Política. Crece el rechazo al protocolo “antipiquetes”

Fotografía: AleGonzalez

Este lunes, desde Tucumán, la ministra Patricia Bullrich salió a defender el protocolo y a pedirle “comprensión” a los gremios. Se trata de la frase que ensayan desde el gobierno nacional por estos días. Lo mismo dijo Marcos Peña a los gremios por los límites en la modificación al impuesto de Ganancias hace pocos días. Lo reiterado siempre es que la “comprensión” tiene que venir de los trabajadores, el pueblo y sus organizaciones. Para el gran empresariado todo se resuelve en escaso tiempo y por decreto.

Este lunes también estaba planteada a las 17 hs. la reunión entre el gobierno y la conducción de ATE. El primero iba a “informarle” como aplicaría el protocolo en el paro de mañana. Más tarde se conocerían las declaraciones del secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, afirmando que la marcha de mañana “no generará caos vehícular”. Por su parte, ATE a pesar de que rechazó formalmente el protocolo, fue a la sede gubernamental a presentar un escrito que entregó en mano a Milman, donde afirmaba que rechazaba el protocolo. Por la mañana, sectores opositores combativos de los estatales habían planteado públicamente que no había que convalidar la agenda del gobierno.

La noticia extravagante de la jornada fue el hecho de que el gobierno haya abierto una casilla de mail pública para “recibir opiniones y propuestas” sobre la norma represiva. Ignoramos qué harán si la misma se llena de mails rechazando el protocolo.

Mientras el gobierno se debate en estos dilemas, que demuestran el límite que existe a la represión de la protesta social, crece el repudio en diversos sectores.

Corralito a la libertad de expresión

Uno de los puntos más controversiales, señalados por los medios de comunicación es el artículo 3 que establece que "la participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento".

Al respecto distintos organismos que agrupan a medios de comunicación, como el "clarinista" Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) señalaron que "el texto es poco claro acerca del alcance de esta norma en relación al trabajo de los medios de comunicación, lo cual deja un amplio espacio librado a la aplicación de estas disposiciones, no establece qué podría ocurrir en caso de que un equipo de prensa no acate las órdenes coyunturales, ni determina quién las dispondría". A su vez, alertó que esto "podría significar un posible condicionamiento y un enfoque sesgado de las coberturas periodísticas si se obliga a medios a permanecer en un único espacio de trabajo"(…) Fopea considera que ninguna disposición debe violentar el derecho a informar libremente, según la visión que cada medio tenga del conflicto que se desarrolle", remarcó la organización.

Para el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) “el nuevo protocolo es un grave atentado a la libertad de prensa”. El mismo, en su segunda asamblea general, realizó un pronunciamiento votado por unanimidad de repudio al nuevo protocolo.

La Red de Carreras de Comunicación Social en Argentina (RedCom), reunido en Córdoba el 19 y 20 de febrero, se sumó también al rechazo y repudio al protocolo. Entre los aspectos destacados, señalan el importante rol de la prensa en la denuncia de abuso policial cometido en diversas movilizaciones populares. Según un comunicado: “La historia también nos ha dejado la lección de que muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores. Por citar un ejemplo: si la actividad periodística hubiera estado ’acorralada’ el 26 de junio de 2002, como pretende el Protocolo, no se hubieran conocido los responsables materiales de la llamada Masacre de Avellaneda. La prescripción de una ’zona de ubicación determinada’ para los trabajadores de la comunicación implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes.

El rechazo se extiende a los organismos de DDHH

Distintos organismos de derechos humanos de todo el país se han sumado al rechazo conjunto al nuevo protocolo. El Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS), encabezado por Horacio Verbitsky, quien a poco de conocerse, denunció que la medida "amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social". Al igual que el resto de los organismos que planteó su rechazo, señaló que el nuevo reglamento "no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones ni el uso de balas de goma para dispersar". A lo que agregó que "todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta".

En el sur del país, la Asociación Madres de Plaza de Mayo Neuquén y Alto Valle, la APDH, la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, el Ce.Pro.D.H., la Asociación Zainuco y el Grupo de Apoyo a Madres presentaron además en la Legislatura una nota manifestando su adhesión al proyecto presentado por el FIT y adelantaron que solicitarán al conjunto de los diputados su tratamiento y aprobación.
Junto a estas definiciones, está circulando una declaración que cosechó un importante rechazo al protocolo. La misma ya cuenta con las firmas de destacadas personalidades de los DDHH y la cultura como Osvaldo Bayer, Nora Cortiñas, María del Carmen Verdú, Elia Espen, entre muchos otros.

Entre otros adherentes al rechazo se encuentran también el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, que calificó la norma como un retroceso en lo que respecta a "tratar y trabajar frente a protestas sociales y reclamos legítimos de la ciudadanía". Magdalena Brocca, integrante del Observatorio, indicó que "lo más preocupante es que (con el protocolo) no es necesaria la orden de un juez para desalojar la calle, sino que la Policía puede actuar por sí misma" (...) Básicamente, las fuerzas de seguridad van a poder desalojar a las manifestaciones que se produzcan en las calles, sin orden judicial y con el sólo requisito de avisarles que se tienen que retirar y esperar entre 5 y 10 minutos antes de actuar". El secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Délfor Brizuela, fue otros de los que se sumó al rechazo al nuevo protocolo. Al respecto, señaló que “se establece de antemano que, sin importar la naturaleza del reclamo y el consenso que tenga en la sociedad, el Gobierno irá al choque con los manifestantes, quienes además serán enteramente responsables de las consecuencias”. El protocolo, subrayó, “no significa otra cosa que criminalizar la protesta”.

Desde el Frente Progresista (CC ARI), la senadora nacional de Rio Negro, Magdalena Odarda rechazó el protocolo ya que “cercena” el derecho a la protesta social. A su vez, señaló que “rechazaremos cualquier idea de reprimir la protesta social, de coartar el derecho a la expresión pública. El pueblo tiene derecho a peticionar a las autoridades llamando la atención de esta forma hacia situaciones que se consideran injustas”. La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA) fue otro de los sectores que se sumó al rechazo.

La Izquierda presenta proyecto en todas las legislaturas para repudiar el protocolo

La diputada nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman presentó la semana pasada una resolución para rechazar el protocolo contra la protesta social. El proyecto pide "rechazar y repudiar enérgicamente la Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación en la que se publica un Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”. A lo que agrega que el nuevo protocolo es “lisa y llanamente un cercenamiento y regimentación del derecho a la protesta, un avance de las atribuciones de las fuerzas de seguridad para reprimir cualquier manifestación social y hasta juzgar en forma sumaria a las personas por sobre cualquier decisión judicial, por lo tanto una mayor criminalización de la protesta en abierta oposición a derechos y garantías constitucionales y a Tratados internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional". Al día de hoy, el proyecto fue presentado en distintas dependencias acompañado por diversos organismos de derechos humanos.