CATALUNYA REFERÉNDUM. Coscubiela, el héroe eurocomunista de los constitucionalistas

Joan Coscubiela se ha convertido en el “héroe” de los constitucionalistas en el Parlament. En los dos tensos plenos de esta semana el jefe del grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot, se destacó por ser uno de los más contundentes defensores del orden constitucional del 78.

Una parte de sus intervenciones buscaron deslegitimar como antidemocrático el procedimiento “exprés” votado por JxSí y la CUP. A cambio, el "garantista" Coscubiela, junto al PP, el PSC y Cs, defendía los procedimientos ordinarios como garantía de los “derechos de los diputados”. Lo cierto es que las garantías defendidas por este histórico dirigente del PSUC e ICV, lo que garantizaban era que el Tribunal Constitucional pudiera prohibir por su procedimiento ordinario la tramitación, el debate y la votación de las leyes de Referéndum y Transitoriedad.

La otra parte de sus palabras, más de fondo, estuvieron dedicadas a denunciar la convocatoria del referéndum del 1O como un golpe antidemocrático al no respetar la Constitución del 78. En su opinión, y la de su grupo, una consulta de este tipo solo se podría apoyar si se ajusta al derecho emanado de la Carta Magna hija de la Transición. Una opción que fue repetida y reforzada por el mismo Alberto Garzón en twitter el día de debate de la Ley de Referéndum.

En @iunida no apoyaremos la ley del referendum que se votará hoy en el parlamento catalán. Defendemos el derecho a decidir con garantías.

— Alberto Garzón (@agarzon) 6 de septiembre de 2017

Su momento estrella llegó en el pleno del jueves. Un Coscubiela exaltado en su éxtasis constitucional proclamó: "Estoy aquí porque mis padres me enseñaron a luchar por mis derechos. No quiero que mi hijo Daniel viva en un país donde la mayoría pueda tapar los derechos de los que no piensan como ella". Pero Coscubiela no tiene tanto problema con la España heredera de la Transición, esa en la que gobierno central, Corona y jueces niegan al pueblo catalán el derecho democrático elemental a decidir su relación con el resto del Estado. En la que una minoría tapa sistemáticamente los derechos todo un pueblo.

Esta proclama le valió el aplauso encendido de los diputados del PP, Cs y PSC, junto a una parte de su grupo parlamentario -los diputados de Podem no quisieron ser parte de esta rancia “unión de los constitucionalistas”-, a los que le siguieron unos cantos de “¡democracia!, ¡democracia!”.

La posición de Coscubiela y Garzón sobre el derecho a decidir de las y los catalanes abandona la ambigüedad calculada cuando los procesos políticos se van, digamos, concretando. Hoy bien podrían sintetizar su posición en el siguiente diálogo: “¡Catalanes!, ¡Catalanas! Nosotros defendemos el derecho a decidir. Siempre y cuando, primero lo acepten el PP y el PSOE, y por si acaso la Corona. Sea aprobada después una reforma constitucional con 2/3 de las Cortes, otros 2/3 del Senado y en referéndum en todo el Estado. Es decir, ajustada al derecho vigente y con garantías”. Una interpretación del derecho de autodeterminación cuanto menos algo “sui generis”, por no decir una auténtica impostura.

A muchos votantes y simpatizantes de IU o CSQEP quizá les haya sorprendido esta posición “más constitucionalista que la Constitución”. Pero lo cierto es que no hay nada nuevo bajo el sol. La posición que hemos visto estos días en el Parlament, que es sobre todo la de ICV y EUiA, es la posición histórica del eurocomunismo del PCE y el PSUC. La de aquellos que hace más de cuarenta años apostaron decididamente por integrarse como pata izquierda del Régimen nacido de la Transición, erigiéndose como defensores -aún con declaraciones republicanas o autodeterministas “los días de fiesta”- de sus premisas fundamentales y sus “reglas del juego”. Sus herederos políticos en Catalunya hacen honor a sus padres y abuelos.

