento ya que, según refieren, cuando pueden comunicarse no les manda ambulancias aún frente a los síntomas del coronavirus y solo les piden que mantengan la cuarentena.
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Además en el barrio no tienen acceso a servicios de salud cercanos y de calidad. Por ejemplo el centro médico que atiende en la zona 19,20 y 40 están trabajando desbordados, con poco personal y ni siquiera alcanzan los elementos preventivos mínimos, como barbijos, guantes, y productos de limpieza.
Según datos del Observatorio Villero, hoy están viviendo entre 4 y 10 personas en cada hogar de la 1-11-14, en espacios muy reducidos, en condiciones de hacinamiento. A esto hay que sumarle las condiciones del barrio en general, con lugares que no hay agua potable algo tan mínimo como para lavarse la manos para evitar la propagación; sin acceso a los servicios de salud, recolección de basura, etc. Y con tendidos eléctricos precarios que producen incendios habitualmente.
En estas condiciones la cuarentena no es la misma que en los barrios residenciales. Y el distanciamiento social, se torna casi inviable. El #QuedateEnCasa toma otra dimensión en estos barrios y se calcula que hay 73 mil familias en estas condiciones en toda la ciudad. En las zonas más pobres las pandemias como el dengue (que ya hay más de 2 mil contagiados en CABA en este año), la tuberculosis, el chagas, el cólera son habituales, pero aun así nunca son prioridad en las políticas de estado.
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Aislamiento comunitario, la guetización de los barrios populares
Frente a esta ausencia de políticas sociales y sanitarias sí está el estado para caer con todo su peso con la gendarmería y las fuerzas policiales. Ya en el barrio los conocen y saben que su principal función es perseguir a los pibes pobres. Desde que comenzó la cuarentena fue en constante crecimiento la presencia de las fuerzas rodeando a estos barrios y creando una especie de frontera entre el adentro y el afuera.
Todo esto es una política que refuerza la exclusión que viven miles de personas, convirtiendo a estos barrios carenciados en especies de guetos. Se quieren poner el foco en culpabilizar a los vecinos que salen a la calle, aun cuando la mayoría está cumpliendo la cuarentena en estas condiciones de hacinamiento. Incluso el gobierno de Rodríguez Larreta llevó a personas con megáfonos que recorran las villas pidiendo que la gente no salga a la calle. En vez de ponerse el énfasis en cómo solucionar estos problemas habitacionales, en una ciudad con miles de viviendas ociosas vacías o con hoteles que se podrían poner a disposición para estas familias, se refuerza las políticas represivas para los sectores más empobrecidos.
En los barrios como en este caso, hay situaciones de hambre actualmente y con comedores colapsados. La mayoría de los habitantes tienen trabajos informales y hoy se quedaron sin ingresos y no pueden acceder ni a los $10.000 de subsidio que encima el gobierno atrasó nuevamente la fecha de pago. No tienen los recursos para acceder a los elementos de limpieza necesarios en la pandemia o los insumos que recomiendan todos los epidemiólogos, como alcohol en gel, barbijos, etc. A veces ni siquiera tienen agua potable. Mientras se sigue subsidiando a las multinacionales, que siguen despidiendo y rebajando salarios a sus trabajadores.
Hoy frente a la posibilidad concreta de que se hayan expandido los contagios en el barrio 1-11-14 se tendría que poner en alerta tanto al gobierno nacional como el porteño, para que realmente se implementen políticas sanitarias y habitacionales para los sectores más empobrecidos, y no incrementar la fuerza represiva que potencia la exclusión que ya atraviesa históricamente esta población.