OPINIÓN. Corte Suprema: un fallo a medias que complica a Macri

El vandorismo periodístico no pudo con la capacidad olfativa de la Corte Suprema de Justicia. Pese a la presión desbocada que se ejerció desde las corporaciones de medios oficialistas, la Corte no avaló el tarifazo de conjunto, aunque tampoco lo obstaculizó por completo. Al menos por ahora.

En un fallo unánime, el máximo tribunal ordenó frenar la suba de la tarifa del gas para los usuarios residenciales y determinó la obligación del Gobierno a realizar audiencias públicas antes de la aplicación de incrementos.

De esta forma, anuló los aumentos de gas para los usuarios residenciales y determinó que "es de cumplimiento obligatorio" el llamado a audiencias. Las tarifas deben retrotraerse al 31 de marzo, es decir, al día previo a que se apliquen los aumentos. Además, la resolución ordena mantener la tarifa social y solicita al Congreso nombrar al defensor del Pueblo de la Nación.

La Corte tomó una decisión a medio camino entre la anulación total del tarifazo al gas y un aval absoluto a lo actuado por el Gobierno. Un fallo a la medida de “Corea del centro”.

Los clientes residenciales explican alrededor del 30% del consumo, el tarifazo sigue vigente para el 70% restante (comercios e industrias). Sin embargo, en términos de cantidad de usuarios, los clientes residenciales representan el 95% del total del país. Los supremos toman una medida que beneficia a la mayoría de los usuarios directos y “terceriza” el ajuste que, en un marco inflacionario, comercios e industrias trasladarán a precios.

Esta diferenciación (entre residenciales y el resto) se hizo porque la Cámara de primera instancia de La Plata había dictado una sentencia con efectos generales para todo tipo de usuarios. El argumento técnico de la Corte para ubicarse en el extremo centro de su bonapartismo judicial fue que “deben existir intereses individuales homogéneos".

Contra las pretensiones del Gobierno, el fallo incluye la obligación de audiencias públicas para la determinación del precio de “boca de pozo”, ya que según explicaron los jueces hoy está fuertemente regulado por la intervención estatal y no determinado por el mercado. El de “boca de pozo” representa al 70% del precio total del gas. En esto dejan abierta la puerta: si el precio comienza a regirse por el "libre" juego de la oferta y la demanda, no serán necesarias audiencias públicas.

La Corte también declaró que “no es válido fundarse en una audiencia del año 2005 para una decisión que se adopta en el año 2016, ni una medida transitoria hasta tanto se celebre una audiencia”. Dos excusas que había dado el oficialismo para fundamentar su negativa a llamar a audiencias.

Pero si el revés para el Gobierno es a medias y relativo en el terreno económico (podrán aplicar los aumentos posaudiencias), es mayor en el político. La Corte Suprema le puso un límite “por izquierda” al Gobierno y volvió a dejar en evidencia su peor imagen: es el gobierno de los ricos. Además, el fallo tiene argumentos que arruinan su prestigio de administración de “técnicos” que supuestamente saben como se resuelven las cosas.

Las audiencias aumentarán de volumen político y social, y tendrán una relevancia mayor en medio del pantano en el que se metió el oficialismo.

El mercado respondió con un inmediato mensaje pesimista: minutos después de conocido el fallo comenzó un desplome de las acciones de empresas energéticas.

La semana que viene sube a la Corte un pedido de suspensión vía una medida cautelar por tres meses del aumento de la luz en toda la provincia de Buenos Aires.

La decisión sobre el gas fue la primera, aunque no la última en manos de la máxima autoridad de la institución judicial: un territorio vidrioso donde hoy se manifiesta, no exenta de agudas distorsiones, la empecinada relación de fuerzas que Macri aún no ha podido modificar.