Correpi presentó su informe anual en Córdoba

Este jueves, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) realizó un acto en Córdoba donde mostró nuevamente su informe anual, que ya había sido presentado en marzo en Plaza de Mayo. El archivo de la organización está constituido por más de 6.000 nombres de las personas asesinadas por el Estado desde la vuelta a la democracia hasta diciembre de 2018. Según estos datos, bajo el gobierno de Cambiemos, el Estado mata a una persona cada 21 horas.

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El Archivo empezó a organizarse a partir de una frase del entonces Ministro del Interior Carlos Corach en respuesta a los reclamos de los familiares de personas asesinadas por fuerzas represivas. Corach desestimó las denuncias preguntando “¿Dónde están los nombres?”. Algunos familiares empezaron a reunir datos y presentaron una primera lista de 262 casos, que fue creciendo monstruosamente con el correr de los años.

La actividad contó con la presencia de Ismael Jalil, abogado de Correpi en Capital Federal. Jalil planteó que los dos proyectos presentados este año por Cambiemos sintetizan el momento que estamos viviendo: la reforma del Código Penal y la baja de la edad de imputabilidad. “No hay dudas de que el gobierno de Cambiemos ha venido al país para reformular la relación entre el capital y el trabajo. La ecuación cierra muy claramente. Gobiernos dedicados al ajuste, dedicados a cerrar acuerdos con el FMI, inexorablemente deben agrandar y profundizar el despliegue de su aparato represivo, porque no existe ningún pueblo en serio en el mundo que se banque callado, pacíficamente, lo que es una verdadera declaración de guerra. Porque el hambre, la miseria, la pobreza, no es otra cosa más que eso”, resaltó.

Jalil recordó que las movilizaciones de diciembre del 2017 fueron un aviso del pueblo argentino de que no iba a aceptar más ajuste. Junto con el movimiento de mujeres fue el episodio más importante en materia de movilización popular. Por último, se refirió a las directrices del Comando Sur del ejército de Estados Unidos que derivan en una nueva hipótesis de conflicto del gobierno: “la pobreza, la protesta, los migrantes, las diversidades, los pueblos originarios, todo lo que constituye aquel que se para de manos contra el orden impuesto”.

Luego hablaron Noemí, mamá de Leonel Sotelo, e Irina, hermana de Iago Ávalos. Ambos jóvenes fueron asesinados por policías; Leonel en Almirante Brown en diciembre del 2016, Iago en Hurlingham en mayo del 2017. Las compañeras destacaron la importancia de salir a las calles para lograr justicia y para exigir que no sucedan más asesinatos.

Desde la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil de Córdoba se acercaron Paola, mamá de Braian Guaiman y la tía de Rodrigo Sánchez. Braian fue fusilado el 2 de mayo de 2015 y la causa fue cerrada sin ningún acusado. “Yo debería estar en mi casa, pero sigo acá de pie, acompañando a otras mamas, a otras tías, otras abuelas para que sigan el proceso de su lucha y lleguen a juicio y que un policía más no siga asesinando en las calles”, dijo Paola. A Rodrigo lo mató un policía el 19 de septiembre de 2015. “Nuestra causa sigue abierta, estamos a un punto de que se eleve a juicio, gracias a la lucha que llevamos. Hay un aparato represivo que nunca fue desmantelado, las personas siguen desapareciendo aún en democracia”, dijo su tía.

Luego intervino Alberto Santillán, papá de Darío, víctima de la represión desatada el 26 de junio de 2002 en el Puente Avellaneda. Alberto repudió la candidatura presidencial de Felipe Solá, por entonces gobernador de Buenos Aires. “Estamos en época de elecciones y uno como padre tiene que soportar y ver como uno de los autores intelectuales que dio la orden de la masacre de Avellaneda sea uno de los presidenciables. Venimos para decir que Solá a lo único que puede ser candidato es a la cárcel. Tengamos memoria, seamos conscientes y cuando votemos no votemos asesinos”, planteó Alberto.

Se acercaron también algunos estudiantes imputados por la toma del Pabellón Argentina el año pasado, acompañados por el abogado Carlos “Vasco” Orzaocoa. Los jóvenes leyeron un documento en el que plantean que su procesamiento “es parte de una avanzada represiva que involucra a todo el campo popular. A esta represión del Estado debemos enfrentarla con la organización y el encuentro de los sectores en lucha, a través de la movilización y la acción directa, que son las herramientas necesarias para defender nuestros derechos y ampliarlos. Es por eso que no vamos a permitir que nos criminalicen por luchar. No vamos permitir que se avance sobre nuestro derecho a protestar y a defender la educación pública, No pasarán!”.

Para Correpi, las políticas represivas de Unión por Córdoba estuvieron siempre ligadas a los planes de urbanización, desde los procesos de favelización con la creación de “barrios ciudades” en el primer gobierno de José Manuel De La Sota hasta la división por cuadrantes que impuso el gobierno de Juan Schiaretti en su última gestión. En los últimos años, esto se expresó también en desalojos e intentos de desalojo de tomas de tierras en distintos lugares de la provincia, como así también en la represión de la lucha ambientalista, enmarcada en la política extractivista y de saqueo de los recursos naturales.

“La primera forma de asesinato del Estado cordobés es la de gatillo fácil, que corresponde al 42 % de los asesinados durante los 20 años del PJ. El Estado tiene como foco represivo a la juventud y a la niñez, siendo el 54 % de los asesinados por el aparato represivo de Córdoba menores de 25 años. Las muertes en cárceles y comisarías en Córdoba corresponden al 35 % de los asesinatos en manos de las fuerzas represivas en la provincia”, expresaron desde la organización.

También se nombraron los allanamientos a locales políticos y culturales ordenados por el fiscal Gustavo Dalma en 2017, un día antes de la movilización por Santiago Maldonado, la imputación a 28 estudiantes y una abogada por la toma del Pabellón Argentina el año pasado y la imputación de dos artistas chilenos hace pocas semanas.

El acto finalizó con el compromiso de todos los presentes a luchar contra el ajuste y la represión con la organización y la movilización en las calles.