Integrantes de la comunidad Lof Coronado - Inalef en Mallin Ahogado fueron atacados el domingo por un grupo de la fuerza represiva provincial. Villa murió de dos balazos y su hijo quedó gravemente herido. El gobernador Weretilnek defendió el accionar de los policías. La familia de Villa dio detalles en un comunicado
Miércoles 14 de agosto 19:46
Una nueva acción policial contra una comunidad mapuche concluyó en el asesinato de Juan Carlos Villa, el 11 de agosto, en el marco de un allanamiento. Es un crimen respaldado por el Gobierno local y con difamación mediática hacia la víctima. Se realizó con once policías irrumpiendo en el territorio, mientras quienes se encontraban allí, alrededor de cuatro personas, realizaban un fogón y compartían un asado.
Villa fue asesinado por dos disparos de la Policía de Río Negro, mientras intentaba proteger a su hijo -a quien perseguían-, interponiendo su cuerpo para resguardarlo. Según los efectivos, Villa portaba un arma blanca, que usó para amenazar a la Policía, mientras testigos declaran que se encontraba desarmado, cuando actuó en resguardo del hijo herido, de veinte años, quien recibió un disparo a la altura del tórax.
La comunidad del Lof Coronado - Inalef en Mallin Ahogado, no es la primera vez que sufre de amenazas, ataques policiales, destrucciones en su propiedad, violencia hacia las mujeres y niños, abusos a los derechos humanos de carácter racista con el objetivo de desalojarlos, perseguir a los pueblos mapuche, quedarse con las tierras ancestrales para negocios inmobiliarios.
Juan Carlos y su hijo pertenecen a la comunidad mapuche en conflicto, a quienes se viene persiguiendo hace años para expulsarlos de sus tierras. Sin embargo el ataque fue en el paraje Rinconada Inalef, otro territorio diferente al que se encuentra en conflicto, a una poca distancia entre sí.
Las zonas de la Comarca Andina vienen sufriendo un clima tenso, de preocupación, por la avanzada represiva que se da en esos territorios. Especialmente por la criminalización al pueblo mapuche, con asesinatos como el de Rafael Nahuel en 2017 y el de Elías Garay en 2021, y la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado en 2017, quien se encontraba acompañando la lucha de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, cuando se produjo la persecución llevada adelante por la entonces ministra de seguridad Patricia Bullrich (quien hoy está asumiendo nuevamente ese cargo).
Esto hace que se incrementen las posibilidades de una nueva profundización de los ataques hacia las comunidades, en el contexto de un gobierno que legitima los crímenes de lesa humanidad y el racismo contra los pueblos originarios. La presencia de Gendarmería por la zona profundiza la tensión de las comunidades, quienes ya vienen sufriendo la militarización y sus consecuencias.
En diversas ocasiones se llevaron adelante acuerpamientos en solidaridad por parte de la población hacia la comunidad mapuche Coronado-Inalef, a partir de la noticia de desalojos y amenazas que llegan al territorio.
Cabe destacar que el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilnek, del partido Juntos Somos Río Negro, respalda el crimen en manos de la Policía, asegurando que su accionar fue “en defensa propia”, lo cual fue desmentido por testigos.
La familia Villa compartió un comunicado en el que declaran: “Por parte de la presente, toda la familia Villa se pronuncia sobre la muerte de quien fue Juan Carlos Villa, hijo, tío, hermano y padre de los familiares, sintiendo en este momento un profundo dolor debido a la ejecución que fue realizada por la policía de Río Negro en desarrollo de un procedimiento de allanamiento mal realizado. La familia solicita a la comunidad y al gobernador que se contenga de comentarios difamatorios contra la familia y tengan la misma discreción que se les pide en este doloroso momento que se atraviesa”.
El territorio mapuche y sus comunidades vuelven a ser foco de ataques por parte de un sistema racista que vende las tierras y las explota para proyectos empresariales, inmobiliarios, con un gobierno que con leyes como el RIGI quiere darle aún más legitimidad al remate de los bienes naturales y la explotación de territorios comunitarios.
