El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén firmó un convenio con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue para capacitar a quienes integran el Poder Judicial local en éstas problemáticas.
Miércoles 7 de septiembre de 2016
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Evaldo Moya, y la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, firmaron este lunes un convenio para trabajar en forma conjunta en actividades que tengan como objetivo la capacitación, difusión y la investigación sobre perspectiva de género.
El acuerdo vincula a la Oficina de la Mujer del Poder Judicial con el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad (CIEG) y entró en vigencia a partir de la firma. Su duración será por cuatro años los que podrán extenderse por el mismo período si ambas partes estuvieren interesadas.
Las actividades a desarrollar estarán dirigidas, por un lado, al personal del Poder Judicial en su conjunto, y por el otro, a los estudiantes de la carrera de posgrado en Estudios de las Mujeres y de Género que se dicta en la universidad. La coordinación y supervisión de este convenio será ejercido por la Dra. Nélida Bonaccorsi y la Dra. María Alejandra Minelli (directora honoraria y directora ejecutiva del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la facultad de humanidades de la UNCo) y por la Dra. María Soledad Gennari, responsable de la Oficina de la Mujer del Tribunal del Superior de Justicia de la provincia del Neuquén.
El vínculo con el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género y el Poder Judicial se potenció a partir de la creación de la Oficina de la Mujer en marzo pasado y tiene algunos antecedentes previos a la firma. Uno de ellos fue en marzo, durante la jornada en la que se capacitó a 53 replicadores del Poder Judicial para implementar los talleres sobre perspectiva de género. El otro ocurrió en abril, cuando Bonaccorsi y Carrario abrieron el ciclo de conferencias que organiza la Corte Suprema de la Nación y que une, vía internet, a todas las Cortes y Tribunales Superiores del país.
En tanto, Alejandra Boschetti, quien también es parte del CIEG y Coordinadora Académica de la Maestría en Estudios de las Mujeres y de Género, dijo: “Se procura que los/as agentes judiciales como la comunidad judicializada, destinatarios directos de este histórico convenio, puedan incorporar el enfoque de género en los fallos y en la práctica cotidiana de los agentes de la justicia. De esta manera, se aspira, a beneficiar a la sociedad en su totalidad, al fortalecimiento de las instituciones democráticas y a respetar el compromiso asumido por el Estado Argentino ante organismos internacionales de Derechos Humanos”.
Por su parte, los integrantes de los distintos dispositivos del poder ejecutivo y del propio judicial han manifestado que la firma del convenio en el actual estado de situación, resulta insuficiente. Ellos vienen pronunciándose desde hace mucho tiempo en relación a la asistencia y acompañamientos concretos en relación a las situaciones de violencia de género. Desde hace meses vienen denunciando el progresivo y sistemático vaciamiento de presupuesto y políticas públicas de los distintos dispositivos dependientes todos del Poder Ejecutivo Provincial, previstos por las Leyes 2302, 2785 y 2786, lo que lleva a la imposibilidad concreta de brindar los servicios necesarios adecuados e indispensables para brindar acompañamiento y asistencia y para los cuales fueron creados. Por tanto entienden que si bien la firma del convenio y la capacitación a quienes forman parte del poder judicial es un primer paso, pero es apenas una respuesta parcial a un problema que requiere una verdadera respuesta de fondo.
