Miércoles 11 de febrero de 2015
A sólo una semana de la firma de “paz social” para el reciente conflicto en Cresta Roja, donde el ministro de Seguridad Alejandro Granados realizó reuniones con representantes del grupo empresario Rasic Hnos y dirigentes del STIA (Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación), los operarios de la planta II se encuentran expectantes del cobro de la media quincena que no aun no ha sido depositada.
La intervención del Alejandro Granados es un hecho sin precedentes históricos recientes, en el cual un Ministro de Seguridad apareció en el centro de la escena en un fuerte conflicto desatado con más 600 despidos en forma injustificada. El acta de “paz social” si bien deja sin efecto los telegramas de despidos, ataca fuertemente a los trabajadores que se encuentran por ART y con enfermedades laborales, amenazando con que “el que no trabaja no cobra”, en un claro planteo ilegal respecto de las licencias por enfermedad. Además, el acta habilita de esta forma futuros ataques de la empresa que tiene la ambición de aumentar sus ganancias a través de las exportaciones de pollos, reduciendo costos de producción y a costa de la salud de los trabajadores.
En tiempos en donde se agotan los aires progresistas del kirchnerismo y ante la supuesta candidatura del gobernador de la Provincia de Buenos Aires como presidenciable, el conflicto de Cresta Roja evidencia con que política desplegarán la sucesión gubernamental: Habilitar la cancha a los empresarios para atacar a los trabajadores. El “Sheriff” Granados, hombre de la primera línea de Daniel Scioli, quien pesa fuerte en la zona por su reciente mandato como Intendente del Partido de Ezeiza, maneja el poder con marcado estilo de los viejos barones del conurbano. Abundan los acuerdos con burocracias sindicales, los favores a empresarios, la militarización con la policía bonaerense de los barrios y las fábricas en conflicto (como sucedió en Cresta Roja en noviembre del año pasado) y la utilización de la Barra Brava de Tristán Suarez dirigida por su hijo Gastón Granados.
Es preocupante que la firma de la “paz social” cumpla su objetivo. Dicho acuerdo en boca de Granados llega para frenar los despidos, pero en realidad llega para mantener los constantes hostigamientos de la empresa, buscando culpar a los trabajadores que tomaron medidas por el pago del retroactivo de 2000 pesos adeudados, y da fundamentos que buscan dividir a los trabajadores. Además, pretende darle más control a la conducción del sindicato que es permanentemente cuestionada por sus afiliados por no llevar ningún reclamo hasta el final.
El acuerdo se da también en un marco donde aún no se sabe el futuro de los trabajadores que se encuentran con parte de enfermo o ART, -alrededor de 300-; lo que constituye un dato preocupante ya que las enfermedades laborales de la pollería generadas por los brutales ritmos de producción constituyen una verdadera "muerte lenta y silenciosa".
