El balance de la gestión de la crisis social, económica y sanitaria por parte de la coalición de gobierno “más progresista de la historia” es un enorme crecimiento de la pobreza y desocupación, mientras se rescata a las grandes empresas y otras hacen negocios milmillonarios.
Jueves 18 de febrero de 2021 00:36
Nos encontramos cerca del primer aniversario del inicio de la pandemia del Covid_19, los primeros contagios en España y de las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez del Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP) que han acabado perpetuando una crisis histórica en décadas.
Esta ha desatado una crisis sanitaria, después de décadas de recortes, con miles de muertos, pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos, falta de material sanitario para el personal de primera línea y una brutal subida de la mortandad sin precedentes de la comunidad de ancianos que vivía en las residencias geriátricas por la negligencia empresarial y la dejación de funciones. Todo esto, solo durante la primera oleada, después han venido la segunda y la tercera ola y ya se está hablando de una cuarta.
Pero además del desastre sanitario, esta crisis deja enormes consecuencias económicas y sociales que distan años luz del discurso del Gobierno de "no dejaremos a nadie atrás". Más pobreza, más parados, un poder adquisitivo menor de los salarios, mermado por la subida de los alquileres y el precio de servicios de primera necesidad como la luz, el gas y productos básicos como alimentos. Es decir la pérdida de capacidad adquisitiva de grandes capas de población, que tiene su contracara en el aumento de los beneficios de un puñado de grandes empresas y el salvataje por parte del Estado y los fondos europeos de otras que se vieron afectadas.
Los miles de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), es decir suspensiones o reducción de jornada laboral que pueden durar lo que dure la crisis de la empresa, la medida estrella pactada con patronal y los grandes sindicatos, que no hace más que retrasar algo que en un futuro próximo se convertirán en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), es decir despidos, a costa de un endeudamiento público sideral o las colas de desocupados/as que se ven desde avanzada la primera ola, son algunos de los indicadores del incremento de la pobreza.
De hecho, según el estudio Precios, Rentas del trabajo y Pobreza (de enero de 2021) del Gabinete Económico de la central obrera CCOO, las cifras de desempleo y hogares sin ingresos de origen contractual se han elevado hasta límites insospechables, más allá de iniciarse con la crisis de 2008. Cientos de miles de familias no perciben ingresos, ni cobran salarios, prestaciones o pensiones por desempleo.
En este marco, el ingreso mínimo vital, otra de las medidas estrella del gobierno del PSOE-UP no solo es insuficiente tanto por la cuantía como por la gente que podría beneficiarse del mismo, sino que no está llegando a los hogares.
Ya durante la primera ola de la pandemia, los hogares sin ingresos ascendieron meteóricamente a más de 640.000 familias, a pesar de ser el periodo con más medidas urgentes por parte del Gobierno. En plena tercera ola los números son calcados. Todo esto, además, sin tener en cuenta que aún hay más de 740.000 personas afectadas por los ERTE.
Pero es que tener trabajo tampoco es garantía de situarse por encima del umbral de la pobreza. El fenómeno de los “trabajadores pobres” de la mano de la flexibilidad laboral y la precariedad ya sitúan a una buena parte de quienes tienen un empleo por debajo del mínimo para subsistir.
Por otro lado, decenas de miles de autónomos y pequeños empresarios se ven empujados a la ruina, siendo víctimas de un proceso del que solo se benefician los grandes capitales, muchos de los cuales han duplicado sus beneficios. Y que fuerzas de la ultraderecha como Vox ocultan de forma servil agitando un discurso de odio contra la inmigración. Una fuerza política nostálgica del franquismo criada a la sombra del régimen posfranquista del 78 y producto del desengaño de los socialiberales y sus “regeneradores progres” y una izquierda tibia, acomplejada, que no hace pie entre la clase trabajadora.
La gestión de la pandemia por parte de los Gobiernos central y autonómicos, ha dejado tras un reguero de muertos, un enorme aumento de los niveles de pobreza, en tanto y en cuanto los recursos han sido destinados a cubrir las necesidades de los grandes empresarios y lobbies como las eléctricas o las comunicaciones; los grandes tenedores de inmuebles, la banca o las grandes compañías que cotizan en la bolsa del Ibex 35 que son quienes deciden en última instancia cómo se ha de resolver las crisis capitalista.
En este punto avanzado, las Comunidades Autónomas (provincias), como la Generalitat de Catalunya tienen la misma responsabilidad en cuanto a las medidas socio-económicas y sanitarias que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
No hay una salida progresiva para las mayorías sociales si no se tocan los intereses materiales de la minoría de privilegiados que sostiene este sistema. Sin la expropiación de los principales recursos esenciales, tanto económicos, financieros, naturales como de los servicios básicos para ponerlos al servicio de las necesidades sociales, seguirán haciendo que las crisis de este sistema se paguen con la penuria y el sufrimiento de las mayorías.
Hay que construir una izquierda, de clase, independiente de todos los partidos patronales, que pelee abiertamente y de forma consecuente por esta perspectiva.
