El juez federal decidió acotar el tiempo de investigación, beneficiando a las familias Macri y Rocca. El gobierno ratificó concesiones por las PPP a empresas que están denunciadas en el #CuadernoGate.
Eduardo Castilla X: @castillaeduardo
Lunes 27 de agosto de 2018 12:47
En la Argentina, la izquierda ha denunciado en más de una oportunidad el carácter arbitrario de la figura de la “asociación ilícita”. La misma es tan amplia que puede ser aplicada a un rango de situaciones extremadamente diversas.
Por estas horas, podríamos tomar prestada esta figura y denunciar la verdadera “asociación ilícita” que se está constituyendo entre el juez Bonadio y el gobierno para dejar impune al gran empresariado en su ligazón con la corrupción.
Hace poco más de dos semanas Jorge Fontevecchia, director de Perfil, advertía contra el “riesgo” de generalizar la acusación de corrupción hacia el conjunto del gran empresariado.
Este domingo, en el diario La Nación, uno de sus editorialistas habla de la “oportunidad histórica de refundación” que se abre ante los empresarios. En esa columna se reseña un discurso empresarial que pide “una Justicia independiente que sepa separar bien la paja del trigo”.
Por estas horas, gobierno y Poder Judicial operan en el sentido de salvar al conjunto del gran empresariado de esa ligazón estrecha e indisoluble con la corrupción.
Este lunes, apenas arrancado el día, el gobierno dio una nueva señal en ese sentido. Lo hizo al presentar un fideicomiso para apuntalar el desarrollo de las obras ligadas al sistema de Participación Público-Privada (PPP).
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El mecanismo apunta, esencialmente, a que el Estado intermedie entre bancos y empresas constructoras. El objetivo es que los primeros no queden ligados de manera directa a las segundas. ¿El motivo? Varias de esas empresas aparecen denunciadas en los llamados cuadernos de la corrupción. Entre las firmas figuran José Cartellone Construcciones Civiles SA, Paolini, Vial Agro, JCR SA, Eleprint, Copasa, Rovella Carranza y Mota-Engil.
Los funcionarios nacionales dedicaron la conferencia a justificar esta medida que significa mantener las concesiones a empresas que admitieron haber pagado coimas. Los representantes gubernamentales tuvieron que defender esa decisión no solo ante la prensa que levanta posiciones progresistas, sino también frente a los cuestionamientos de la gran corporación mediática que vienen impulsando activamente el show de los cuadernos.
“Hay que separar a las empresas físicas de las jurídicas” fue el eslogan elegido por el ministro Dietrich y quienes lo acompañaban en pos de justificar la continuidad de las concesiones en curso.
En la conferencia los funcionarios repitieron la idea de que la corrupción no podía quedar asociada a las firmas sino a quienes habían cometido el pago de las coimas. Sin embargo, el argumento muerte aplastado por el peso de las evidencias. Como lo ilustraron las declaraciones de Paolo Rocca o de Angelo Caltarrera –por solo citar dos ejemplos- los pagos fueron ordenados desde la misma cúpula de la empresa.
La “asociación ilícita” la completa en este caso el mismo juez Bonadio, que el viernes anunció como será “su investigación” sobre los cuadernos. Un dato que no puede dejarse de lado es que definió como año de inicio de la misma el 2008.
La elección permite dejar afuera de la investigación a la familia Macri, dueña la firma Iecsa hasta 2007. Ese año la compañía fue vendida a Angel Calcaterra, primo del actual presidente de la nación.
Cabe recordar que esa empresa había sido mencionada por Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, como una de las organizadoras de la cartelización de la obra pública. Con esta resolución, Bonadio aparta a la familia presidencial de la investigación.
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El otro gran beneficiado de este recorte es el grupo Techint, perteneciente a la familia Rocca. El patriarca de esa transnacional es el empresario más rico del país, con una fortuna estimada en más de 9.000 millones de dólares por la agencia Bloomberg.
Hace cerca de diez días, don Paolo había admitido el pago de coimas por parte de su compañía a funcionarios públicos para destrabar negociaciones en Venezuela. Sin embargo, pocos días después, el ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti implicó a la empresa en pagos ocurridos en 2005 y 2006. Gracias a los oficios de Bonadio, esta denuncia tampoco quedará dentro de la “investigación”.
Hace pocos días escribíamos sobre la relación indisoluble y estrecha entre capitalismo y corrupción. La ganancia capitalista es el motor esencial de la generalización de prácticas como el pago de coimas. Las explicaciones que pretendan hablar de "valores" como la "honestidad" o el "hacer las cosas bien" no son más que un mero engaño.
Cada vez más la derecha mediática y judicial hace lo posible por instalar un nuevo sentido común, que encierre en los límites de la corrupción el enorme robo a la sociedad que implican el conjunto de los negociados capitalistas.
Buscando evitar que el #CuadernoGate salpique a los empresarios en esa dirección, es que Bonadio y el gobierno trabajan día y noche.
Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
