Los abogados Karina Riquelme y Sebastián Saavedra habían presentado una acción legal en septiembre para denunciar seguimientos por parte de la fiscalía a través de la PDI.
Domingo 23 de octubre de 2016
Si bien el recurso de amparo fue rechazado, la Corte Suprema ordenó a la fiscalía y el Ministerio Público que no podía intervenir en el trabajo que llevan adelante los abogados y que debía respetar el libre ejercicio de la profesión, sin coartar el derecho a desempeñar sus funciones.
El fiscal regional Cristian Paredes, tuvo que reconocer los hechos e indicó que supuestamente hay denuncias que los abogados habrían pagado a testigos para defender a comuneros, lo que ha sido enfáticamente desmentido por los abogados, quienes señalan que se trata de “versiones inverosímiles y carentes de seriedad, entregadas por dos testigos protegidos o sin rostro”, lo que tendría como objetivo desacreditarlos.
Los abogados de comuneros mapuche habían denunciado que estaban siendo seguidos, indicando además que esta acusación que son “métodos que tiene por finalidad coartar la adecuada defensa técnica llevada a cabo e intimidar el desarrollo normal de un proceso penal de complejas características”.
El Instituto de Derechos Humanos se manifestó preocupado por los hechos señalando que se trata de una criminalización a la labor de abogados de derechos humanos.
Acá la declaración.