En julio de 1974 Santiago Carrillo presentaba en Paris la Junta Democrática, el primer agrupamiento impulsado por el PCE para presionar a la Dictadura y que aceptara un proceso de negociación. Ya en esos momentos y como muestra de que no se pretendía cuestionar los pilares fundamentales del capitalismo español y su Estado, dejaron por fuera de su programa, entre otras muchas demandas democráticas y ni que decir de las sociales, el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Pero el periodo en que el eurocomunismo del PCE y el PSUC pudo desplegar todas sus velas sería de 1976 en adelante. A la vez que se controlaba y calmaba “la calle”, las direcciones de ambos partidos se embarcaron en la negociación con el gobierno Suárez para acabar firmando en 1977 un plan de ajuste histórico, los Pactos de la Moncloa, con el que se descargó la crisis de los 70 sobre los hombros de la clase obrera, y un año más tarde la redacción y aprobación de la Constitución fundacional del nuevo régimen. Antes, para ser admitido en la “mesa”, Carrillo tuvo que aceptar públicamente la Corona, la rojigualda y la indisoluble unidad de España.

El eurocomunismo se presentaba así como el flanco izquierdo de la restauración del Estado capitalista después de la crisis de la Dictadura. Las familias de siempre no podían seguir gobernando como hasta ahora, ellas necesitaban un nuevo régimen más legitimado y el PCE y el PSUC aceptaron gustosos el rol de padrinos del nuevo orden, a cambio de prestar sus servicios en la pacificación de fábricas, barrios y facultades.

En el proceso de elaboración de la Constitución, Carrillo por el PCE o Solé Tura por el PSUC tuvieron un papel fundamental, codo a codo con el catalanista Roca o el franquista Fraga entre otros. Pero hubo más padres de la Carta Magna que los oficiales. El artículo 2, el que hoy impide cualquier referéndum con “garantías” como las que piden Garzón y Coscubiela, fue íntegramente redactado por la Junta de Jefes del Estado Mayor. Un puñado de generales golpistas que habían iniciado su carrera en la guerra civil redactaron aquello de “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles...”.

Para poder desviar las hondas aspiraciones democráticas nacionales que se venían expresando, sobre todo en Euskal Herria y en menor medida Catalunya, se añadió lo de “...y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. La fórmula en la que se fundamentó, ya en la década de los 80, el Estado de Autonomías, en el que se intercambiaba descentralización administrativa y respeto a los derechos lingüísticos y culturales, por la renuncia definitiva al derecho de autodeterminación. Este quedaba encerrado bajo siete llaves con el acuerdo de la naciente Convergencia, el PSOE -que en sus años de “fiebre” setentista llegó a defenderlo-, el PCE y el PSUC.

Coscubiela por aquel entonces era un joven militante del PSUC. En democracia hizo carrera en el seno del nuevo régimen. No solo como diputado en las Cortes o el Parlament. La mayor parte de su trayectoria la realizó en el seno de CCOO, en donde ocupó la secretaria general de esta central en Catalunya entre 1995 y 2008. Una época sin duda “gloriosa” para el sindicato, cuando éste firmó las reformas laborales del PP que generalizaron la precariedad laboral, el Pacto de Toledo contra las pensiones o el apoyo cerrado al gobierno Zapatero, incluido el primer rescate bancario de 2008.

Este viernes Coscubiela hacía pública su decisión de dejar la primera línea política cuando acabe la legislatura catalana. Acabará así una extensa hoja de servicio a los pies del Régimen que sus “padres” políticos ayudaron a forjar. El Régimen nacido del acuerdo entre la Dictadura y las direcciones socialdemócratas y eurocomunistas del movimiento obrero. Aquel acuerdo que, entre otras muchas demandas, dejo encajonado bajo candado el derecho a decidir de los pueblos. Ese derecho que no es posible efectivizarlo si no es sin ajustarse a la legalidad vigente que lo prohíbe explícitamente y a la que los herederos de Carrillo y Solé Turá salen a defender codo a codo con los herederos de González, Fraga y Suárez.