La Plata. Corte en repudio al convenio que permite el ingreso de las fuerzas represivas a la UNLP

Este convenio firmado entre gallos y medianoche permite al menos a seis mil miembros del Servicio penitenciario Bonaerense, por primera vez en la historia, a ingresar a la UNLP con una licenciatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

En el marco de la radio abierta que se realizó Lucas Orellana, estudiante de derecho y referente de La Izquierda en Derecho, denunció que este convenio es un primer paso en que ingrese las fuerzas represivas a la universidad, realizado a espaldas de les estudiantes, docentes, no docentes y graduades y que la noticia llegó a través de los medios de comunicación, lo que viola claramente la autonomía universitaria.

Desde el gobierno provincial plantean como objetivo la supuesta profesionalización de la institución, la jerarquización de la labor y la resocialización de las personas privadas de libertad, pero en realidad, tanto la Policía Bonaerense y el servicio penitenciario bonaerense son brazos represivos del Estado, son el dispositivo de control y violencia por excelencia dentro de las cárceles y también fuera, en las calles, en los barrios. Basta considerar los datos alarmantes aportados por el Informe Anual 2019 de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en el que se relevaron 439 muertes y 2358 hechos de tortura y/o malos tratos en el ámbito del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.

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En ese sentido, la abogada del CeProDH Luz Santos Morón, en diálogo con La Izquierda Diario expresó “este acuerdo firmado con la universidad pública es un intento más de legitimar el accionar de las fuerzas represivas, ya lo hemos visto en la Universidad de Córdoba como un precedente. Estamos convencidos que el convenio con la universidad pública lejos de servir para terminar con prácticas de torturas en los lugares de encierro, con las condiciones inhumanas de detención, con los femicidios en manos de policías y penitenciarios, con el hostigamiento a los sectores populares y la represión al pueblo, los reforzará.”

Los hechos confirman que las fuerzas represivas son enemigas de les estudiantes y la defensa de la universidad pública. Maine García, miembro de HIJAS La Plata- Ensenada y militante del PTS, manifestó de manera contundente que “el genocidio de clase que se llevó a cabo en Argentina dejó claramente demostrado para qué son las fuerzas represivas del Estado y ese ro, así como ayer quedó claro con el genocidio, hoy queda claro con la persecución a les estudiantes de Córdoba, con la desaparición y asesinato de Facundo y los 411 casos de asesinatos a manos de las fuerzas represivas”.

Reafirmaron la lucha por la absolución de los 27 estudiantes de la Universidad de Córdoba que son perseguidos y judicializados por luchar en las tomas del 2018 en defensa de la educación pública, para que no se consolide un gravísimo precedente contra la organización y movilización estudiantil.

En un contexto donde miles de estudiantes están quedando fuera de la educación por la crisis agravada por la pandemia y el ajuste en la universidad, exigieron que el presupuesto universitario se destine a garantizar las necesidades de docentes y estudiantes, y no a fortalecer a las fuerzas represivas.

Lucas Orellana al finalizar exigió que el Centro de Estudiantes pronuncie su rechazo y que las autoridades den a conocer el contenido del acuerdo, asimismo llamó a redoblar la organización y la lucha para tirar abajo este convenio nefasto.