Trabajadores y trabajadoras de Correos han paralizado el reparto en algunas ciudades ante la falta de medidas de protección y ausencia de material de protección individual.
Lunes 16 de marzo de 2020
Los trabajadores y trabajadoras de Correos plantean que están sometidos a continuos riesgos al estar en contacto con una gran número de personas en las oficinas en el reparto, utilizan bolígrafos y PDAs que han de ser manipulados sin ser adecuadamente desinfectados.
Además acuden presencialmente a domicilios donde hay personas con el virus o en cuarentena preventiva, les reciben sin medios de protección y trabajan en la calle donde no pueden evitar tener contacto con infinidad de timbres pomos o barandillas y donde es imposible disponer de una adecuada higiene de manos, salvo que se les dote de geles hidroalcohólicos, cosa que la empresa no ha hecho hasta el momento.
En un manifiesto señalan que "No nos negamos a trabajar, nos negamos a enfermar y contagiar. Tenemos miedo y a pesar de sentirnos coaccionados bajo amenaza de la empresa con un parte disciplinario nos vemos en la obligación de tomar esta medida. Somos más de 50.000 personas las que podemos estar propagando la enfermedad”.
En un comunicado, Correos, indica que trabajará para garantizar la prestación del servicio postal público que tiene encomendado por ley, cumpliendo a la vez las medidas decretadas por el Ejecutivo. No obstante, la compañía postal indica que, en caso de ser necesario, volverá a “adaptar su operativa en función de las circunstancias”.
En pocas palabras, la empresa de Correos hará lo que crea oportuno y parece evidente que no va a contar con la gran preocupación de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto se impone que sean estos los que también actúen según crean oportuno, siempre pensando en la seguridad de la plantilla y los usuarios.
El mismo 15 de marzo, la dirección de Correos emitió una circular en la que anunciaba "Medidas extraordinarias adaptación de Correos del Real Decreto 463/2020, en el que expone diferentes medidas a adoptar: Medidas preventivas: Paralelamente a las medidas recogidas en este documento, Correos está trabajando para proporcionar material protector adicional (guantes, gel hidroalcoholico y mascarillas principalmente). A pesar de que la disponibilidad de estos productos es escasa y limitada, está prevista la llegada del material a partir del lunes 16 de marzo, a primera hora, priorizándose su entrega en las unidades y zonas más sensibles”.
Por su parte, CGT Correos de Barcelona ha denunciado que: "Ante la falta de aplicación en los centros de trabajo de la mayor parte de estas medidas, (gel hidroalcoholico y mascarillas) CGT ha instado al resto de sindicatos de la provincia de Barcelona a aplicar el art. 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para paralizar la actividad en todos los centros de trabajo de la provincia, sin que a fecha de hoy hayamos obtenido respuesta".
Es así que CGT Barcelona explica que muchos trabajadores y trabajadoras se han negado a realizar repartos, "haciendo uso de la posibilidad de interrumpir la actividad laboral a la que nos faculta la misma Ley de Prevención", y que la respuesta de la patronal ha sido "coaccionar y cercenar este derecho de l@s trabajador@s".
Aunque las medidas adoptadas por el Gobierno con el beneplácito de la patronal y las direcciones sindicales de CCOO y UGT van en la dirección de preservar los beneficios patronales, la lógica indica paralizarlo todo, excepto servicios completamente imprescindibles.
Entonces por los intereses de la mayoría, y en este caso concreto de los trabajadores, trabajadoras y usuarios de Correos, habrá que hacerlo y si no reciben los medios adecuados inmediatamente para desempeñar su labor, están en su derecho de tomar la decisión de paralizar el servicio “imprescindible” de Correos, igual que están haciendo plantillas de diversas empresas como Mercedes, Airbus, Iveco entre otras.
La clase trabajadora no puede permitirse estos atropellos, convirtiéndose una vez más en el principal perjudicado de esta crisis, teniendo que dar la cara y obligada por decreto a poner en riesgo su salud y la del resto de usuarios, bien sea teniendo que acudir a sus trabajos en servicios públicos atestados de gente en las horas punta o teniendo que tratar directamente con la población, mientras la familia real, alcaldes, alcaldesas y altos funcionarios se recluyen en casa y desarrollan tranquilamente sus funciones y reciben los servicios médicos que se le niegan a miles.
