El gobierno mantiene su plan de ajuste, pedido por el FMI, mientras una de las mayores movilizaciones en los últimos muestra el rechazo y la fuerza de una huelga nacional que está por entrar en su cuarta semana.
Jueves 27 de septiembre de 2018
El miércoles 26 se llevó adelante una acción unitaria de la clase trabajadora contra el ajuste del gobierno Carlos Alvarado y el FMI. Una marcha inmensa cubrió el Paseo Colón y la Avenida Segunda, con calles paralelas también abarrotadas. Sin duda alguna es una de las mayores movilizaciones en la historia del país, ya superando las grandes movilizaciones contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
El gobierno procura imponer el ajuste pues es un requisito del FMI para lograr otros préstamos, sin los cuales el gobierno central entraría en crisis de liquidez. Es decir, el gobierno quiere hacer pagar a la clase trabajadora un ajuste para seguir endeudando más al país. El rechazo por parte de los trabajadora ha sido masivo, con la que probablemente haya sido una de las huelgas más fuerte del país desde el 2000, cuando una huelga que se combinó con un estallido popular derrotó el proyecto de apertura de las telecomunicaciones y electricidad, o tal vez incluso desde 1934, cuando los trabajadores de la industria bananera realizaron una heroica huelga contra la United Fruit Company.
La movilización fue nacional, con grupos de trabajadores que llegaron desde distintos puntos del país hacia San José. La respuesta del gobierno consistió en impedir la llegada de autobuses a la capital, quitando las placas de circulación a los vehículos que traían pasajeros para la marcha, bajo la excusa de que venían a bloquear las calles, que está penado judicialmente.
El gobierno cae en este sentido en una gran contradicción, reprime las movilizaciones y marchas que bloquean las calles invocando una defensa la libertad de tránsito, pero una vez que esta libertad de tránsito es tomada por los trabajadores para ejercer su derecho a la protesta, entonces el gobierno pasa a impedir la libertad de tránsito de los huelguistas. La reacción amplia ha sido de rechazo y repudio y se ve al accionar del gobierno como el de regímenes abiertamente represivos, como el de Ortega en Nicaragua.
Este jueves 27 de setiembre, se espera que se retomen las negociaciones con las direcciones sindicales. Esas negociaciones han sido impedidas por comportamientos absurdos del gobierno, como levantarse de la mesa de negociación porque no había aire acondicionado en la sala. Sin embargo, todo parece indicar que hasta que no haya un vencedor y un vencido no será posible llegar a acuerdo alguno, pues la gran mayoría de los trabajadores rechaza abiertamente el ajuste y el gobierno es capaz de todo por imponerlo.
En esta combinación de enfrentamiento político y amplísima movilización callejera, hemos entrado en un escenario nuevo para las “formas” políticas de la sociedad costarricense, dentro de las cuales se abren muchas posibilidades. Ante la insistencia del gobierno por imponer su plan y el rechazo callejero al mismo, no está claro cuál sea el rol de la Asamblea Legislativa, que al ser unicameral, tiende a sentir la presión de las protestas de mayor manera que el Ejecutivo, por lo cual existe la posibilidad de que la Reforma no sea aprobada en la Legislativa. Otra posibilidad es que el gobierno asuma posiciones más represivas, pero en la coyuntura podría implicar que el país se salga de su control.
A esta coyuntura se le suma que el Banco Central anunció (la noche previa a la movilización) que comprará al Ministerio de Hacienda letras del tesoro por un monto de ¢498.000 millones (unos 86 millones de dólares) para que Hacienda pueda cubrir sus gastos básicos de gasto corriente como salarios, pensiones, etc. Esto da cuenta del serio problema de liquidez que afronta el gobierno central. Y en caso de que en tres meses, plazo de ley, el gobierno no pueda afrontar esa deuda, se abriría una situación dramática para las finanzas públicas.
Hay especulaciones de que esta política del gobierno es un mecanismo para forzar la Reforma. Sin embargo, al ser una política sumamente peligrosa, como mínimo también hay que señalar que impactará de forma negativa en la calificación de riesgo-país y en la estabilidad inflacionaria.
De conjunto, la perspectiva parece oscura para el gobierno desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, por la fuerte oposición que enfrenta en las calles el ajuste fondomonetarista.
Como un detalle durante la movilización, Eugenia María Goicoechea Rodríguez, ex esposa de Rodolfo Piza, Ministro de Presidencia, atropelló con su auto a cinco huelguistas debiendo ser hospitalizado uno de ellos, después de lo cual se dio a la fuga, siendo interceptada por la policía y por manifestantes unas cuadras después del atropello. El hecho es significativo ya que da cuenta de la actitud de las clases empresariales ante la huelga. El hecho también ha sido ampliamente repudiado por los huelguistas.
Otro elemento dado a conocer en las últimas horas ha sido la intervención de la Magistrada Julia Varela Araya, dando orientaciones a los jueces de la Sala de Trabajo para que declaren ilegal la huelga, algo que podría ser calificado como tráfico de influencias y prevaricato.
Estos son ejemplos de que el gobierno del PAC está intentando por todos los medios atacar a la huelga, que se mantiene muy fuerte y que se prepara para iniciar su cuarta semana.
