El jueves 16 de enero fue votado en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 21.049, que busca dificultar las huelgas y movilizaciones de la clase trabajadora.
Sábado 18 de enero de 2020
El proyecto fue presentado por Liberación Nacional y apoyado por el gobierno de Carlos Alvarado. La clase trabajadora recibió dicha aprobación como una provocación que ha incentivado su voluntad de pelear contra el gobierno y la clase política-económica dominante.
De parte del gobierno y diputados nacionales este proyecto es una respuesta evidente a la huelga general del 2018 contra el ajuste del FMI, cuando quedó manifestado el enorme poder de la clase trabajadora movilizada. Sin embargo esta respuesta es menor a la fuerza demostrada por la propia clase trabajadora en 2018 y además los puntos más extremos de la propuesta original, que incluía la posibilidad de disolución de sindicatos por ejemplo, fueron retiradas en el proceso de aprobación de la ley. Se aprobó la eliminación del salario a partir del primer día de huelga así como límites de días a las huelgas políticas, entre otras.
En retrospectiva, la huelga general del 2018 en Costa Rica fue uno de los picos iniciales de un proceso internacional de lucha de clases cuyos epicentros están hoy en Francia y Chile, pero que han recorrido el mundo entero, como en Ecuador, Bolivia, India, Estados Unidos, Hong Kong, por mencionar algunos países.
Es que las políticas de austeridad dictadas por los organismos financieros internacionales empujan la vida de la clase trabajadora a una gran incertidumbre, mientras las ganancias de los empresarios son garantizadas por los gobiernos de turno.
La huelga contra la Reforma Fiscal en el 2018 marcó un parteaguas en la vida política cotidiana del país, preparando las condiciones para importantes movilizaciones y protestas a lo largo de todo el 2019. Desde la rebelión estudiantil a mediados de julio del 2019, hasta los procesos de toma de facultades y cortes de ruta en la pelea por el presupuesto de las universidades públicas del segundo semestre del 2019, tomaron como referente la demostración de fuerza que la clase trabajadora dio por más de 90 días.
La influencia de la huelga también resonó dentro de las oficinas de los altos jerarcas del Estado, las cámaras empresariales y en general de los defensores férreos de los intereses del gran empresariado. El proyecto de Ley 21.049, presentado en septiembre del año pasado y aprobado en días pasados, establece una serie de limitaciones importantes al derecho a huelga en la jurisdicción costarricense, prestando a los patronos una serie de herramientas represivas para poder aniquilar movimientos de huelga como los mencionados, en un contexto en que la precarización está a la orden del día y el desempleo juvenil aumenta a la par de las denuncias del empeoramiento de las condiciones de trabajo de miles de personas.
Lo que dice la clase trabajadora y la izquierda
Hay que tener claro que esta votación demuestra cual es la verdadera voluntad política y contra los trabajadores que impera dentro del parlamento y del gobierno de Carlos Alvarado, con Patricia Mora del Frente Amplio como integrante del Ejecutivo. Pero esta votación no resuelve la situación política en la que se encuentra el gobierno de Carlos Alvarado, frente a una clase trabajadora que ha ido, poco a poco, demostrando su capacidad de fuego.
En ese sentido, referentes sindicales y de izquierda, así como trabajadoras de base han emitido criterios al respecto de la votación.
Luis Chavarría, secretario general de UNDECA, uno de los más fuertes sindicatos del país, del sector salud, comentó a La Izquierda Diario que “la clase política y empresarial busca enterrar las libertades democráticas, prácticamente quieren prohibir movilizarse” y “se promueve la persecusión y la represión, copiando a los gobiernos represores de Latinomerica” en referencia a Piñera en Chile y al golpe de Estado en Bolivia. Finalmente “es una manera de reprimir las huelgas de los últimos años y las movilizaciones de jóvenes, por defensa del agua y otras”.
Una trabajadora precarizada del sector salud, que prefirió mantener el anonimato, señaló que “esto es la pura burguesía, aquí están tratando de que agachemos la cabeza y hagamos lo que una minoría quiere y las cosas no son así, seguir haciendo huelgas es beneficioso para todos” y “aquí no estamos personas llenas de miedo, eso no es así”.
Otra trabajadora precarizada de la Universidad de Costa Rica señaló que las “direcciones sindicales no están llegando a las bases, por tanto como bases sindicales debemos tomar las decisiones y hacer un llamado para salir a la calle a pelear” y “no podemos dejar que una ley nos imponga qué podemos defender o no, no podemos permitir que nos callen ni nos pongan una ley mordaza”
Fernanda Quirós, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Filosofía de la UCR señaló que “es claro que esta votación busca evitar que la clase trabajadora demuestre su potencia en la calle, por eso la clase trabajadora debe organizarse mejor, para no repetir los errores de la huelga general y que sea la clase trabajadora democráticamente quien tome las decisiones de conducción”.
Stephanie Macluf, impulsora de LID Costa Rica, también comentó “Esto demuestra el enorme miedo que tiene la clase dominante a las movilizaciones callejeras de la clase trabajadora, por eso así debemos luchar, siguiendo el ejemplo de Chile y Ecuador”
En perspectiva, si bien es cierto de manera inmediata podría bajar el nivel de movilización como fruto de un aumento relativo del temor a las consecuencias, en la perspectiva a mediano plazo los conflictos entre las clases sociales tendrán a ser más agudos y por tanto los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y la clase trabajadora serán cada vez más violentas.
