Nuevamente las fuerzas militares hacen noticia en casos de corrupción, ya que se dio a conocer que el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, formalizará a 800 militares activos y retirados por un fraude dentro del Ejército correspondiente a un valor de 3 mil millones de pesos.
Lunes 21 de diciembre de 2020
La investigación comenzó en 2018 y según el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), los fondos públicos se destinaron a pagar deudas privadas.
En el 2018 Carlos Palma también lidero un registro en los Comandos de Personal, Telecomunicaciones y Dirección de Finanzas del Cuartel General del Ejército en Santiago, donde eran un poco más de 300 los militares investigados.
El fraude se realizó a través de pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios que no se realizaron, contratos a honorarios, donde no hubo pago a modo de compensación por pérdidas económicas individuales. Todo ello a raíz del término del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde 1950 y el cual fue anulado por el Ejército en 2006.
“Una vez que el Fondo de Ayuda Mutua se cerró, se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios y en un primer momento, esas medidas estaban dentro del marco reglamentario y legal, que era realizar comisiones de servicios o dar prioridad a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente”, explicó Palma en 2018, en declaraciones recogidas por la emisora chilena RLN.
“Sin embargo, y eso es lo que se está investigando desde el punto de vista penal, en algún momento las comisiones de servicio se decretaban y pagaban pero no se hacían; los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización de trabajo, por lo tanto existía salida de dinero sin justificación, y en algunos casos, extensión de los beneficios post retiro a un plazo mayor al legalmente permitido”, hizo saber.
Las penas para el delito de fraude fiscal, dependiendo los montos y reiteración en los hechos, oscilan entre los 541 días de presidio a penas de crimen, es decir superiores a los cinco años y un día de cárcel.
Se suma así un nuevo antecedente que deja en total evidencia el nivel de corrupción que tienen el Ejercito de Chile, donde no es primera vez que se le acusa de delitos reiterados al fisco. Una institución que al igual que Carabineros goza de una total impunidad por parte del Estado Chileno, las cuales solo están para la defensa de la propiedad privada, aunque eso signifique asesinar, mutilar y reprimir en las movilizaciones que se han dado en Chile.
Todos estos fraudes multimillonarios, son robos para las necesidades del pueblo trabajador, ya que son esos dineros que podrían invertirse en salud, viviendo, educación, y que no siga siendo costeada con los sueldos de hambre en un escenario de mucha cesantía. Por eso es que se hace urgente debatir la disolución de todas las fuerzas represivas, dejando en evidencia su carácter de clase al defender los intereses de este Estado capitalista.
