A poco más de una semana de que Joaquín Guzmán Loera escapase del Altiplano, las autoridades mexicanas sólo han dado nuevas muestras de la corrupción y la colusión con el crimen organizado que prima en ellas. Estados Unidos está muy interesado en que continúe la subordinación de nuestro país.
Gabriel Bagundo México | @g_bagundo
Martes 21 de julio de 2015
La noche del sábado 11 escapó del penal de máxima seguridad Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”. El escape de este poderoso narcotraficante volvió a poner en tela de juicio a las instituciones mexicanas, que no solamente asesinan y desaparecen estudiantes normalistas, sino que también están coludidas con el narcotráfico en las más altas esferas del gobierno y las fuerzas armadas.
El Altiplano es uno de los penales de más alta seguridad en el país. Los luchadores sociales que han pisado ese lugar sostienen que es lo más parecido al infierno que uno pueda imaginar. Sin embargo, esto no fue así para El Chapo, quien con todas las facilidades del mundo logró escapar. Esto a pesar de la “permanente vigilancia” de la que era objeto.
La PGR, otra vez con una historia inverosímil
La nueva titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, que asumió el cargo en sustitución de Murillo Karam por la crisis de Ayotzinapa, ha puesto de nueva cuenta en tela de juicio a nivel internacional al Estado mexicano. Este domingo 19 volvió a visitar el penal ubicado en el Estado de México, pero sólo para seguir buscando más involucrados.
La fuga de El Chapo no pudo realizarse sin la complicidad de decenas de funcionarios de varias dependencias y en las más altas esferas. El Chapo salió por un túnel de más de 1.5 kilómetros. Esto fue posible porque nunca se le cambió de celda desde que ingresó (la Celda 20 de “Tratamientos Especiales”) y porque sus colaboradores tenían planos exactos de El Altiplano, según informaron distintos medios de comunicación.
Corrupción en todas las esferas
Sin embargo Valentín Cárdenas Lerma, director del penal, ya ha sido puesto en libertad. El viernes 17 julio fueron presentados ante un juez del Estado de México los siete funcionarios que fueron designados a la videovigilancia exclusiva de este narcotraficante, y de quienes se presume están involucrados.
Estos elementos están adscritos a la División de Inteligencia de la Policía Federal, que encabeza Ramón Eduardo Pequeño García, y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), por lo que se investigan otros nexos en estas instituciones. Cabe señalar que a Pequeño García lo designó directamente el Comisionado Nacional de Seguridad, Alejandro Monte Rubido.
Desde hace una semana, más de 9 mil agentes están destinados a la búsqueda de este narcotraficante. Sin embargo, parece que lo tratan de encontrar como lo agarraron: debajo de una tina de baño. Los encargados de la seguridad del país han declarado que se le busca en “hoteles y hospitales”. Buscan como si no supieran dónde encontrar, o mejor dicho, como si no quisieran encontrarlo.
Estados Unidos involucrado en las investigaciones
La estrategia de seguridad nacional con la que comenzó la “guerra contra el narcotráfico” fue diseñada en Estados Unidos, al ser el principal interesado en militarizar la región para poder garantizar mejor los grandes negocios de las trasnacionales. Han gastado miles de millones de dólares en la Iniciativa Mérida para armar y entrenar a la policía y el ejército en México y el de otras naciones. Ahora están muy involucrados en la investigación de El Chapo.
El medio Univisión sostiene que en la búsqueda de “El Chapo” se utiliza tecnología de punta como rastreadores satelitales, drones, interviniendo llamadas, etc., en una abierta ofensiva de la injerencia estadounidense en el país. Esta situación es abiertamente solapada por el gobierno de México que, frente a su propia incapacidad, acepta la ayuda del imperialismo norteamericano.
Incluso la DEA y el FBI pidieron al gobierno colombiano toda la información sobre los contactos del Chapo en aquel país, lo que refuerza la certeza de que tanto el gobierno mexicano como el estadounidense y de otros países conocen bien los contactos y los movimientos de los principales capos de la droga, pero no están dispuestos a realizar acciones que atenten contra el multimillonario negocio de las drogas, en el que muchos funcionarios salen bien favorecidos.
En cambio, en México han sido asesinadas más de 200 mil personas desde que comenzó esta guerra en el sexenio de Felipe Calderón, otras tantas decenas de miles han sido desplazadas y un número indeterminado se encuentran en calidad de desaparecidas. Mientras el gobierno continúa su entrega al imperialismo y juega a las escondidas con El Chapo, ésta es la verdadera trama que golpea la vida del pueblo trabajador que debe de terminar ya.
