El ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, anunció que desde el ejecutivo pondran freno al proyecto de ley que prohíbe el corte del suministro de servicios básicos (luz, agua, telefonía, internet y gas). Una vez más el gobierno busca defender las ganancias de los empresarios por sobre el bienestar de la población.
Francisco Flores Cobo Egresado/Gradista de Derecho U. de Chile
Miércoles 8 de julio de 2020
Para nadie es novedad que el país está sumido en una crisis sanitaria y económica de proporciones históricas. Pero lo que no deja de sorprender es el nivel de indolencia que mantiene el gobierno frente a las calamidades y la pobreza a la que se vieron arrojados miles de personas al ser despedidas, suspendidas o sin posibilidad de salir de sus hogares para generar algún tipo de sustento.
El gobierno hace oídos sordos a una nueva realidad marcada por el empobrecimiento de miles, y se esmera por proteger a toda costa el negocio de grandes empresas como Enel o Aguas Andinas.
No por nada en la encuesta “Barómetro del Trabajo” de MORI Chile y la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) realizada en el Gran Santiago, el 73% cree que el Gobierno está más preocupado por los empresarios que por los trabajadores y el 86% cree que “se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio”.
Esta realidad ha generado roces incluso al interior de la coalición de gobierno, que ya se venía manifestando con la carta emanada por 42 alcaldes de Chile Vamos donde solicitaban al presidente no hacer uso del veto sobre la nombrada ley.
Estos desacuerdos en el oficialismo se han visto profundizados por las criticas de parlamentarios tanto de RN como de la UDI: “no son muchos los que van a apoyar ese veto. Yo no lo voy a aprobar”, manifestó el diputado Miguel Mellado (RN).
Y es que las políticas emanadas desde el Ejecutivo son tan miserables que incluso su propia coalición pone alarmas cuando se evidencia con descaro la preferencia del presidente por los intereses sus amigos empresarios.
Pero no nos confundamos, la principal critica de la derecha no se basa en que efectivamente no existan cortes de suministros de servicios básicos, su critica es sobre la forma en que se le pondrá freno a esta ley, puesto que para estos sectores, ahora críticos de Piñera, la forma correcta de enfrentar esta ley era a través del Tribunal Constitucional. “El gobierno debió haber ido al TC donde se ven los temas de constitucionalidad” señaló el diputado UDI Álvaro Carter.
En su conjunto la derecha no logra encontrar un proyecto común por el cual bregar en medio de la pandemia y la crisis económica, pero de ninguna forma el desorden y la debilidad de la derecha es garantía para el avance de medidas que vayan en favor del pueblo trabajador, para que esto ocurra, es necesario movilizarnos, organizarnos y hacer pesar con fuerza toda la rabia y el descontento acumulado.
En este sentido, un ejemplo a seguir es el Comité de Salud y Seguridad del Hospital Barros Luco, que viene organizando a trabajadores de la salud, organizaciones barriales, ollas comunes, organizaciones de mujeres y estudiantes, quienes bajo la consigna “Salud, Pan y Trabajo” vienen exigiendo a la CUT que rompa su tregua con el gobierno y convoque a un paro nacional de todos los servicios no esenciales, para luchar por el fin de los despidos y un salario de emergencia de $500.000, como pasos básicos para terminar con el hambre y la miseria que se expande por todo el país.
